Más de 35.000 conductores han sido multados en seis meses por entrar en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga sin el distintivo adecuado. Mientras, el futuro de la ordenanza que regula esos accesos sigue en el aire: el Ayuntamiento sopesa un recurso de casación que retrasa al menos medio año la decisión definitiva, y los tribunales tardarán probablemente hasta un año en pronunciarse si el asunto escala al Supremo. Ni los conductores empadronados fuera de la capital ni los propietarios de vehículos con etiqueta B saben todavía si podrán circular por el centro a partir de noviembre.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: La batalla judicial sobre la ZBE de Málaga puede cambiar las reglas de acceso y las sanciones para miles de coches y motos.
- Cómo te afecta: Si tu vehículo no tiene etiqueta ambiental o tiene etiqueta B, y no estás empadronado en Málaga capital, la ordenanza actual te prohíbe entrar al centro y te expone a multas de 200 euros.
- Puntos clave y plazos: La aclaración de la sentencia del TSJA podría conocerse en septiembre; el recurso de casación tardará entre seis meses y un año en resolverse. Mientras, el Ayuntamiento mantiene las sanciones y ya ha emitido 35.257 denuncias.
La sentencia del TSJA que puso en jaque la ordenanza
La Zona de Bajas Emisiones de Málaga se regula desde finales de 2025 con un calendario progresivo que, a partir del 30 de noviembre, vetará también el acceso a los vehículos con etiqueta B (diésel anteriores a 2015 y gasolina anteriores a 2006) que no estén empadronados en la capital. La medida, sin embargo, fue recurrida por Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La sala estimó parcialmente el recurso y declaró que la ordenanza municipal crea un agravio entre los residentes empadronados y los del resto de la provincia, porque a los primeros no se les restringe el acceso mientras a los segundos sí, en función de la etiqueta medioambiental de su vehículo, aunque circulen por las mismas calles.
La sentencia del TSJA, conocida este verano, anula la parte de la ordenanza que permite sancionar exclusivamente a los vehículos de fuera del municipio, por considerarla contraria a los principios de igualdad, libre circulación y libre mercado, recogidos en la Constitución y en normas europeas. No obstante, la resolución no afecta a la existencia misma de la ZBE, sino a la discriminación en el régimen sancionador. Por eso, mientras el Ayuntamiento no modifique la normativa, las multas siguen cayendo: el área de Movilidad mantiene activos los controles automatizados y ya ha notificado 35.257 denuncias en los primeros seis meses de régimen sancionador, según datos oficiales facilitados al grupo municipal Con Málaga.
Recurso de casación: un año más de incertidumbre
El equipo de gobierno municipal ha solicitado una aclaración de la sentencia al TSJA, un trámite que no entra en el fondo pero permite corregir erratas o conceptos que puedan inducir a error. Ese paso, habitual en este tipo de litigios, detiene el plazo para presentar otros recursos. Con agosto —mes inhábil— ya iniciado, la aclaración no llegará como mínimo hasta septiembre. A partir de ahí, el Ayuntamiento tendrá 30 días hábiles para decidir si formula un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Si el Consistorio decide recurrir —todo apunta a que lo hará—, la tramitación de la casación ante el Supremo suele demorarse entre seis meses y un año, según fuentes jurídicas consultadas por Diario Sur. Durante ese tiempo, la ordenanza actual sigue vigente y se continúan imponiendo multas. «El recurso de casación detiene el plazo para presentar otros recursos, pero no suspende automáticamente la ejecutividad de la sentencia», recuerdan los expertos. En otras palabras, las cámaras de la ZBE seguirán fotografiando matrículas y generando sanciones hasta que haya un pronunciamiento firme.
Más de 25.000 coches al día han dejado de circular por el centro desde que se activaron las sanciones, según los aforos municipales.
Qué pasa con las 35.257 multas ya impuestas
Las denuncias emitidas hasta ahora corresponden a vehículos sin etiqueta ambiental (los más antiguos) que pagan el impuesto de circulación en un municipio distinto al de Málaga capital. El importe de cada sanción es de 200 euros, que se quedan en 100 euros si se abonan en los 20 días siguientes y no acarrean pérdida de puntos. Con esos números, la recaudación mínima en seis meses se sitúa en 3,5 millones de euros; la máxima podría rozar los 7 millones si todos los infractores pagaran la totalidad.
Los grupos municipales de Vox y Con Málaga han pedido que se dejen de cobrar las multas de inmediato, argumentando que la sentencia del TSJA crea una situación de inseguridad jurídica y un perjuicio económico para los sancionados y para la propia Administración, que podría enfrentarse a una oleada de recursos. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido mantener el régimen sancionador mientras se resuelven los recursos. No existe, hasta la fecha, una orden del tribunal que obligue a suspender las sanciones.
El precedente de otras ZBE y lo que puede pasar
Málaga no es la primera ciudad cuya ZBE acaba en los tribunales. Madrid y Barcelona también vieron recursos contra sus ordenanzas, aunque en esos casos los fallos acabaron imponiendo ajustes más limitados. La diferencia aquí es que la discriminación entre empadronados y no empadronados es el núcleo de la anulación. Si el Supremo confirma el criterio del TSJA, otros municipios que aplican distinciones similares —bonificaciones fiscales o excepciones para residentes— podrían verse forzados a modificar sus normas. El principio de igualdad es de aplicación general y la sentencia, aunque referida a Málaga, sienta un precedente incómodo.
Mientras tanto, los conductores seguirán en vilo. Si el recurso de casación prospera, la decisión definitiva se alejaría hasta mediados de 2027 o incluso más. Y, hasta entonces, cualquiera que entre en el centro de Málaga con un coche sin etiqueta o con etiqueta B (si no es residente) se arriesga a ser sancionado, con la posibilidad añadida de que luego los tribunales declaren nulas esas multas. Un escenario que algunos juristas califican de «auténtico caos administrativo».
