Esta es la pregunta del millón y la que muchísimos conductores se hacen a diario: ¿Puedo conducir estando de baja laboral? No hay una respuesta categórica, porque todo depende del motivo de la baja, de las recomendaciones médicas e incluso de los medicamentos que puedas estar tomando. Como para todo en la vida, solo tenemos que utilizar el sentido común.

No hay ningún apartado concreto de la legislación laboral ni del Reglamento General de Circulación que autorice o prohíba conducir con la baja laboral. Sin embargo, tenemos que saber que estar de baja es sinónimo de tener una incapacidad laboral que nos impide realizar nuestra actividad. Puede ser por enfermedad común o por un accidente de trabajo, pero lo que nos permitirá saber si podemos o no conducir es la causa de la baja médica.

Esto es lo que dice la ley sobre las facultades necesarias para conducir

Si nos vamos al Reglamento General de Circulación, concretamente a los artículos 17 y 18, se establece que los conductores tienen que ser capaces de controlar en todo momento el vehículo y mantener la libertad de movimientos para garantizar su seguridad, la de los ocupantes del vehículo y el resto de usuarios de la vía.

No hace referencia a la baja médica en sí, pero nos da bastantes pistas. Si la enfermedad o dolencia que ha motivado la baja te impide mover alguna pierna o brazo, girar el cuello o mantener la concentración en la carretera, entonces tampoco podrás conducir. Precisamente por eso, se nos exige obtener un certificado psicotécnico al sacarnos el carnet y renovarlo cuando caduca.

Utiliza el sentido común

La mejor manera de acertar, como para todo en la vida, es utilizar el sentido común. Si estás de baja por haberte roto una pierna, un brazo o tener un esguince en el tobillo, es lógico que no vas a poder conducir. Ahora bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si estamos de baja por ansiedad, cervicalgia o lumbago? En esos casos, es el médico quien tiene siempre la última palabra.

Por ejemplo, la ansiedad es un transtorno que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y las personas que están de baja por este motivo, necesitan un informe positivo de un psicológo o psiquiatra para volver a trabajar y también para poder renovar el carnet de conducir.

Además, también hay que tener en cuenta que los medicamentos para la ansiedad o la depresión afectan a la capacidad de concentración, reacción y coordinación. Además, suelen tener muchísimos efectos secundarios incompatibles con la conducción, de ahí que aparezca un pictograma que informa de que no se puede conducir.

¿Y si estamos de baja por cervicalgia, lumbalgia o alguna afección de la espalda? Por ejemplo, la cervicalgia provoca dolor intenso de cuello, rigidez muscular y en los casos más graves, fuertes dolores de cabeza, vértigos o mareos. Lógicamente, no podrás conducir hasta que un médico lo autorice, y lo mismo con la lumbalgia. Además, tampoco es recomendable ponernos al volante si estamos tomando relajantes musculares.

Multa por conducir estando de baja laboral

Conducir estando de baja laboral no es que esté sancionado en sí, sino que puedes recibir una multa si el motivo de la baja es incompatible con la conducción, como ocurre en los casos anteriores. Si te pillan, la multa puede ser de hasta 6.000 euros.

Sin embargo, no debes evitar conducir solo por la multa, sino porque hay enfermedades, dolores y afecciones que son peligrosas para la seguridad. Por tanto, puedes sufrir un accidente grave o provocar una situación insegura con otros usuarios de la carretera.

Además, también tienes que saber que si sufres un accidente estando de baja laboral y no estás autorizado para conducir, lo más probable es que tu seguro no cubra los daños que provoques. En cualquier caso, viene especificado siempre en las cláusulas de la póliza.

En un esfuerzo por mejorar la seguridad y la regulación del transporte por carretera, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado sus controles con la implementación del nuevo ‘Paquete de Movilidad’. Esta normativa, impulsada por la Unión Europea, introduce cambios significativos que afectan a empresas de transporte y conductores profesionales.

