Entrar sin etiqueta ambiental en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga suma ya 35.257 sanciones desde que el pasado 30 de noviembre de 2025 comenzara el régimen sancionador. La multa asciende a 200 euros (100 con pronto pago) y, de momento, solo afecta a los vehículos que pagan el impuesto de circulación fuera de la capital, una discriminación que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a anular la ordenanza.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: la ZBE de Málaga acumula más de 35.000 multas en plena batalla legal, con el TSJA tumbando la norma por discriminatoria.
- Cómo te afecta: si tu coche no tiene distintivo ambiental y está matriculado fuera de Málaga, ya estás pagando 200 euros por acceder al centro; la sentencia abre la puerta a la devolución.
- Puntos clave y plazos: las multas se mantienen pese al fallo judicial, el Ayuntamiento estudia recurrir al Supremo y, a finales de año, la restricción se ampliará a los vehículos con etiqueta B.
35.257 multas en seis meses: la radiografía del régimen sancionador
Los datos, facilitados por el Ayuntamiento al grupo municipal Con Málaga, abarcan el primer semestre de vigencia de las sanciones (de diciembre de 2025 a mayo de 2026). La cifra se desglosa en 11.712 denuncias hasta el 1 de febrero y otras 23.745 desde entonces, con un promedio semanal de 1.400 multas y un pico de 1.652 el 9 de febrero.
Cada infracción asciende a 200 euros, cantidad que se reduce a 100 si se paga en el periodo voluntario de 20 días y no conlleva detracción de puntos del carné de conducir. La recaudación estimada oscila entre 3,5 y 7 millones de euros, dependiendo de cuántos conductores abonen la totalidad o se acojan al pronto pago.
El temor a la sanción ha sacado de las calles del área central 25.000 coches al día, según los aforos oficiales, un dato que demuestra el impacto inmediato de la restricción sobre la movilidad.
El embrollo jurídico: por qué el TSJA ha tumbado la ZBE malagueña
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fruto de un recurso de Vox, no cuestiona la medida ambiental ni su tramitación, pero sí ataca de lleno el régimen sancionador. El tribunal considera que multar solo a los vehículos que pagan el impuesto de circulación fuera de Málaga capital vulnera los principios de igualdad, libre circulación y libre mercado.
La ordenanza municipal, ideada por el Área de Movilidad, eximía durante los cinco primeros años a los vehículos empadronados en la ciudad para permitir a los malagueños agotar la vida útil de sus coches. Esa distinción, ahora anulada, ha generado un escenario de enorme inseguridad jurídica.
La sentencia cuestiona la base de la ordenanza y abre la puerta a que miles de conductores reclamen la devolución de sus multas.
El Ayuntamiento, sin embargo, mantiene activa la ZBE y sigue multando porque el fallo no es firme. Las propuestas de Vox y Con Málaga para suspender de inmediato las sanciones fueron rechazadas en el pleno; el gobierno local argumenta que legalmente no puede hacer otra cosa. Al mismo tiempo, estudia recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, aunque una gran parte de estos recursos se inadmiten, lo que alarga la incertidumbre.
Lo que viene: multas a los vehículos con etiqueta B y la incertidumbre de la devolución
La controversia se agrava porque a finales de 2026 la ZBE se ampliará a los vehículos con distintivo B, el segundo más contaminante. Este calendario, sumado a la sentencia, obligará al Consistorio a modificar la ordenanza para incluir también a los coches de Málaga capital, algo que no estaba previsto hasta dentro de cinco años.
Mientras, crece la presión para que los millones recaudados se inviertan en movilidad sostenible. La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha exigido que el dinero sirva para financiar aparcamientos disuasorios en los accesos este, norte y oeste —las 5.000 plazas prometidas en el programa electoral de 2023 siguen sin construirse— y para renovar la flota de la EMT.
Para el conductor, la situación actual se resume en un aviso: la ZBE de Málaga multa, pese a que la justicia la ha declarado ilegal en su formulación actual. La recomendación de las asociaciones es recurrir cualquier sanción; si el Supremo confirma el fallo y la ordenanza no se corrige, quienes hayan pagado podrían reclamar la devolución con intereses. Mientras, conviene evitar acceder al centro sin distintivo ambiental y seguir de cerca la evolución judicial y normativa, que determinará si los 200 euros de hoy se convierten en una deuda municipal para las arcas locales.
