La multa por entrar en una Zona de Bajas Emisiones sin distintivo ambiental sigue costando 200 euros en Madrid, y eso que el Tribunal Superior de Justicia ya anuló la ordenanza que la sustenta. Este mes, Málaga se ha convertido en el último caso: su ZBE ha caído por discriminar a los conductores no empadronados.
El lío no es menor. Bruselas exige a España cumplir en 2030 unos límites de contaminación mucho más estrictos, pero la herramienta legal para lograrlo —las Zonas de Bajas Emisiones— está siendo anulada una a una por los tribunales. El conductor se queda en el peor escenario: una multa de 200 euros que hoy es válida, mañana puede anularse y pasado mañana volver con otra redacción.
Qué se está cayendo en los tribunales: de Madrid a Málaga
La Ley de Cambio Climático de 2021 obligó a los municipios de más de 50.000 habitantes a poner en marcha restricciones de acceso para los vehículos más contaminantes. Desde 2024, los tribunales superiores de Cataluña, Andalucía, Asturias y Castilla y León han tumbado ordenanzas de ZBE, de forma temporal o definitiva.
Desde 2021, la obligación de implantar ZBE se basó en la Ley de Cambio Climático. Sin embargo, los ayuntamientos han ido aprobando ordenanzas con prisas y con deficiencias en la memoria económica o en la evaluación de alternativas, que es lo que los jueces están castigando. No se trata de una discusión sobre si contaminar es malo, sino de la calidad jurídica de la norma local.
El caso más sonado es el de Madrid. El TSJ anuló los artículos que sostenían la ZBE general y las zonas de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica. El Tribunal Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento y la sentencia quedó firme en abril de 2026. Las asociaciones de automovilistas calculan que, desde 2021, se han impuesto más de 3,3 millones de multas en las ZBE madrileñas por un importe superior a 650 millones de euros, que ahora podrían tener que devolverse.
Málaga es el último episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el régimen de circulación de su ZBE al considerarlo discriminatorio con los conductores no empadronados. La clave no es el fondo ambiental, sino la forma: los jueces reprochan que las ordenanzas se aprobaron sin una valoración suficiente del impacto sobre las personas con menos recursos o sin justificar diferencias entre residentes y visitantes.
La multa de 200 euros sigue llegando con la sentencia firme
Aquí está lo más kafkiano. Pese a las sentencias, los radares y cámaras de acceso de Madrid siguen activos y el Ayuntamiento continúa tramitando sanciones. Entrar en una zona restringida sin la etiqueta ambiental de la DGT cuesta 200 euros hoy mismo, mientras el TSJ ha iniciado la ejecución forzosa de la sentencia que anula la ZBE.
El conductor no sabe a qué atenerse: paga una multa que un tribunal ha declarado nula, pero la administración local sigue girándola porque una nueva ordenanza puede validar la misma restricción meses después.
Los tribunales anulan la ordenanza, pero la cámara sigue multando: pagas 200 euros hoy y quizá mañana tengan que devolvértelos.
El trasfondo técnico importa. Según el estudio encargado por Faconauto, la patronal de los concesionarios, el 94 % de las estaciones de medición de dióxido de nitrógeno (NO2) ya cumplirá los límites de 2030 sin medidas adicionales. En partículas finas PM2,5 el porcentaje sube al 96 % y en PM10 el cumplimiento es total. El problema real se concentra en Madrid y Barcelona.
Madrid lleva cuatro años cumpliendo los límites legales vigentes, pero sus partículas PM10 y PM2,5 todavía superan los valores que llegarán en 2030. Documentación municipal recogida por Ecologistas en Acción admite que la capital necesitará reducir un 60 % las emisiones del tráfico rodado antes de esa fecha. En Barcelona, buena parte del problema no sale del tubo de escape, sino de calderas, calefacciones y estufas de leña o pellet, cuyas emisiones ya superan a las del transporte por carretera.
Por qué importa de cara a 2030 y cómo afecta al conductor
La Directiva 2024/2881, aprobada en octubre de 2024, rebaja el límite anual de NO2 de 40 a 20 microgramos por metro cúbico y el de PM2,5 a 10 microgramos. No solo apunta al diésel: también afecta a los eléctricos en la medida en que generan partículas por frenos y neumáticos. Bruselas no va a mover el plazo de 2030.
El sector discrepa del catastrofismo alemán. Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, recuerda que el parque automovilístico español tiene una edad media de 14,6 años y una tasa de renovación de apenas el 4 % anual. Su conclusión es contundente: aunque a partir de hoy solo se matriculasen coches eléctricos, en 2035 la mitad del parque circulante seguiría siendo el actual. La herramienta que pide el sector es el Plan Nacional de Renovación del Parque, que la Ley de Movilidad Sostenible obligaba a activar antes del 5 de marzo de 2026 y que sigue sin ponerse en marcha.
El conductor tampoco puede ampararse en estas sentencias para circular sin distintivo en una ZBE todavía en vigor. La anulación de una ordenanza no siempre despliega efectos de forma inmediata; puede quedar suspendida, y durante el proceso la administración sigue denunciando. La vía segura es mantener la pegatina ambiental, comprobar los accesos habilitados y, si llega una sanción, decidir entre el pronto pago y la alegación.
Lo que probablemente le espera al conductor español es un endurecimiento focalizado en Madrid y Barcelona, con una herramienta legal en reconstrucción. Hasta que los ayuntamientos redacten ordenanzas mejor argumentadas y el Gobierno active las ayudas al achatarramiento, conviene no circular sin etiqueta en las zonas restringidas y guardar cualquier notificación de multa por si toca reclamar.
Ficha de la Multa
- A quién afecta: conductores que acceden sin distintivo ambiental a las ZBE de municipios de más de 50.000 habitantes, con especial incidencia en Madrid, Barcelona y Málaga.
- Cifras a tener en cuenta: sanción de 200 euros por entrar sin etiqueta ambiental; más de 3,3 millones de multas impuestas desde 2021 en Madrid por importe superior a 650 millones de euros. La sentencia firme del Supremo data de abril de 2026 y la directiva europea fija el objetivo en 2030.
- Consejo para evitarlo: verifica el distintivo ambiental de la DGT antes de circular y guarda copia de cualquier sanción mientras se resuelve la ejecución forzosa de las sentencias.