Su principal objetivo es garantizar que todas las operaciones de transporte internacional cumplan con los estándares legales de la DGT, promoviendo así una mayor seguridad vial y eficiencia operativa en todo el continente.

Un mayor control sobre la documentación

Uno de los puntos clave del nuevo Paquete de Movilidad es la obligatoriedad de contar con una documentación en regla antes de cualquier desplazamiento internacional. Esta normativa refuerza la necesidad de que las empresas de transporte lleven un control exhaustivo de todos los documentos exigidos por la ley.

Las empresas de transporte deben asegurarse de que sus conductores porten documentos como la declaración de desplazamiento, la carta de porte y los registros del tacógrafo. La ausencia de estos puede derivar en sanciones severas que van desde multas económicas hasta la inhabilitación temporal de la actividad. Además, la falta de documentación puede generar retrasos en los trayectos y complicaciones adicionales en los controles de carretera.

El registro europeo de empresas de transporte

Para garantizar el cumplimiento normativo, la Unión Europea ha actualizado el Registro Europeo de Empresas de Transporte por Carretera (ERRU). Esta base de datos se ha convertido en una herramienta clave para asegurar la trazabilidad de todas las operaciones de transporte internacional.

Este sistema permite a los Estados miembros mantener un registro actualizado sobre la gestión y operaciones de las empresas de transporte, facilitando la identificación de posibles infracciones. Además, se ha integrado con el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) para permitir un intercambio de datos eficiente entre países. Gracias a esta interconexión, cualquier empresa sancionada en un país puede ser identificada en otro, evitando así la impunidad y promoviendo una mayor transparencia en el sector.

Controles en carretera más estrictos

Los conductores de transporte internacional estarán sujetos a controles más rigurosos en carretera. Durante estas inspecciones, las autoridades verificarán que toda la documentación esté en orden y que se respeten las normativas del sector. Estos controles buscan garantizar que los conductores no excedan los tiempos de conducción y descanso establecidos, lo que ayuda a reducir la fatiga y los riesgos de accidentes.

La DGT, en colaboración con otros organismos europeos, buscará garantizar que los desplazamientos sean seguros y dentro del marco legal. En caso de incumplimiento, las sanciones de la DGT pueden incluir restricciones a la operativa de la empresa y penalizaciones económicas. Además, los conductores podrían enfrentarse a la inmovilización del vehículo hasta que la documentación sea regularizada, lo que generaría pérdidas económicas y retrasos en la entrega de mercancías. Así es la DGT…

Herramientas para facilitar el cumplimiento

Para ayudar a las empresas de transporte a adaptarse a estas nuevas regulaciones, se han desarrollado herramientas como las guías de VDO, disponibles en tacografointeligente.com. Estas guías ofrecen información práctica y detallada sobre cómo cumplir con la normativa vigente de manera eficaz.

Estas guías incluyen información detallada sobre cómo evitar sanciones y optimizar la gestión de flotas mediante el uso de tecnologías como VDO Fleet, que facilita el seguimiento y la organización de la documentación necesaria. Gracias a estos recursos, las empresas pueden reducir el riesgo de incumplimiento y mejorar la eficiencia en la gestión de sus operaciones.

Impacto en la industria del transporte

El nuevo Paquete de Movilidad no solo busca mejorar la seguridad en carretera, sino también estandarizar los requisitos dentro de la Unión Europea. Esta armonización de normativas permite que las empresas de transporte operen con mayor facilidad en distintos países sin enfrentar diferencias regulatorias significativas.

Las empresas que cumplan con estas normativas podrán operar con mayor transparencia y eficiencia, evitando problemas legales y asegurando mejores condiciones para sus conductores. No obstante, el reto sigue siendo la adaptación a estas nuevas exigencias y la gestión adecuada de la documentación. La inversión en formación y tecnología será clave para garantizar el éxito en esta transición.

