Dayton, una ciudad de Minnesota, canceló en agosto su contrato de cámaras de matrículas. Semanas después, la empresa propietaria de los equipos los volvió a poner en servicio sin autorización del ayuntamiento.
Una orden de mantenimiento que el ayuntamiento nunca autorizó
La secuencia la detalló el propio consistorio en un aviso público a los vecinos el 29 de septiembre. El 17 de septiembre, la policía local supo de una orden de mantenimiento emitida por la compañía. Al día siguiente, el ayuntamiento le comunicó por escrito que el programa estaba en pausa y que no debía ejecutar ningún trabajo. La instrucción no se siguió: el equipo quedó reactivado y leyendo matrículas.
Con el aviso en la mano, el personal municipal recorrió distintos puntos de la ciudad para comprobar si había más aparatos en marcha. Apareció uno más. Los dos quedaron identificados y el consistorio anunció su retirada inmediata, según la información publicada por las autoridades locales.
Dayton había votado el fin del programa en agosto. La empresa confirmó la cancelación cinco días después, según explicó el administrador municipal Zach Doud, y avisó de que necesitaría 60 días para desmontar la infraestructura. Ese plazo convirtió una decisión política en una cuenta atrás con las cámaras todavía en el aire.
Cancelar un contrato es sencillo; conseguir que el equipo deje de mirar la calle depende de la buena voluntad de quien lo opera.
Plymouth cortó la corriente; Crystal desmontó los postes
En Plymouth, también en Minnesota, el final fue distinto. El ayuntamiento votó el fin del contrato el 22 de septiembre y la policía suspendió el uso de los equipos al día siguiente. El jefe de la policía local, Eric Fadden, envió la cancelación formal por correo postal y electrónico tras consultar con los servicios jurídicos municipales.
No hubo respuesta de la dirección ni del área legal de la compañía, más allá de algún contacto con el representante comercial de la zona. Después de más de una semana de silencio, Fadden tomó una decisión poco habitual: ordenó a su equipo desconectar los cables de alimentación de las cámaras de matrículas para garantizar que no grabaran nada.
El detalle que explica el enredo es de propiedad. El servicio funciona por suscripción: el cliente paga, accede a la aplicación y a los controles, y la empresa instala el hardware donde se acuerda. Pero el hardware sigue siendo suyo. Son equipos privados colocados sobre suelo que no les pertenece, y eso convierte cualquier retirada en una negociación entre partes.
Otras ciudades no esperaron. St. Paul y Crystal retiraron los equipos por su cuenta tras sus respectivos votos en agosto y septiembre, y ahora los guardan en un almacén a la espera de que la empresa pase a recogerlos. El jefe de policía de Crystal lo contó sin rodeos: fue él mismo quien desmontó cámaras y postes.
La compañía sostiene que la retirada es responsabilidad suya, que los plazos varían en cada contrato y que trabaja para desmontar cuanto antes. También ha defendido el resultado de su tecnología en Plymouth y Dayton, y ha asegurado que respeta la decisión de ambas ciudades, según sus manifestaciones a la prensa local de Minnesota.
- Dayton: votó el fin del contrato en agosto y descubrió en septiembre dos equipos reactivados sin autorización.
- Plymouth: aprobó la cancelación el 22 de septiembre y resolvió el silencio empresarial desconectando la alimentación.
- Crystal y St. Paul: desmontaron las cámaras y los postes por su cuenta y los almacenan pendientes de recogida.
Lo que este pulso revela del negocio de la vigilancia en carretera
La distancia entre Estados Unidos y España no está en la tecnología, sino en quién la despliega. Aquí, la lectura automática de matrículas aparece ligada a la vigilancia policial del tráfico y al control de accesos a las zonas de bajas emisiones, con finalidades acotadas y bajo las reglas de protección de datos que exigen un plazo de conservación definido. Allí, buena parte del parque de cámaras lo instala una empresa privada que firma contratos con ayuntamientos y mantiene la propiedad del equipo.
El resultado es un modelo más rápido de desplegar y mucho más frágil de desmontar. Ese es el punto que interesa al conductor europeo: cuando la infraestructura no es pública, la decisión política de apagar un sistema no basta. Hace falta voluntad contractual del proveedor.
En España el debate público sobre las cámaras de matrículas se ha centrado en la proporcionalidad y en cuánto tiempo se conservan las imágenes; en Estados Unidos, en cambio, la discusión ha derivado hacia la propiedad del hardware y la ejecución de los contratos. Son dos formas de mirar el mismo problema: quién puede leer tu matrícula, durante cuánto tiempo y quién decide cuándo se apaga.
El próximo hito está en la retirada física de los equipos de Dayton y Plymouth, que ambas ciudades esperan para cerrar el expediente. Hasta entonces, la pregunta sigue abierta: si el proveedor no cumple, quién apaga la cámara.
📌 Datos clave internacional
- La cifra a enmarcar: 60 días es el plazo que la empresa se dio para retirar los equipos de Dayton tras reconocer la cancelación del contrato, y 2 fueron las cámaras que volvieron a funcionar sin permiso.
- Consejo práctico: si circulas por el área metropolitana de Minneapolis, ten en cuenta que la retirada de estos equipos está en curso y que parte del parque sigue operativo pese a los votos municipales.
- Así te afecta: demuestra que la vigilancia de tráfico puede depender de una empresa privada, un modelo que conviene observar cuando en España se discute cuántas cámaras hay, con qué finalidad y durante cuánto tiempo guardan datos.
