La baliza V16 conectada, uno de los dispositivos estrella impulsados por la DGT en los últimos años para mejorar la seguridad vial, acaba de cruzar una línea inesperada: la de los tribunales. Lo que nació como una solución tecnológica para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia se enfrenta ahora a su primera gran prueba legal, después de que un conductor haya decidido recurrir una multa por no llevar este dispositivo.
La polémica no es nueva. Desde su implantación, la baliza V16 ha estado rodeada de dudas, críticas y cierta confusión entre los conductores. Pero esta demanda marca un antes y un después, ya que pone en cuestión no solo la forma en que se está aplicando la normativa, sino incluso su encaje dentro del marco legal europeo.
3¿Una normativa sin respaldo europeo?
Otro de los argumentos clave de la demanda apunta directamente al ámbito europeo. Los demandantes sostienen que la obligatoriedad de la baliza V16, al ser una medida específica aplicada en España, debería haber sido sometida a un control o validación previa por parte de las instituciones judiciales de la Unión Europea.
Mientras desde Bruselas han indicado que este tipo de dispositivos entra dentro de las competencias nacionales en materia de seguridad vial, los demandantes consideran que una medida de este calibre debería contar con un respaldo jurídico más sólido a nivel comunitario. Por su parte, la DGT defiende que no existe ninguna vulneración del derecho europeo.
