El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) está ultimando una propuesta que podría cambiar radicalmente la movilidad de los ciclistas en Cataluña. Tras un notable aumento de corredores en vías interurbanas y costeras, el SCT ha advertido que estudia prohibir la circulación de bicicletas en determinados tramos y horarios.
La medida, todavía en estudio, surge como respuesta a crecientes conflictos entre vehículos motorizados y ciclistas. Este artículo analiza en detalle las razones, el alcance, las consecuencias y las alternativas planteadas para suavizar el impacto.
Por qué surge la propuesta

El origen del debate está en un incremento sostenido del uso de la bicicleta en carreteras catalanas, especialmente desde la pandemia. Esa mayor presencia ha provocado un aumento de “malentendidos” entre ciclistas y conductores, lo que mejora las cifras de visibilidad pero complica la convivencia.
Las zonas más conflictivas, como la costa del Garraf o vías intermunicipales, concentran buena parte de esos incidentes. En ellas, la movilidad motorizada y las instalaciones asociadas (restaurantes, negocios) complican aún más la circulación conjunta.
Qué proponen exactamente

El plan está sobre la mesa, aunque aún no aprobado: restringir la circulación de ciclistas en franjas horarias concretas en tramos muy transitados. Serían prohibiciones temporales, no vetos absolutos, pensadas para mitigar picos de tráfico motorizado.
Como alternativa complementaria, se plantean restricciones al tamaño de los grupos ciclistas. Aunque los grupos grandes son más visibles y cuentan con mayor seguridad, dificultan los adelantamientos y generan atascos puntuales.
Medidas ya implementadas

Antes de recurrir a prohibiciones, el SCT ha desplegado soluciones técnicas: avisadores visuales inteligentes que alertan a los conductores de la presencia de ciclistas en tramos conflictivos. Estas señales, instaladas en puntos como la N-145 hacia Andorra, son fruto del acuerdo con el Departamento de Territorio, y en fases de planificación hay cinco más.
Además, se han impulsado campañas de vigilancia focalizadas en ciclistas y usuarios de patinetes. Entre el 7 y el 13 de julio de 2025, la policía local y los Mossos han intensificado controles sobre distracciones, uso del casco, respeto a señales e infracciones comunes.
Impacto sobre seguridad vial

Las medidas pretenden reducir la siniestralidad, ya que en 2024 se impusieron 397 denuncias a ciclistas y más de 1.100 a usuarios de VMP, gran parte por comportamiento arriesgado. Los avisadores inteligentes buscan evitar situaciones de riesgo y llamar la atención a los conductores.
Sin embargo, hay que decir que el veto horario podría tener efectos colaterales: limitar la libertad de movimiento de los ciclistas o empujar a los grupos a circular en horas menos seguras (mañana muy temprano o al caer la noche).
Críticas y dificultades

La propuesta no está exenta de polémica. Algunos sectores advierten del riesgo de limitar los derechos de los ciclistas y de generar discriminación respecto a otros usuarios de la vía. Además, muchas de las rutas afectadas dan acceso a negocios dependientes del turismo motorizado, lo que complica cualquier veto total.
En términos prácticos, llevar a cabo un control horario eficaz implica recursos, vigilancia constante y señalización específica. Esto eleva los costes administrativos que, por ahora, el SCT deja en suspenso: “la tenemos en el cajón”, reconoce su coordinador Óscar Llatge.
Alternativas sobre la mesa

Frente a la prohibición, desde el SCT se plantea fortalecer otras herramientas: continuar instalando avisadores visuales, formar campañas educativas enfocadas en respetar distancias seguras y trabajar en la regulación del tamaño de los grupos.
La idea sería suavizar la convergencia entre tráfico motorizado y ciclista sin necesidad de vetos horarios, aunque eso exige mayor concienciación y esfuerzo coordinado con ayuntamientos y asociaciones ciclistas.
Balance y próximas etapas

Por el momento, el SCT no ha publicado un calendario concreto ni ha aprobado la restricción. La campaña de vigilancia actual y nuevas medidas técnicas servirán como pruebas piloto antes de decidir si procede la implantación definitiva.
Para avanzar, será crucial que el debate avance en el Parlamento catalán y en el Congreso. La normativa sobre restricciones de movilidad en carreteras interurbanas depende del ámbito autonómico —que incluye la intermunicipal—, pero cualquier veto ambicioso requerirá coordinación legal y técnica con el Gobierno central.










































































































