A largo plazo, se espera que la implementación de estas medidas contribuya a una mayor seguridad vial y a la reducción de accidentes relacionados con el transporte de mercancías. La DGT seguirá supervisando y reforzando los controles para garantizar que las empresas cumplan con la normativa, promoviendo así un entorno de transporte más seguro y eficiente para todos los usuarios de la carretera.

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para todos los propietarios de vehículos en España. Su objetivo principal es garantizar que los automóviles, motocicletas y otros medios de transporte cumplan con los estándares de seguridad y emisiones establecidos por la legislación vigente.

Sin embargo, el coste de esta inspección varía significativamente según la comunidad autónoma, presentando diferencias de hasta un 210% entre regiones. Estas disparidades se deben a factores como la gestión autonómica de las estaciones de ITV, la competencia entre centros privados y públicos, y las políticas específicas de cada territorio.

Comunidades con las ITV más económicas

En 2025, algunas comunidades autónomas destacan por ofrecer tarifas más asequibles para la ITV. Según un estudio reciente, Baleares se posiciona como la región con el precio más bajo para turismos de gasolina, con una tarifa media de 17,01 euros. Le sigue Andalucía, donde los vehículos de gasolina con menos de 1.600 centímetros cúbicos enfrentan un coste medio de 29,10 euros.

Extremadura también se encuentra entre las más económicas, con una tarifa de 29,15 euros para coches de gasolina. En el caso de los vehículos diésel, Extremadura lidera con el precio más bajo, estableciendo una tarifa de 29,25 euros. Baleares sigue con un coste medio de 30,92 euros, mientras que Andalucía ofrece la inspección por 34,21 euros. Estas diferencias reflejan las políticas autonómicas orientadas a facilitar el acceso a la ITV y promover la seguridad vial.

Regiones con las ITV más costosas

Por otro lado, ciertas comunidades presentan tarifas más elevadas para la ITV en 2025. El País Vasco encabeza la lista para turismos de gasolina, con un precio medio de 52,68 euros. Madrid le sigue de cerca, con una tarifa de 52,50 euros, y Ceuta se posiciona en tercer lugar, con 50,14 euros. En cuanto a los vehículos diésel, Madrid se sitúa a la cabeza con un coste medio de 66,02 euros. Ceuta nuevamente aparece en segundo lugar, con 59,48 euros, seguida de Cantabria, donde la tarifa promedio es de 55,24 euros. Estas cifras pueden atribuirse a factores como los costos operativos de los centros de inspección, la demanda de servicios y las políticas fiscales de cada comunidad.

Factores que influyen en las diferencias de precios

Las variaciones en las tarifas de la ITV entre comunidades autónomas se deben a múltiples factores. La gestión del servicio es uno de ellos; mientras algunas regiones optan por una administración pública directa, otras delegan en empresas privadas, lo que puede influir en los costos finales. Además, las políticas fiscales y las subvenciones locales juegan un papel crucial. Por ejemplo, en años anteriores, Extremadura aplicó una bonificación del 50% en sus tarifas, aunque esta no se ha renovado para 2025, retornando a los precios de 2022. La competencia entre estaciones de ITV dentro de una misma comunidad también puede afectar los precios, incentivando ofertas y promociones para atraer a más usuarios.

Importancia de la ITV y consecuencias de no realizarla

Más allá de las diferencias económicas, es fundamental comprender la importancia de cumplir con la ITV. Esta inspección asegura que los vehículos circulen en condiciones óptimas, minimizando riesgos de accidentes y reduciendo emisiones contaminantes. No realizar la ITV en el plazo establecido puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre 200 y 500 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, en caso de accidente, las aseguradoras podrían negarse a cubrir los daños si el vehículo no tiene la ITV vigente. Por lo tanto, mantener esta inspección al día es esencial tanto para la seguridad personal como para evitar repercusiones legales y financieras.

