La baliza V16 conectada, uno de los dispositivos estrella impulsados por la DGT en los últimos años para mejorar la seguridad vial, acaba de cruzar una línea inesperada: la de los tribunales. Lo que nació como una solución tecnológica para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia se enfrenta ahora a su primera gran prueba legal, después de que un conductor haya decidido recurrir una multa por no llevar este dispositivo.
La polémica no es nueva. Desde su implantación, la baliza V16 ha estado rodeada de dudas, críticas y cierta confusión entre los conductores. Pero esta demanda marca un antes y un después, ya que pone en cuestión no solo la forma en que se está aplicando la normativa, sino incluso su encaje dentro del marco legal europeo.
2El principio de confianza legítima en el punto de mira
Uno de los pilares de la defensa se centra en el llamado “principio de confianza legítima”. Este concepto jurídico hace referencia a la expectativa razonable de los ciudadanos de que las autoridades actuarán de forma coherente con lo anunciado previamente.
En este caso, los demandantes recuerdan que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habló en su momento de un periodo de adaptación antes de empezar a sancionar. Sin embargo, la multa fue impuesta apenas unos días después de la entrada en vigor de la norma, lo que, según la defensa, rompe esa confianza del conductor en que no sería sancionado de inmediato.
