El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que eleva las cuantías de las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a las personas afectadas por accidentes de tráfico establecidas en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor.
Según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con esta modificación «se refuerzan y mejoran de forma generalizada los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico y supone un incremento de las indemnizaciones en beneficio de las víctimas y perjudicados, especialmente para los lesionados más graves».
La ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro establece la hipótesis de cálculo para las cuantías de las indemnizaciones en accidentes de tráfico. En el caso de las básicas es automática pero para los lesionados más graves se necesita una actualización periódica. Esta es la que aborda este nuevo real decreto, de forma que adapta las cuantías a la evolución socioeconómica, «incluyendo la necesaria reparación económica justa de las víctimas», explica el Ejecutivo.
Un sistema «muy protector» de indemnizaciones por accidentes
Por otro lado, se incrementan también las indemnizaciones por lucro cesante, es decir las cantidades que ha dejado de percibir una persona como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados por el accidente en el desempeño de su actividad diaria.
En este caso, se elevan las cuantías que percibirían tanto las personas que dependen económicamente de la víctima en caso de fallecimiento en accidente de tráfico (cónyuge, hijos, padre, hermanos, abuelos, nietos y allegados), como las que recibiría el propio lesionado si el accidente le causara incapacidad permanente. También se actualizan e incrementan las indemnizaciones en caso de necesidad, cuando el accidentado requiera la ayuda de terceras personas como consecuencia del siniestro.
Con estas modificaciones se actualiza el sistema de indemnización a las víctimas de tráfico, que en España se fija a través de un método de valoración de carácter legal (baremo), «muy protector de las víctimas, con la participación de una Comisión de Seguimiento en la que están todas las partes implicadas, con especial presencia de las asociaciones de víctimas y es una referencia a nivel internacional», subraya el Gobierno.
