Donald Trump ha vuelto a sacudir el tablero de la regulación automovilística en Estados Unidos con un indulto masivo que beneficia a nueve mecánicos y preparadores condenados por violar la ley federal de calidad del aire. La decisión, conocida en vísperas del Día de la Independencia, borra las penas de prisión y las millonarias sanciones civiles que pesaban sobre un grupo de profesionales especializados en la eliminación de sistemas anticontaminación en vehículos diésel.
El presidente justificó la medida durante una comparecencia en el Despacho Oval con un argumento directo: «Me di cuenta de que estaban arrestando a gente por arreglar sus coches. Nosotros gobernamos con sentido común». Las palabras de Trump apuntan a una realidad muy concreta: el uso de los llamados derrota devices —dispositivos de anulación, en castellano— que permiten a los motores funcionar sin los filtros de partículas (DPF) ni los sistemas de recirculación de gases de escape (EGR) exigidos por la normativa federal.
Estos kits de eliminación, compuestos de piezas de hardware y de software que reescribe la centralita electrónica, son un clásico entre los aficionados al diésel estadounidense. Los conductores los instalan para ganar potencia, reducir averías costosas en los componentes anticontaminación y, en el caso de los vehículos comerciales, acortar los tiempos de inactividad. Sin embargo, la legislación considera su venta, instalación y publicidad como un delito grave, y la anterior administración federal destinó años a perseguir activamente estas prácticas.
El indulto colectivo alcanza ahora a Joshua Davis, Matt Geouge, Jonathan Achtemeier, Tim Clancy, Ryan y Wade Lalone, Barry Pierce, Aaron Rudolf y Mackenzie Spurlock. Todos ellos habían sido condenados en procesos judiciales distintos y se suman a Troy Lake, el propietario de Elite Diesel Service en Wyoming, beneficiado por otro perdón presidencial meses atrás.
Una ofensiva desreguladora que pone patas arriba la aplicación de la ley ambiental
El gesto de Trump no es un hecho aislado, sino el último capítulo de un giro radical en la política medioambiental estadounidense. La autoridad encargada de la calidad del aire había intensificado durante años las inspecciones, llegando incluso a registrar domicilios particulares para confiscar dispositivos de anulación. Pero desde la llegada del nuevo responsable de esa agencia federal, la prioridad ha cambiado por completo.
Entre las decisiones más llamativas de los últimos meses figuran la eliminación de la obligación de que el sistema de arranque y parada automáticos (start/stop) esté activo en los vehículos nuevos, y la instrucción a los fabricantes de camiones de que no fuercen restricciones de potencia cuando los depósitos de AdBlue (el fluido de escape diésel) se encuentren bajos. En la práctica, la administración actual ha optado por relajar al máximo la presión sobre el mundo del diésel, tanto en el ámbito particular como en el comercial.
Aunque las autoridades judiciales federales han mostrado algún movimiento contradictorio —como la solicitud de datos de propietarios de pick-ups diésel en un caso reciente—, la tendencia es clara: ni la Casa Blanca ni el organismo ambiental tienen intención de perseguir con firmeza las manipulaciones de los sistemas anticontaminación en los motores de gasóleo. Un escenario impensable hace apenas un lustro.
Lo que hasta hace unos años se castigaba con penas de cárcel y multas millonarias se despide ahora con un indulto y un mensaje presidencial que habla de «sentido común»: el giro tiene más de cultural que de reglamentario.
Cómo afecta a la cultura del motor, también al otro lado del Atlántico
Para los aficionados al diésel estadounidense, los indultos suponen una victoria simbólica de primer orden. Los foros y redes sociales que reivindican los motores sin filtros —a menudo vinculados a competiciones de arrastre con pick-ups y a la estética rolling coal— llevan años enfrentados a una administración que veía en cada kit de anulación un delito ambiental. Ahora encuentran un respaldo inédito en la máxima instancia del poder ejecutivo.
En Europa y, en concreto, en España, la situación es radicalmente distinta. Las normativas comunitarias de emisiones son cada vez más restrictivas, con la inminente entrada en vigor de la fase Euro 7, y la manipulación de los sistemas anticontaminación está perseguida con sanciones que pueden alcanzar los 300 euros de multa y la inmovilización del vehículo en las inspecciones técnicas. Mientras al otro lado del Atlántico se rebaja la presión, aquí se refuerza, y cualquier preparador que elimine un filtro de partículas se enfrenta a consecuencias inmediatas.
El contraste entre ambas orillas es un reflejo de dos visiones muy distintas del motor diésel. En Estados Unidos, la administración actual tiende a tratarlo como un asunto de libertad del consumidor y de cultura del automóvil; en la Unión Europea, como un problema de salud pública que exige controles estrictos. La decisión de Trump, por tanto, no solo afecta a los nueve indultados: reabre un debate global sobre hasta dónde debe llegar la regulación ambiental cuando choca con la pasión por los motores de toda la vida.
Que esta desregulación vaya a extenderse a otros ámbitos del sector es algo que aún está por ver, pero el precedente es innegable. La señal que se envía a talleres, preparadores y propietarios de vehículos diésel en Norteamérica es que la hoja de ruta ambiental ha pasado a un segundo plano.
Datos clave internacional
- La cifra a enmarcar: nueve personas condenadas por violar la ley de calidad del aire reciben el indulto presidencial de forma colectiva.
- Consejo práctico: si viajas o resides en Estados Unidos, recuerda que la normativa ambiental federal sigue en vigor y que, a pesar del gesto político, la instalación de dispositivos de anulación puede acarrear problemas legales a nivel estatal o local.
- Así te afecta: la brecha regulatoria entre EE. UU. y Europa se agranda, lo que convierte al diésel en un campo de batalla cultural más que técnico: en España la ITV no pasará por alto la eliminación del filtro de partículas, mientras al otro lado del Atlántico se abre una ventana de permisividad inédita.
