La Zona de Bajas Emisiones de Málaga ha acumulado 35.257 denuncias en sus primeros seis meses de régimen sancionador, según datos oficiales del Ayuntamiento. La cifra, que equivale a unas 1.400 multas semanales, refleja la envergadura de una medida que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dejado en el aire al anular el sistema de sanciones por considerar que discrimina a los conductores foráneos.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: el TSJA ha tumbado el régimen sancionador de la ZBE malagueña por vulnerar los principios de igualdad, libre circulación y libre mercado, un fallo que puede sentar precedente en otras zonas de bajas emisiones.
- Cómo te afecta: las multas se siguen tramitando mientras el Ayuntamiento prepara un recurso de casación ante el Supremo. Si el fallo se consolida, los ciudadanos sancionados podrán reclamar la devolución del dinero.
- Puntos clave y plazos: las sanciones ascienden a 200 euros (100 si se abonan por pronto pago) y no retiran puntos. Actualmente solo se multa a los vehículos sin distintivo ambiental cuyo impuesto de circulación esté domiciliado fuera de Málaga capital, pero a finales de 2026 la prohibición se ampliará a los coches con etiqueta B.
El aluvión de multas en la ZBE de Málaga
La respuesta oficial del Consistorio, facilitada al grupo municipal Con Málaga, desglosa las 35.257 denuncias tramitadas por la Policía Local entre el 30 de noviembre de 2025 y la misma fecha del presente año. Solo hasta el 1 de febrero se habían contabilizado 11.712, y desde entonces se han sumado otras 23.745. El promedio semanal ronda las 1.400, con un pico de 1.652 el 9 de febrero.
La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado que las sanciones están generando una recaudación estimada entre 3,5 y 7 millones de euros, según se abone la multa reducida o la completa. Morillas exige que ese dinero se destine íntegramente a la construcción de los 5.000 aparcamientos disuasorios prometidos por el alcalde De la Torre en 2023 —de los que aún no se ha creado ni una sola plaza— y a la renovación de la flota de la EMT para garantizar un transporte público eficaz.
La sentencia del TSJA no cuestiona la ZBE en sí, sino la desigualdad de trato: multa a los de fuera, pero deja a los malagueños circular sin sanción durante cinco años.
Por qué el TSJA ha tumbado las sanciones
El fallo del tribunal andaluz, dictado tras un recurso de Vox, entra de lleno en el régimen sancionador de la ordenanza municipal. El TSJA considera que multar exclusivamente a los vehículos con el impuesto de circulación fuera de la capital vulnera los principios constitucionales de igualdad, libre circulación de personas y unidad de mercado. La sentencia no cuestiona la medida ambiental ni su tramitación, pero declara ilegal la distinción entre conductores locales y foráneos.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Málaga mantiene activa la ZBE y sigue tramitando denuncias. La corporación rechazó las propuestas de Vox y Con Málaga para suspender inmediatamente las sanciones, alegando que no puede actuar de otra manera hasta que la situación judicial sea firme o se modifique la ordenanza. Ahora estudia recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, aunque un elevado porcentaje de estos recursos suelen ser inadmitidos.
¿Qué pasará con las multas ya pagadas?
El escenario de inseguridad jurídica es creciente. Si el Consistorio no logra tumbar el fallo, podría verse obligado a devolver el importe de todas las sanciones recaudadas hasta la fecha. Toni Morillas ha advertido de que la sentencia abre la puerta a numerosas reclamaciones por parte de los conductores afectados, y subraya que la recaudación estimada —entre 3,5 y 7 millones— debería emplearse en compensar las carencias de movilidad sostenible en lugar de engrosar las arcas municipales.
Mientras tanto, el efecto disuasorio de las multas ha reducido en 25.000 el número de coches que circulan diariamente por el área central, según los aforos oficiales. La cifra demuestra la eficacia de la ZBE en términos de tráfico, pero el embrollo jurídico amenaza con convertir lo que iba a ser un instrumento de mejora ambiental en un litigio millonario.
