La puesta en marcha del radar R-120 en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga ha supuesto un aluvión de sanciones: más de 35.000 multas de 200 euros desde su activación en diciembre de 2025, según los datos de la Policía Local. La señal, que prohíbe el acceso a los vehículos sin la etiqueta ambiental B de la DGT, ha generado una recaudación que podría alcanzar los siete millones de euros en apenas medio año, una cifra que ha encendido la polémica en la ciudad.
Qué es la señal R-120 y a quién afecta en Málaga
La señal R-120, de prohibición de acceso a vehículos en función de su clasificación ambiental, es la herramienta con la que los ayuntamientos delimitan el perímetro de las Zonas de Bajas Emisiones. En Málaga, esta señal se instaló el pasado diciembre junto a los accesos al centro y exige que el vehículo disponga al menos de la etiqueta B —el distintivo verde que identifica a los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y a los diésel desde enero de 2015—. Cualquier vehículo con una clasificación ambiental inferior (etiqueta C o sin distintivo) que pase bajo la señal R-120 se enfrenta a una multa de 200 euros.
La Ordenanza de Movilidad de Málaga establece esta restricción como parte de su plan de calidad del aire, aprobado por el anterior equipo de gobierno local. Según los datos recabados por la Policía Local, los dos momentos en los que más denuncias se han tramitado fueron diciembre de 2025 y marzo de 2026, coincidiendo con las campañas de refuerzo de la vigilancia y la falta de conocimiento de muchos conductores que aún no habían solicitado el distintivo ambiental.
Más de 35.000 multas y hasta siete millones de euros en solo seis meses
La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha confirmado que «son más de 35.000 denuncias en apenas seis meses» y ha pedido la suspensión del régimen sancionador. La recaudación estimada oscila entre 3,5 y 7 millones de euros, una cantidad que, a juicio de la formación, debería destinarse íntegramente a medidas de movilidad sostenible, como la construcción de los 5.000 aparcamientos disuasorios prometidos por el PP en 2023 o la renovación de la flota de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
«Con esos millones de euros se podrían poner en marcha de manera urgente esos aparcamientos disuasorios, se podría abordar una renovación de la flota de la EMT, de manera que los barrios de la ciudad y especialmente los principales accesos de la ciudad por la zona este, por la zona norte y por la zona oeste estén conectados con una red de transporte público colectivo que sea una alternativa eficaz al uso del vehículo privado», ha apuntado Morillas. La oposición insiste además en que la situación de inseguridad jurídica generada por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aconseja paralizar las sanciones hasta que se clarifique el marco normativo.
Más de 35.000 multas en seis meses demuestran que la ZBE de Málaga se ha convertido en una fuente de recaudación millonaria mientras miles de conductores siguen sin alternativa real al vehículo privado.
La controversia legal y el futuro de la ZBE de Málaga
El eco de la sentencia del TSJA ha alimentado la incertidumbre sobre la validez del régimen sancionador del radar. El fallo, según fuentes municipales, cuestionaba algunos aspectos de la ordenanza de movilidad de la ciudad, aunque no suspendía automáticamente las multas. Aun así, Con Málaga y otras fuerzas políticas piden que la ZBE se condicione a la puesta en marcha de los aparcamientos disuasorios y que se introduzca una disposición transitoria que paralice las denuncias mientras no existan alternativas de transporte público. De momento todo está en proceso judicial (más información).
Por el momento, el Ayuntamiento no ha anunciado cambios en la señal R-120 ni en el calendario de sanciones. Mientras tanto, los conductores que circulen por el centro de la ciudad sin la etiqueta B seguirán siendo multados con 200 euros —importe que puede reducirse a la mitad en pronto pago—. La recomendación para quien aún no tenga el distintivo es solicitarlo en cualquier oficina de Correos o en la sede electrónica de la DGT por 5 euros y, si el vehículo no alcanza la clasificación B, estudiar rutas alternativas o aparcamientos periféricos para evitar la sanción.
