La ofensiva judicial contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se intensifica. Esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado el inicio de la ejecución forzosa de la sentencia que declaró nulas las restricciones en la capital, mientras Vox anuncia un nuevo paquete de recursos contra siete municipios del área de Barcelona. La cascada de fallos que anulan temporalmente estas áreas por toda España pone en jaque un modelo que los partidarios de la movilidad sostenible defienden y sus detractores califican de peajes clasistas.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: Los tribunales están tumbando las ZBE por falta de justificación técnica y por discriminar a los hogares con menos recursos, lo que podría llevar a la eliminación de restricciones en varias ciudades.
- Cómo te afecta: Si las sentencias se ejecutan, podrían suprimirse millones de multas ya impuestas y se permitiría circular sin etiqueta ambiental en zonas que hoy están restringidas.
- Puntos clave y plazos: El TSJM ha ordenado ejecutar la anulación de la ZBE de Madrid, con 3,5 millones de sanciones en el aire. Vox recurrirá las ZBE de Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat en los próximos meses.
El efecto dominó de las sentencias contra las ZBE
El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) ya advirtió hace más de un año que las ZBE “tenían los días contados”, según recoge la publicación especializada Autopista.es. El detonante fue la decisión de Francia de anular todas las limitaciones de tráfico por considerarlas discriminatorias contra las rentas bajas, un espejo en el que ahora se miran los tribunales españoles.
En nuestro país, una cadena de hasta 13 sentencias ha anulado temporalmente las ZBE de ciudades como Barcelona, Madrid, Gijón, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besós, Segovia y Ávila. La maraña judicial se ha complicado aún más: esta misma semana, el TSJM daba el paso de ordenar la ejecución forzosa de la nulidad de la ZBE de Madrid ante la pasividad del Ayuntamiento, lo que podría suponer la eliminación de más de 3,5 millones de multas impuestas.
Uno de los precedentes más sólidos lo ha marcado Vox. Hace solo unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló contra la ZBE de Málaga tras un recurso del partido, argumentando que vulneraba el principio de libertad de empresa y de unidad de mercado. Ese argumento podría replicarse en otros litigios vigentes.
Vox anuncia una ofensiva judicial en siete ciudades catalanas
La formación política ha confirmado que llevará a los tribunales las ZBE de Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat. Joan Garriga, presidente provincial del partido y portavoz en el Parlament, y Gonzalo de Oro-Pulido, líder municipal en Barcelona, calificaron las restricciones de “limitaciones sectarias” que vulneran la libertad de movilidad.
La formación sostiene que las ZBE actúan en la práctica como un peaje que penaliza a los trabajadores sin recursos para renovar su vehículo.
El argumentario de Vox se apoya en el impacto económico de las restricciones sobre las rentas más bajas y en la falta de “justificación técnica y socioeconómica” de las ordenanzas municipales. Además, el partido ha puesto la mira en el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), uno de los más ambiciosos de España: prevé la desaparición de los vehículos de combustión en 2030 y el veto a los coches con etiqueta B a partir de 2028 en los 36 municipios que integran el área metropolitana.
Los recursos contencioso-administrativos suponen el salto de la vía administrativa a la judicial, después de que las enmiendas previas fueran rechazadas por los ayuntamientos.
Contexto: de la anulación francesa al laberinto legal español
El embrollo judicial en torno a las ZBE no es nuevo. En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya tumbó en 2022 la primera gran ordenanza de Barcelona tras estimar los recursos de plataformas civiles y empresariales. A principios de 2026, sin embargo, el mismo tribunal avaló la nueva ordenanza una vez corregidos los defectos. Ahora, la iniciativa de Vox abre un nuevo frente que podría reeditar la inseguridad jurídica.
Mientras los tribunales españoles siguen acumulando fallos, Francia ya despejó el camino al considerar que las ZBE penalizaban a los hogares de bajos ingresos. El goteo de sentencias en nuestro país, unido a la presión política, deja el futuro de las restricciones en el aire. Como recordaba el RACVN, “por rectificación política o, más probablemente, por la vía judicial, las Zonas de Bajas Emisiones tienen los días contados”.
