La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva tiempo trabajando en una propuesta ambiciosa: alcanzar el objetivo “0,0” en la tasa de alcohol al volante. La meta no es solo simbólica, sino parte de una estrategia real de seguridad vial. Reducir los accidentes relacionados con el consumo de alcohol es una prioridad. Actualmente, la normativa española permite conducir con hasta 0,5 gramos por litro en sangre (0,25 mg/l en aire espirado), pero el nuevo enfoque busca reducir esa cifra a 0,2 g/l (0,1 mg/l en aire), una política ya adoptada en países como Suecia o Noruega.
Sin embargo, no todos los partidos políticos están de acuerdo con este cambio. En concreto, el Partido Popular (PP) ha mostrado su oposición a esta medida, argumentando que la propuesta carece de respaldo técnico suficiente y que su implementación podría ser más dañina que efectiva si no va acompañada de campañas educativas y estudios específicos. La cuestión ha abierto un intenso debate en el Congreso y en la opinión pública: ¿es hora de dar el paso hacia el 0,0 o se está yendo demasiado lejos sin base sólida?
El PP rechaza el plan: sin informes técnicos no hay aval

El principal argumento del PP contra la reducción de la tasa de alcohol al volante es la falta de informes técnicos del Consejo Superior de Seguridad Vial que respalden la modificación. Según el grupo parlamentario popular, la decisión se ha planteado sin un análisis riguroso de impacto, ni datos que justifiquen con claridad que esta medida vaya a suponer un cambio sustancial en la siniestralidad.
Por este motivo, han presentado una enmienda para eliminar el artículo que contempla esta reducción, indicando que una transformación legal de este calibre debería ser fruto de un consenso más amplio y no de una tramitación rápida por vía de proposición de ley. En palabras de varios portavoces, «no se puede legislar por impulso, sin un debate profundo con expertos, asociaciones de víctimas y autoridades sanitarias».
Para el gobierno, los datos lo justifican todo

Desde el PSOE y el Ministerio del Interior, la postura es clara: reducir el límite legal de alcohol al volante puede salvar vidas. Se basan en las estadísticas que muestran que el alcohol sigue siendo una de las principales causas de siniestralidad mortal en carretera. De hecho, alrededor del 33 % de los conductores fallecidos en accidente dieron positivo por alcohol, y también lo hicieron el 29 % de los peatones fallecidos, según datos del Instituto Nacional de Toxicología.
Además, el Gobierno y la DGT aseguran que existe evidencia internacional suficiente. Muchos países europeos ya han adoptado límites más estrictos, y los resultados muestran descensos significativos en los accidentes relacionados con el alcohol. En este sentido, destacan que España no puede quedarse atrás en la lucha por una movilidad segura, y que avanzar hacia el 0,0 es una cuestión de voluntad política, no de oportunidad electoral.
El objetivo 0,0: una utopía o un cambio realista

Alcanzar una tasa 0,0 es el gran objetivo de la DGT. Para ello, reducir el límite legal es solo el primer paso. La intención es acompañarlo de un refuerzo en los controles de alcoholemia, campañas de concienciación más agresivas y cambios normativos que permitan, por ejemplo, sancionar la difusión en redes sociales de controles de tráfico, algo que ya se plantea como infracción grave.
Los expertos en seguridad vial coinciden en que no existe un nivel de alcohol seguro al volante. Incluso pequeñas cantidades pueden afectar la percepción, el tiempo de reacción y la capacidad de concentración. Con la tasa actual, un conductor podría tomar una cerveza o una copa de vino y seguir conduciendo dentro de la legalidad, pero con mayores riesgos. Con la nueva normativa, el margen sería prácticamente nulo, empujando a los ciudadanos a adoptar una postura mucho más responsable: si conduces, no bebas nada.
Consecuencias legales para los conductores si se aprueba

Con la nueva normativa, las sanciones también cambiarían. Se establecerían tres niveles de infracción según el resultado del test de alcoholemia:
- Entre 0,1 y 0,25 mg/l en aire espirado: infracción leve, con multa económica y retirada de 2 puntos.
- Entre 0,25 y 0,5 mg/l: infracción grave, 4 puntos del carné y sanción de hasta 500 euros.
- Más de 0,5 mg/l: infracción muy grave, 6 puntos del carné y multa de 1.000 euros. En algunos casos, podría implicar incluso responsabilidad penal si hay reincidencia o daño a terceros.
Esto supondría un endurecimiento significativo respecto al sistema actual y afectaría especialmente a aquellos conductores que consumen cantidades pequeñas de alcohol pensando que no suponen riesgo alguno. El mensaje de la DGT es claro: ningún consumo es compatible con la conducción.


















































































































































