En las carreteras españolas, hay dispositivos que nunca descansan. Los radares de la DGT vigilan día y noche, multan sin pestañear y generan sentimientos encontrados entre los conductores. Para unos, son imprescindibles para la seguridad vial; para otros, solo una trampa recaudatoria.
Desde 2018, el vandalismo contra los radares se ha disparado. Hasta hoy, se han registrado 290 sabotajes intencionados, cifra que representa un aumento del 62,5 % en apenas siete años. La DGT intenta mantenerse firme en su cruzada contra el exceso de velocidad, pero algunos de sus radares han terminado, literalmente, fuera de servicio.
El vandalismo, en auge
Lo que empezó como una rareza se ha convertido en una constante. En 2018, se reportaron 32 ataques a radares. Siete años después, la cifra subió a 52: casi un radar atacado por semana. Los datos han ido fluctuando, pero siempre al alza, con picos en 2021 (43 casos) y 2022 (55).
¿Qué lleva a alguien a sabotear un radar? Las razones pueden ir desde el hartazgo por multas reiteradas hasta actos de protesta más organizados. Los que más los sufren son los dispositivos con localización fija y conocida: radares que no se esconden en coches camuflados ni cambian de sitio, sino que están ahí todos los días, esperando pacientes al infractor.
Radares de la DGT con historial de guerra
En esta guerra entre conductores cabreados y radares inmóviles, algunos dispositivos parecen haber estado en el frente de batalla más de lo debido. Las cámaras de tráfico situadas en la N-320 (Guadalajara) y la RM-602 (Murcia) lideran el ranking con 9 sabotajes cada una. Son como las villanas más famosas de la película.
Les siguen otros radares ubicados en Denia (Alicante), Ciudad Real y varias localidades de Valencia, como Bétera y Ontinyent; estos últimos, con seis y siete ataques. En todos estos casos, los dispositivos de la Dirección General de Tráfico (DGT) han tenido que ser reparados o sustituidos, con el coste que ello implica.
Un gasto que no cesa
Aunque la DGT no ha detallado cuánto cuesta exactamente la reparación, se sabe que el mantenimiento general de los radares no es barato. Solo en los últimos cuatro años, se han destinado 14,5 millones de € al mantenimiento y auditorías de estos sistemas. Ello, sin contar las reparaciones puntuales por vandalismo.
El modelo de mantenimiento funciona mediante una tarifa fija por cinemómetro y día, lo que complica identificar cuánto se ha invertido únicamente en arreglos por sabotajes. Pero, sin duda, los destrozos intencionados afectan a las arcas públicas. Al final, cada piedra contra un radar no solo rompe su cristal; también el presupuesto del contribuyente.
Nuevos radares, más inversión
Pese a los ataques, la DGT no levanta el pie del acelerador. En 2023 anunció inversiones de casi 9 millones de € para la instalación de nuevos radares entre 2023 y 2026. ¿El objetivo? Reforzar el control de velocidad en todas las zonas del país, desde el norte hasta las islas Canarias y Baleares.
Los fondos se repartieron en dos grandes lotes: uno se destinó a la instalación de radares fijos y de tramo en carreteras del centro, norte y noroeste peninsular; el otro, para las del sur, levante, archipiélagos y zonas del valle del Ebro. Por cada radar que se ‘manda al paro’, hay otro nuevo esperando ocupar su puesto.
El lado oscuro de la velocidad
Aunque la función principal de los radares es reducir la velocidad excesiva y, por tanto, los accidentes de tráfico, no todos los ven como aliados. El rechazo social que generan algunos dispositivos no es solo por su carácter sancionador, sino porque da la sensación de que se colocan más por motivos recaudatorios que preventivos.
Obviamente, no es una excusa para justificar actos vandálicos, pero ayuda a entender por qué ciertos tramos y cámaras generan tanta animadversión. La falta de transparencia ha contribuido a alimentar la percepción de que el radar es más enemigo que protector. El pensamiento se ha arraigado, y algunos han optado por apagarlos a golpes.
El futuro: ¿más radares, o más educación vial?
La pregunta en el aire es si la solución es seguir multiplicando los radares o si sería más eficaz apostar por educación y concienciación vial. La DGT ya ha demostrado su compromiso con la vigilancia, pero los datos de vandalismo dejan claro que hay algo que no está funcionando del todo bien.
Además de invertir millones en nuevos dispositivos, quizá convendría hacerlo también en campañas de concienciación más cercanas y humanas, que expliquen el porqué de cada radar y no solo cuánto cuesta la multa. Porque, al final, un conductor que comprende y respeta las normas será mucho mejor que cualquier cámara vigilando desde el arcén.
