La baliza V16 conectada, uno de los dispositivos estrella impulsados por la DGT en los últimos años para mejorar la seguridad vial, acaba de cruzar una línea inesperada: la de los tribunales. Lo que nació como una solución tecnológica para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia se enfrenta ahora a su primera gran prueba legal, después de que un conductor haya decidido recurrir una multa por no llevar este dispositivo.
La polémica no es nueva. Desde su implantación, la baliza V16 ha estado rodeada de dudas, críticas y cierta confusión entre los conductores. Pero esta demanda marca un antes y un después, ya que pone en cuestión no solo la forma en que se está aplicando la normativa, sino incluso su encaje dentro del marco legal europeo.
1La primera demanda que cuestiona la normativa
El caso que ha encendido la mecha se remonta a los primeros días de enero, cuando un conductor fue sancionado con 80 € en una carretera de Madrid tras sufrir una incidencia sin disponer de la baliza V16 obligatoria. El vehículo pertenecía a una empresa de alquiler, que ha decidido llevar el asunto ante los tribunales al considerar injusta la sanción.
La demanda, presentada en un juzgado de Madrid, supone la primera conocida en España relacionada con este dispositivo. Detrás de ella hay una estrategia legal clara: cuestionar tanto el momento en el que se impuso la multa como la base jurídica de la normativa impulsada por la DGT.
