Reino Unido advierte de que el arancel del 10% a los coches eléctricos por el endurecimiento de las reglas de origen pos-Brexit podría costar 1.640 millones de euros a la industria en 2027. La patronal automovilística británica cifra el sobrecoste en unos 1.400 millones de libras si no se alcanza un acuerdo que evite la aplicación automática de los nuevos requisitos a partir del 1 de enero de 2027.
¿En qué consisten las nuevas reglas de origen?
El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido establece que, desde el inicio de 2027, los vehículos eléctricos deberán incorporar un 55% del valor del coche producido en territorio británico o comunitario. La exigencia sube al 70% para la batería y al 65% para las celdas. Quien no cumpla estos porcentajes se enfrenta a un arancel del 10% en cada exportación hacia el otro lado del canal.
La norma busca incentivar la fabricación local de baterías en Europa y reducir la dependencia de Asia. Sin embargo, según la información recogida por la industria británica, los plazos se han revelado demasiado ambiciosos. La cadena de suministro sigue dominada por China tanto en costes como en tecnología, y las factorías de baterías proyectadas en suelo británico o europeo aún no han alcanzado el ritmo necesario.
El impacto económico: una factura que nadie quiere pagar
La asociación de fabricantes del Reino Unido estima que más de 300.000 coches exportados anualmente a la UE —el 57% del total de las ventas exteriores británicas— quedarían expuestos al arancel. El coste conjunto podría ascender a 1.640 millones de euros, una cifra que, en palabras de los responsables del sector, “debería servir para reducir costes, no para encarecer los vehículos”.
El golpe sería bidireccional: la UE envió al Reino Unido 1,2 millones de automóviles en 2025, lo que representa casi un tercio de sus exportaciones totales. Un arancel del 10% también castigaría a marcas europeas con fuerte presencia en las islas. El principal damnificado, sin embargo, es el tejido industrial británico. Jaguar Land Rover ya ha cuantificado el impacto tarifario en Estados Unidos —su segundo mercado— en unos 585 millones de euros (500 millones de libras) durante el último ejercicio.
“La incómoda verdad para el Reino Unido y para Europa es que esta capacidad de producción local aún está empezando a desarrollarse”, explica Karthik Selvan, director de compras de Agratas, la planta de baterías que suministrará a los futuros eléctricos de JLR en Somerset. “La política de reglas de origen fomenta la producción local, pero asume que esa capacidad ya existe. Si no se reconoce esa realidad, los legisladores acabarán poniendo aranceles justo a la industria que pretenden apoyar”.
La carrera contra el tiempo y el precedente de 2024
No es la primera vez que Bruselas y Londres se asoman al precipicio arancelario. En diciembre de 2023, ambas partes acordaron mantener los umbrales anteriores (40% de contenido local y 30% para baterías) hasta 2026, alegando las disrupciones de la pandemia y el encarecimiento de la energía por la guerra de Ucrania. Aquel aplazamiento de última hora evitó una subida de precios que los mercados no estaban en condiciones de absorber.
Ahora el contexto es otro. La UE ha propuesto la Industrial Accelerator Act, un paquete de incentivos para vehículos eléctricos fabricados dentro del bloque que incluye sus propios criterios de contenido europeo. El Reino Unido, por definición, queda fuera pero aspira a que se le reconozca la integración de sus cadenas de suministro. “Excluir al Reino Unido correría el riesgo de convertirse en uno de los mayores goles en propia puerta de la historia”, advirtió la patronal británica durante su cumbre anual.
Los legisladores corren el riesgo de poner aranceles justo al sector al que intentan proteger, mientras China sigue ganando la carrera de las baterías con costes que Europa no puede igualar.
El influjo de la competencia china añade otra capa al dilema. Varios países comunitarios presionan para que Londres acompañe las medidas restrictivas de la UE, ya sea aplicando aranceles a los vehículos eléctricos chinos o limitando las inversiones de Pekín en territorio británico. El Reino Unido, que hasta ahora no grava esos coches, podría verse obligado a ofrecer contrapartidas en la negociación de las reglas de origen.
📌 Datos clave internacional
- La cifra a enmarcar: 1.640 millones de euros (en torno a 1.400 millones de libras), el sobrecoste estimado para la industria británica si los aranceles del 10% entran en vigor en 2027.
- Consejo práctico: Los conductores españoles no notarán un cambio inmediato en el precio de los coches, pero un encarecimiento de los vehículos eléctricos exportados desde el Reino Unido podría tensionar todavía más el mercado europeo y retrasar la adopción del coche eléctrico.
- Así te afecta: España, como miembro de la UE, participa en el debate sobre las reglas de origen. Si el conflicto se enquista, las marcas europeas con factorías en el Reino Unido podrían trasladar parte del sobrecoste al precio final, y el consumidor español, directa o indirectamente, acabaría pagando la factura de un desacuerdo comercial que parece lejano pero que se decide en los próximos meses.