Recomendaciones para los conductores

Dada la variabilidad en los precios y la obligatoriedad de la ITV, se aconseja a los conductores:

• Informarse previamente: Consultar las tarifas vigentes en su comunidad autónoma y, si es posible, en regiones cercanas donde el coste pueda ser más bajo.
• Planificar con antelación: Solicitar cita previa en las estaciones de ITV para evitar esperas prolongadas y posibles sanciones por retrasos.
• Preparar el vehículo: Realizar una revisión básica antes de la inspección, asegurándose de que elementos como luces, frenos y neumáticos estén en buen estado.
• Conservar los documentos: Llevar toda la documentación necesaria, como el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica del vehículo.

Siguiendo estas recomendaciones, los conductores pueden facilitar el proceso de la ITV, garantizar su seguridad y, en algunos casos, ahorrar en el coste de la inspección.

Hay una autopista en España que podríamos bautizar como la carretera de los tornillos, porque lleva meses provocando pinchazos. Pero lo curioso es que no es la única, porque hay otra carretera en Burgos en la que se han encontrado entre seis y siete kilos de tornillos. ¿Cómo puede ser?

La realidad es que la Guardia Civil no lo sabe, ni en una carretera ni en la otra autopista, pero está investigando lo ocurrido. Entre las hipótesis: que alguien los haya tirado aposta o que algún vehículo de transporte haya perdido la carga. Si se confirma la primera sospecha, los responsables se enfrentarían a una multa por atentar contra la seguridad vial y hasta a varios años de cárcel.

La Guardia Civil encuentra kilos de tornillos en una carretera de Burgos

El primer caso surrealista de tornillos en nuestras carreteras comenzó en Burgos, concretamente en la BU-800 que une la ciudad de Burgos con Cardeñadijo, Carcedo de Burgos y Cerdeñajimeno. Durante varios meses, muchísimos coches reportaron pinchazos al circular, y los talleres y estaciones de servicio de la zona dieron constancia de ello.

Finalmente, la Guardia Civil decidió investigarlo y encontraron entre seis y siete kilos de tornillos en la carretera BU-800. El motivo todavía no está confirmado, porque la investigación sigue su curso, pero todo apunta a que se ha tratado de un acto vandálico.

Hay vecinos que apuntan que se debe a la molestia de algunos conductores por unas obras que habían comenzado hace algunas semanas. Ahora mismo, la Guardia Civil también se inclina porque alguien se ha encargado de depositar los tornillos en la carretera, pero aún no está confirmado. Lo que sí es cierto es que ha obligado a muchos conductores a buscar rutas alternativas para evitar sufrir estos pinchazos.

El caso se repite en la AP-68

Apenas unas semanas después de lo ocurrido en la carretera de los tornillos en Burgos, ha aparecido otra situación parecida, esta vez en la autopista AP-68, en un tramo entre Logroño y Haro. La situación es idéntica: se han encontrado tornillos de rosca chapa con una longitud de varios centímetros.

Lógicamente, han provocado pinchazos en muchos vehículos, y encima estaban colocados en tramos estratégicos y precisamente en los más peligrosos de esa carretera. La situación ha indignado más si cabe a los usuarios, porque la AP-68 es una autopista de pago y, de hecho, es una de las más caras de España, así que debería tener cierto mantenimiento. Recorrerla entera, de Bilbao a Logroño, nos cuesta unos 17 euros. Eso sí, todo apunta a que será gratuita a partir de finales de 2026, que es cuando termina la concesión.

La Guardia Civil también está investigando lo ocurrido, aunque en este caso están todas las hipótesis sobre la mesa. Puede tratarse de un acto intencionado, como apunta en Burgos, o de algún vehículo de mercancías que haya perdido su carga.

Consecuencias de pinchar un neumático en carretera

Los pinchazos son una de las situaciones de peligro más complicadas a las que nos podemos enfrentar en carretera. Lo peor es que ocurren de manera inesperada, así que no saber cómo reaccionar nos puede costar caro. Y mucho más si ocurre con niebla (por ejemplo, en el tramo de la AP-68 es muy frecuenta en esta época del año), lluvia o con hielo en el asfalto.

