Los ayuntamientos obligados a tener Zona de Bajas Emisiones ya no podrán escudarse en moratorias: el Gobierno les exige un régimen sancionador efectivo y sin periodos transitorios que retrasen las multas a los coches sin etiqueta. Lo aprobó el Consejo de Ministros en su reunión del martes 3 de noviembre, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: el real decreto de ZBE cambia para que las restricciones de tráfico tengan castigo real y su eficacia pueda medirse.
- Cómo te afecta: si tu coche no tiene distintivo ambiental, las ciudades obligadas a tener ZBE tendrán que multarte de verdad, no solo señalizar la prohibición.
- Puntos clave y plazos: la norma afecta a municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y localidades de más de 20.000 habitantes que superen los límites de calidad del aire. Las ordenanzas deberán recoger el régimen sancionador de la normativa estatal de tráfico y aplicarlo sin sistemas transitorios.
Qué cambia exactamente en las ZBE
Hasta ahora, la ley obligaba a delimitar la zona y a prohibir la entrada a los vehículos más contaminantes. El problema era el de siempre: muchas ciudades aprobaron la ordenanza y dejaron las multas en el cajón. El nuevo texto cierra esa puerta. Los ayuntamientos tendrán que acreditar documentalmente que cumplen los requisitos, y eso incluye demostrar que las prohibiciones están en vigor y que los sistemas de control de accesos funcionan.
En la práctica, se traduce en tres exigencias concretas. La primera: comunicar formalmente la entrada en vigor de las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento según el potencial contaminante de cada vehículo. La segunda: aplicar de verdad los sistemas de control, monitorización y seguimiento. La tercera, la que más afecta al conductor: incluir el régimen sancionador en la ordenanza municipal y aplicarlo.
El MITECO lo justifica en que las restricciones necesita mecanismos reales de cumplimiento. Sin sanción, una ZBE es solo una placa en la entrada del barrio.
A quién obliga y desde cuándo
La obligación de implantar ZBE no es nueva y no cambia con esta modificación. Afecta a tres grupos de municipios, según la normativa estatal:
- Municipios de más de 50.000 habitantes.
- Los territorios insulares, con independencia del número de residentes.
- Municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire.
Lo que sí cambia es el nivel de exigencia para demostrar que la zona funciona. Cada consistorio tendrá que remitir documentación que acredite el cumplimiento, y esa acreditación se usará después para evaluar la eficacia de la medida. Ese informe también servirá de referencia para los fondos destinados a la transformación digital y sostenible del transporte urbano, es decir, para acceder a determinadas ayudas públicas. Un incentivo económico añadido a la obligación legal.
Conviene tenerlo apuntado: quien tenga su coche sin distintivo y viva en una de esas ciudades, va a notar el cambio antes en el bolsillo que en la señalización.
Cuánto cuesta entrar sin etiqueta
La normativa estatal de tráfico fija las sanciones por incumplir las restricciones de acceso. La cuantía habitual es de 200 euros, que se reducen a la mitad, 100 euros, si se abonan con pronto pago en los 20 días naturales siguientes a la notificación. Es la misma cifra que manejan ya las ordenanzas de ZBE que están en marcha.
Ojo con un matiz que suele generar dudas: la multa no la pone la DGT, la pone el ayuntamiento. Y no todas las ciudades han activado el mismo sistema de control. Hay capitales con cámaras lectoras de matrícula en cada acceso y otras con vigilancia manual. La nueva exigencia de monitorización apunta precisamente a cerrar esa brecha entre lo que dice el papel y lo que se controla en la calle.
Lo que queda por concretar
El texto aprobado no fija una fecha única de aplicación para todos los municipios. Y ahí está la letra pequeña. Cada ayuntamiento tendrá que adaptar su ordenanza y acreditar el cumplimiento en los plazos que establezca la tramitación posterior del real decreto. Es decir, el calendario real dependerá de la capacidad de cada consistorio para mover expedientes y publicar en el boletín provincial.
La comparación con lo que ya ocurre en Europa ayuda a entender el rumbo. En Londres, la Ultra Low Emission Zone se amplió en 2023 con cámaras en todos los accesos y multas automáticas; el efecto sobre la flota fue inmediato. En España, el modelo es más disperso: Madrid y Barcelona tienen sistemas consolidados, mientras que otras ciudades aún están en fase de despliegue de cámaras. La nueva redacción del decreto empuja a igualar ese suelo mínimo.
También queda por ver cómo encajan las exenciones que cada ordenanza reconoce: residentes, vehículos de emergencia, personas con movilidad reducida, vehículos históricos o de reparto. El decreto no las elimina, pero al exigir que se acredite la aplicación efectiva del régimen sancionador, las excepciones tendrán que estar perfectamente delimitadas por escrito. Cuanto más ancha sea la excepción, más difícil será demostrar que la ZBE se cumple.
El siguiente hito es la publicación del texto completo en el Boletín Oficial del Estado, donde se detallarán los plazos de acreditación. A partir de ahí, cada ayuntamiento moverá ficha. Los que ya tienen ZBE con multas activas no notarán gran cosa. Los que aprobaron la ordenanza y miraron hacia otro lado, sí.
Una zona de bajas emisiones sin multas no disuade a nadie: el cambio obliga a los ayuntamientos a poner precio a la entrada.
