Solo seis de los veintitrés municipios catalanes con zona de bajas emisiones multan de forma eficaz, según un informe de la Sindicatura de Comptes de Cataluña. La aplicación real de las multas ZBE está muy por debajo de la normativa aprobada.
Cataluña tiene una de las normativas más estrictas de España en zonas de bajas emisiones, con un calendario fijado por la Generalitat. Sin embargo, el control oficial revela que la capacidad sancionadora no acompaña a las restricciones.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: la Generalitat ha aprobado una de las normativas más estrictas de España en zonas de bajas emisiones, pero su aplicación sancionadora es limitada.
- Cómo te afecta: puedes recibir una multa de ZBE en un municipio que apenas tramita o cobra sanciones, lo que abre dudas sobre la solidez del expediente.
- Puntos clave y plazos: Badalona mantiene la moratoria de sanciones hasta el 1 de enero de 2027; las restricciones a la etiqueta B se endurecen en 2028.
El mapa real de la aplicación de las multas ZBE
Cataluña cuenta ya con 38 áreas de protección medioambiental con restricciones al tráfico. Veintitrés corresponden a poblaciones de más de 50.000 habitantes y quince a localidades de entre 20.000 y 50.000. El Plan de Calidad del Aire Horizonte 2027 aprobado por el Parlament fija un calendario: las 23 grandes ciudades deberán limitar desde 2028 también a los vehículos con la etiqueta B de la DGT.
De las 23 grandes ciudades con Zona de Bajas Emisiones, solo 6 de los 23 municipios aplican multas ‘de forma eficaz’. La Sindicatura de Comptes identifica a Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y Viladecans, todas en el área metropolitana de Barcelona.
El resto de las capitales catalanas de mayor tamaño, incluidas algunas con ordenanza aprobada, no estarían ejerciendo una actividad sancionadora real, según el análisis.
Una multa de zona de bajas emisiones solo es sólida si el ayuntamiento ha aprobado, notificado y ejecutado bien su ordenanza; cuando eso falla, conviene revisar la sanción.
Barcelona es, con diferencia, el municipio más activo: entre el 22 de febrero de 2023 y el 31 de marzo de 2026 impuso 261.870 sanciones. Sant Cugat registró 9.568 multas en el mismo análisis. El resto de municipios se queda en cifras mucho más bajas.
Sin embargo, sancionar no equivale a cobrar. La ciudad de Barcelona solo consigue cobrar un 23% del importe total de las multas impuestas, según la Sindicatura. La recaudación efectiva ronda los 3 millones de euros anuales, cuando el valor de las sanciones debería estar entre 12 y 18 millones.
Entre las causas de esa pérdida figuran insolvencias, anulaciones por prescripción, fallecimientos de infractores y errores en la tramitación. El informe concluye que ‘no siempre había una correspondencia directa entre las sanciones impuestas y los importes cobrados’.
Por qué muchos ayuntamientos no sancionan
La fiscalización apunta a varias razones. La proximidad de las elecciones municipales de 2027 ha llevado a algunos consistorios a buscar vericuetos legales para eximir a los vecinos de las multas. También hay discrepancias políticas entre los partidos que gobiernan en coalición.
El contexto político pesa. A falta de ocho meses para las elecciones municipales de 2027, imponer multas masivas a los propios vecinos es una decisión impopular. El informe recoge que algunos ayuntamientos buscan fórmulas jurídicas para evitar o retrasar la sanción.
El informe señala directamente a Badalona, Granollers, Lleida, Mollet del Vallès y Terrassa por no imponer ninguna multa en sus Zonas de Bajas Emisiones. Badalona es el caso más llamativo: ha aprobado una moratoria de las sanciones hasta el 1 de enero de 2027.
La actitud de estos ayuntamientos choca con el Ministerio de Transportes, que exige sancionar en las ZBE si quieren acceder a las ayudas estatales al transporte público. Por eso la Sindicatura de Comptes ha decidido fiscalizar de forma específica la gestión de estas multas.
Qué hacer si recibes una multa de ZBE
El informe no dice que todas las sanciones sean nulas ni que las restricciones dejen de aplicarse. Lo que demuestra es una aplicación desigual. Si tu multa llega con datos incorrectos, sin la notificación adecuada o procede de un municipio con una ordenanza imprecisa, puede tener recorrido de recurso.
Conviene revisar siempre el importe, la fecha, el vehículo identificado y el artículo municipal que se cita en la denuncia. La diferencia entre pagar con pronto pago o recurrir es relevante, sobre todo si el expediente arrastra errores formales o ha prescrito.
La foto típica es la de un conductor que cambia de municipio y se encuentra con que la infracción que en Barcelona es sancionada en Terrassa no se multa. Esa disparidad no garantiza la impunidad, pero obliga a comprobar cada caso.
Las zonas de bajas emisiones restringen el acceso a los vehículos según su distintivo ambiental de la DGT. Los coches sin etiqueta son los primeros excluidos, y en Cataluña el siguiente escalón previsto es la etiqueta B a partir de 2028.
Los datos de Barcelona aportan la escala del problema: 261.870 multas en algo más de tres años, pero una recaudación de solo el 23%. En dinero absoluto, eso deja sin cobrar la mayor parte de un montante que oscila entre 12 y 18 millones de euros.
Si el ayuntamiento no ha aprobado la ordenanza correctamente o no ha publicado el perímetro de la zona restringida, la sanción puede tener vicios de nulidad. Ese es el flanco que conviene revisar antes de pagar.
La Sindicatura de Comptes no es un tribunal y no anula multas, pero su fiscalización puede derivar en recomendaciones y en una mayor vigilancia sobre los consistorios. Para el conductor, lo importante es que la validez de cada sanción depende de la ordenanza municipal y de su correcta tramitación.
En resumen, el escenario actual no es de multas masivas, sino de desigualdad territorial. La misma ZBE puede ser papel mojado en una ciudad y un riesgo económico real en otra.