El neumático pierde presión de aire en cuestión de segundos, así que la dirección, la estabilidad y los frenos dejan de funcionar como deberían. Por tanto, se multiplica el riesgo de sufrir un accidente grave. Lo recomendable es que mantengas la calma, evites hacer cualquier movimiento brusco e intentes detener el coche poco a poco y estacionarlo en una zona segura.

Precisamente por la peligrosidad que supone, la Guardia Civil ya investiga lo ocurrido con los tornillos en las dos carreteras. Si se confirma que ha sido intencionado y localizan a los culpables, lo más probable es que reciban una multa por un delito contra la seguridad vial y hasta una pena de varios años de cárcel.

Hace unos días, hasta siete radares españoles aparecieron destrozados y la DGT todavía sigue buscando a sus autores. Lo que sí ha hecho oficial Tráfico es la cuantía que tendrán que pagar, tanto por la multa en sí como por la reparación de los daños causados. Además, se podrían enfrentar a varios años de cárcel.

En total, los gastos por vandalizar estos siete radares ascienden a casi medio millón de euros. El motivo es que son sistemas muy avanzados y que cuentan con la última tecnología. Para entenderlo, la DGT explica en su página web cómo funcionan, por ejemplo, los radares de tramo. Son sistemas de cámaras que graban de manera continua y miden la velocidad media en un tramo determinado.

Esto implica la existencia de un sistema de reconocimiento de caracteres con un primer equipo al inicio del tramo equipado con una iluminación por láser-leds no visibles para el ojo humano. Al final del tramo, se ubica una segunda cámara idéntica que vuelve a reconocer las matrículas. Si el sistema detecta que se ha rebasado el límite de velocidad, se tramita la denuncia.

Esta es la cifra a la que asciende la multa

Podrás imaginar que, con la cantidad de tecnología que tienen los radares, la multa para los que han vandalizado estos siete radares en España es considerable. La DGT ha confirmado que el coste de la reparación es de 67.000 euros por cada radar fijo y 66.000 para los de tramo. Por tanto, teniendo en cuenta los actos, el coste ronda los 469.000 euros.

Es la multa que deberían pagar los autores, además de los 3.000 euros con los que ya de por sí está sancionado un destrozo de este tipo. También han confirmado que los radares se ubican en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

Para evitar que los actos se vuelvan a repetir, Tráfico ha reforzado la vigilancia en todos los puntos en los que hay instalado un radar. Además, se han colocado cámaras de vigilancia conectadas directamente con los Centros de Gestión de la DGT para permitir una actuación inmediata de la Guardia Civil en caso de sabotaje.

La DGT avisa: también implica pena de cárcel

Pero la multa de casi medio millón de euros no es a lo único a lo que se tendrán que enfrentar los autores. La DGT también recuerda que los delitos contra la seguridad vial también tienen pena de cárcel. Lo indican en el comunicado que han lanzado.

«La vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal en sus artículos 263 a 267 en los que se contemplan una serie de acciones que provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio», explican.

«Concretamente, el artículo 263.2 establece un tipo agravado del delito de daños que prevé pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses«, añaden. Esto aplica a las circunstancias en las que «los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones», entre otros aspectos.

Por tanto, la DGT reafirma que estos actos vandálicos, más allá del delito en sí mismo, atentan contra un bien público y afectan directamente a la seguridad vial. Recuerdan que el fin último de los radares que hay instalados en nuestras carreteras no es otro que proteger a los conductores.

Multas por destrozar otros elementos de la vía

Todos los elementos que se instalan en la vía tienen como fin último la seguridad de todos los que transitan por ella. Por eso, la multa por destrozar cualquiera de ellos contempla tanto la sanción por el acto vandálico en sí como la reparación de los daños.

Por ejemplo, romper una farola puede costarnos por unos 1.200 euros, un semáforo alrededor de 1.500 si funcionan con lámparas y hasta 4.000 euros en los que tienen tecnología LED. Y una de las más caras: romper un panel de señalización variable puede ascender hasta los 43.000 euros, aunque depende del tipo.

