700 millones: las multas ZBE que el Ayuntamiento de Madrid se niega a devolver pese a la anulación judicial

El TSJM ha abierto una pieza de ejecución forzosa para que el consistorio archive las sanciones. La AEA exige la devolución de casi 700 millones de euros en multas cobradas sin base legal.

Casi 700 millones de euros en multas impuestas por la Zona de Bajas Emisiones de Madrid no se devolverán si el Ayuntamiento se sale con la suya. Y eso que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las ha declarado nulas por completo.

La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) lleva años litigando y, tras varias sentencias favorables, ha logrado que se abra una pieza de ejecución forzosa. El consistorio, sin embargo, insiste en que la anulación solo afecta a dos distritos y mantiene el cobro masivo. Te lo cuento.

¿Por qué anuló el TSJM las multas de la ZBE de Madrid?

El alto tribunal madrileño ha consolidado tres argumentos que dejan sin base legal las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones de la capital, especialmente desde que declaró ilegales los anexos y disposiciones que definían el mapa de restricciones.

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Primero, el artículo 21 de la Ordenanza de Movilidad quedó materialmente vacío de contenido porque los anexos anulados eran indispensables para aplicarlo. Segundo, el efecto retroactivo favorable obliga a aplicar la norma más beneficiosa para el ciudadano mientras no haya sentencia firme. Eso implica que muchas multas pendientes ni siquiera deberían tramitarse. Tercero, existe una ausencia total de cobertura legal para sancionar el acceso a cualquier calle dentro de la ZBE porque la señalización y el territorio ya no tienen un respaldo normativo válido.

Con ese triple varapalo, la justicia ha dado la razón a la AEA en todas las instancias.

El Ayuntamiento de Madrid mantiene un cobro masivo de sanciones que la justicia ya ha declarado nulas, a pesar de las sentencias en contra.

¿Cuánto dinero está en juego y quién lo exige?

Hablamos de más de tres millones de multas que, según cálculos de la AEA, suman casi 700 millones de euros en recaudación. La mayoría ya han sido cobradas, y la asociación exige la devolución íntegra de las cantidades indebidamente percibidas.

La presión judicial no ha cesado: hace apenas unos días, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM acordó abrir una pieza separada para tramitar la ejecución forzosa de la sentencia de septiembre de 2024. El tribunal concede un plazo improrrogable de veinte días al Ayuntamiento y al resto de partes para presentar alegaciones. La AEA ha solicitado, además, que se archiven de inmediato todas las sanciones pendientes y se paralicen embargos y recargos.

ZBE Madrid Motor16

La postura de Martínez-Almeida y del Ayuntamiento

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su equipo se aferran a una interpretación restrictiva: aseguran que la anulación solo afecta a las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (Distrito Centro y Plaza Elíptica), no al resto de Madrid ZBE. Argumentan que las multas se impusieron bajo una normativa entonces vigente y que la sentencia no era firme en el momento del cobro.

Para el presidente de la AEA, Mario Arnaldo, esa postura «proyecta una imagen de administración tramposa». La asociación insiste en que, según la jurisprudencia consolidada, la nulidad es total. La tensión, mientras tanto, sube.

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Información útil para el conductor

  • Base legal: Las sanciones se amparaban en la Ordenanza de Movilidad de Madrid, cuyo artículo 21 quedó vacío de contenido al anular el TSJM los anexos territoriales.
  • Sanción: El importe medio de las multas impuestas ronda los 200-250 euros. La AEA reclama la devolución íntegra de los casi 700 millones recaudados.
  • Consejo: Si recibiste una multa de la ZBE de Madrid después de septiembre de 2024 y aún no has pagado, o la abonaste bajo protesta, consulta con un servicio de defensa del automovilista para valorar la reclamación.
  • Curiosidad: A diferencia de otras capitales con zonas de bajas emisiones, donde los recursos han prosperado parcialmente, Madrid se enfrenta a una anulación total de su ordenanza anterior, lo que sienta un precedente administrativo y judicial.