El Ayuntamiento de Málaga ha impuesto 35.257 multas en los primeros seis meses de funcionamiento de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto la posibilidad de que los conductores recuperen ese dinero. La sentencia, que declara ilegal la ordenanza por discriminar a los vehículos no empadronados en la capital, ha creado un embrollo jurídico que el consistorio aún no ha resuelto: recurrir al Tribunal Supremo o modificar la norma para incluir también a los coches locales.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: El TSJA ha anulado la ZBE al considerar que sancionar solo a los vehículos foráneos vulnera los principios de igualdad y libre circulación.
- Cómo te afecta: Si has pagado una multa por entrar con un vehículo sin distintivo ambiental en la zona restringida de Málaga, podrías reclamar la devolución si la sentencia se confirma.
- Puntos clave y plazos: Cada sanción asciende a 200 euros (100 con pronto pago). Por ahora, el Ayuntamiento sigue cobrando y la ZBE permanece activa, aunque la ordenanza deberá modificarse para no discriminar a los vehículos de fuera.
¿Por qué el TSJA considera ilegal la ZBE de Málaga?
La ordenanza municipal, aprobada en 2025, limitaba las sanciones a los coches y motos sin etiqueta ambiental de la DGT que pagaran el impuesto de circulación (IVTM) fuera de Málaga capital. Es decir, los vehículos empadronados en la ciudad quedaban exentos durante al menos cinco años, mientras que los foráneos debían cumplir la restricción desde el primer día.
Esa diferencia ha sido el argumento central del recurso presentado por Vox y que el TSJA ha estimado. La sala considera que la restricción rompe los principios de igualdad y libre mercado, además de obstaculizar la libre circulación de personas. Según la información publicada por Diario Sur, el tribunal no cuestiona los objetivos ambientales de la ZBE, pero sí el mecanismo sancionador por ser discriminatorio.
La sentencia, conocida la semana pasada, no es firme. El Ayuntamiento de Málaga puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque esa vía es compleja: un alto porcentaje de estos recursos no llegan a ser admitidos. En la vecina Cádiz esta es la última hora al respecto.
¿Puedes recuperar el dinero de la multa?
Mientras la situación judicial no se aclare, las multas siguen tramitándose. La Policía Local continúa denunciando a los vehículos que acceden a la ZBE sin el distintivo ambiental adecuado, y el órgano de gestión tributaria (Gestrisam) impone las sanciones. El importe de cada una es de 200 euros, que se reduce a 100 euros si se paga en los 20 días siguientes a la notificación.
Si finalmente el Supremo confirma la anulación de la ordenanza, los conductores tendrían derecho a reclamar la restitución de las cuantías abonadas. El propio consistorio reconoce que, con o sin recurso, la ordenanza deberá ser modificada para incluir a los coches y motos empadronados en Málaga, lo que desactivaría la causa de nulidad actual.
Si la anulación se consolida, miles de conductores podrán reclamar las cantidades pagadas, pero mientras tanto las sanciones no se detienen y el embrollo jurídico se complica.
La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha instado a suspender ya el régimen sancionador y a destinar la recaudación —que podría oscilar entre 3,5 y 7 millones de euros— a la construcción de aparcamientos disuasorios y a la renovación de la flota de la EMT, servicios que, según denuncia, no han avanzado desde 2023.
El incierto futuro de la ordenanza y el posible recurso al Supremo
El Ayuntamiento de Málaga se enfrenta a un escenario en el que la ZBE actual es jurídicamente insostenible. Modificar la ordenanza para incluir a los vehículos locales y eliminar la discriminación parece inevitable, pero ese cambio llevará tiempo. Además, extender las sanciones a los empadronados en la capital elevaría el número de multas y podría generar un coste político.
Los datos de aforos citados por Diario Sur muestran que la ZBE ya ha reducido en 25.000 el número de coches diarios que circulan por el centro, por lo que el consistorio no quiere renunciar a la medida. Sin embargo, la inseguridad jurídica actual podría disparar las reclamaciones de los afectados y, eventualmente, obligar a devolver las sanciones ya cobradas.
El plazo para recurrir al Supremo está abierto y, si se admite el recurso, el proceso podría alargarse más de un año. Mientras tanto, los conductores foráneos que circulen sin etiqueta seguirán siendo multados, y los empadronados en Málaga podrán circular sin problema. Una situación que el TSJA considera ilegal.