El daño es el mismo si la acción se realiza de forma intencionada o por un accidente. Sin embargo, en este último caso será el seguro a terceros quien se haga cargo de la reparación.

Moverse por la ciudad en un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) se ha convertido en una opción cada vez más popular para aquellos que buscan comodidad y rapidez en sus desplazamientos. Sin embargo, en ciudades como Madrid, Barcelona y la Costa del Sol, la espera para conseguir un VTC puede ser desesperante.

Según un informe de KPMG y Bolt, los tiempos de espera en España son significativamente mayores que en el resto de Europa, lo que plantea serias dudas sobre la eficiencia de este servicio y su regulación en el país. No es para menos.

La escasez de VTC en España

El estudio revela que la falta de VTC y taxis es una de las principales razones por las que los usuarios deben esperar más tiempo de lo deseado. En comparación con otras ciudades europeas, la disponibilidad de estos servicios en España es hasta un 14% inferior, lo que se traduce en largos periodos de espera para los pasajeros.

Según los datos, los ciudadanos de Madrid, Barcelona y la Costa del Sol han esperado un total de 500.000 horas adicionales debido a la escasez de oferta. Esto no solo afecta a la movilidad de los residentes, sino también a la experiencia de los turistas que visitan estas ciudades y buscan un transporte eficiente y rápido.

La insuficiencia de VTCs también ha llevado a un aumento en las cancelaciones de servicios por parte de los usuarios, quienes optan por alternativas como el transporte público o el uso de taxis, aunque a menudo con precios más elevados y menor disponibilidad.

Tiempos de espera en las principales ciudades

Mientras que en ciudades como Lisboa y París más del 95% de los trayectos tienen tiempos de espera inferiores a cinco minutos, en España la situación es muy distinta.

En Madrid, solo el 37% de los viajes cumplen con este estándar, mientras que en la Costa del Sol el porcentaje baja al 30%. En Barcelona, la situación es aún peor, con solo un 9% de los trayectos dentro de ese margen de espera. Esto significa que un gran número de usuarios deben esperar periodos de entre 10 y 20 minutos para poder acceder a un VTC, lo que disminuye la eficiencia del servicio.

Esta situación se agrava en horarios punta, donde la demanda supera con creces la oferta disponible. Durante eventos especiales, ferias o temporadas turísticas altas, la espera puede extenderse a 30 minutos o más, lo que genera frustración entre los usuarios.

Impacto económico de la escasez de VTC

La falta de VTC también tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Debido a la baja oferta, los usuarios terminan pagando un sobrecoste por sus desplazamientos, ya que las tarifas dinámicas incrementan el precio de los viajes en los momentos de mayor demanda.

En total, los consumidores están asumiendo un gasto adicional de 41,8 millones de euros anuales. Además, la industria de la movilidad pierde alrededor de 65 millones de euros debido a la gran cantidad de solicitudes que no pueden ser atendidas. Este problema también afecta a los propios conductores de VTC, quienes podrían obtener mayores beneficios si la oferta de licencias se ajustara a la demanda real del mercado.

Efectos sobre el turismo y la economía

El problema de la movilidad en España no solo afecta a los residentes, sino también a sectores clave como el turismo, la hostelería y el comercio.

El informe indica que una mejora en la disponibilidad de VTC podría generar un impacto económico positivo, aumentando la facturación del sector en un 41% en Madrid, un 68% en Barcelona y un 57% en la Costa del Sol. Además, una mayor oferta de transporte podría traducirse en un incremento de visitantes, ya que la movilidad es un factor clave en la elección de un destino turístico.

Ciudades como París o Londres han apostado por la ampliación de sus flotas de VTC para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando el acceso a un transporte rápido y eficiente. En España, sin embargo, las restricciones en la concesión de licencias han generado un desajuste entre la oferta y la demanda, afectando negativamente la experiencia de residentes y turistas por igual.