Las patronales del motor piden que el Plan Auto+ llegue con presupuesto cerrado desde el 1 de enero, y el adelanto electoral del 29 de noviembre es el motivo. Sin partidas confirmadas, dicen, el comprador se queda quieto y la fábrica también.
La disolución de las Cortes deja sin cubrir el calendario legislativo y presupuestario de los próximos ejercicios. Y ahí es donde duele: el sector acumula cinco ejercicios de tensiones logísticas, de desacuerdos comerciales internacionales y, de una presión competitiva feroz procedente del mercado asiático.
Los incentivos estatales y la asignación de fondos comunitarios han sido determinantes para atraer la producción de una veintena de modelos de cero emisiones a las factorías españolas. Lo que ahora está en el aire no es el pasado, sino la continuidad de ese flujo para 2027 y 2028.
Qué piden exactamente las patronales
La primera exigencia es de calendario: dotar de presupuesto al Plan Auto+ desde el 1 de enero. La advertencia tiene precedente reciente. En 2026, la plataforma para tramitar las solicitudes no estuvo operativa hasta julio, y ese hueco administrativo se tradujo en entregas retrasadas y en compradores que se bajaron del coche a mitad de expediente.
La segunda es retomar el Plan España Auto 2030, la hoja de ruta acordada con la Administración que incluía mesas de trabajo conjuntas y que prestaba especial atención al vehículo industrial. Sin ese foro, avisan las asociaciones, cada anuncio llega tarde y cada convocatoria se improvisa.
Un plan de ayudas sin fecha es una promesa; un comprador sin fecha es una venta que se marcha a otra marca.
Los números que hay detrás explican la urgencia. Los recursos comunitarios han movilizado más de 21.600 millones de euros de inversión privada para transformar plantas de producción. Con ese paraguas llegaron fabricantes como Chery, Leapmotor y SAIC Motor, y se adaptaron instalaciones de Seat, Renault, Stellantis y Ford.
Por qué el 29-N puede frenar la compra de un eléctrico
Nadie firma un crédito a seis años con la norma que lo abarata colgando de un hilo. Ese es el argumento que repiten los concesionarios: la falta de certeza retrasa las decisiones de compra, y el retraso se convierte en estocaje parado en la campa de detrás del taller.
El golpe no es solo comercial. Las empresas auxiliares temen que la finalización de las ayudas ponga en riesgo la innovación tecnológica y los compromisos de producción futuros. A eso se suma la tensión en el Estrecho de Ormuz y el encarecimiento energético: la patronal de componentes Sernauto calcula que la subida del gas y la luz generará un sobrecoste de 7.400 millones de euros a la industria manufacturera hasta final de año.
De ahí la petición de medidas de choque para sostener la competitividad de las plantas. La industria planifica sus partidas con años de antelación y, según sus propios cálculos, una convocatoria poco clara basta para perder la adjudicación de un modelo frente a una factoría extranjera. Eso no se recupera con una campaña de descuentos en primavera.
Las tres vías fiscales que están sobre la mesa
Donde el sector se juega el bolsillo del comprador es en el capítulo fiscal. Las propuestas recogidas por la patronal Faconauto pasan por prorrogar la deducción del 15% en el IRPF por la adquisición de modelos electrificados, eximir de tributación las subvenciones públicas y facilitar la deducción del IVA a las empresas. La patronal añade una extensión de estas ventajas a los vehículos de ocasión recientes, para dar salida al estocaje acumulado.
Ganvam va más allá y defiende una reforma fiscal integral que traslade la presión impositiva desde la compra hacia el uso del vehículo. Su propuesta incluye eliminar el impuesto de matriculación y modificar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para atender a criterios ambientales como las emisiones de CO2 y la normativa Euro. El objetivo: acelerar la retirada de las unidades más antiguas, ya que los turismos de más de 15 años representan un tercio del parque español.
Sernauto, por su parte, reclama ampliar los incentivos a la I+D+i y reforzar la seguridad jurídica de las pymes. Su advertencia es clara: la falta de certidumbre resta competitividad a las plantas españolas en el momento en que las multinacionales reparten las adjudicaciones de la próxima generación de modelos.
Qué significa esto si estás mirando un eléctrico
Traducido a la compra del sábado: si tienes un pedido a punto, la decisión sensata no es esperar a ver qué pasa el 30 de noviembre, sino dejar por escrito en el contrato el importe de la ayuda y qué ocurre si el plan decae. Los concesionarios que trabajan con pedido a fábrica ya lo están haciendo, y no por generosidad.
Y si el coche es de empresa o de flota, el IVA deducible pesa más que la subvención directa. Ahí la prórroga que pide Faconauto vale más que cualquier campaña comercial de final de trimestre.
