La etiqueta B en la ZBE sigue teniendo acceso, pero los ayuntamientos ya no pueden declarar una zona de bajas emisiones y dejarla sin aplicar. La multa tipo por entrar sin autorización es de 200 euros.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: el Gobierno ha aprobado la reforma que obliga a los municipios a convertir sus ZBE en zonas realmente restringidas, no en simples delimitaciones sobre el plano.
- Cómo te afecta: si tu coche lleva etiqueta B no hay un veto nacional nuevo, pero aumentan las probabilidades de encontrarte con un control y una sanción si tu ciudad aprieta las restricciones.
- Puntos clave y plazos: aprobada en el Consejo de Ministros del pasado martes y pendiente de publicación en el BOE; multa de 200 euros (100 con pronto pago en 20 días); se aplica a municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y localidades de más de 20.000 con mala calidad del aire.
Qué cambia exactamente con el nuevo decreto
El Consejo de Ministros del pasado martes dio luz verde a la modificación del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, la norma que fija los requisitos mínimos de las zonas de bajas emisiones. La reforma, tramitada como Real Decreto 953/2026, llega a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y responde a las ‘deficiencias detectadas’ en los primeros años de aplicación del texto.
Había ayuntamientos que habían declarado la ZBE para cumplir el expediente y después no habían puesto en marcha ninguna prohibición real. El texto aprobado exige implantar y aplicar los mecanismos que prohíben la entrada de los vehículos más contaminantes al centro urbano, con el objetivo declarado de garantizar mejor calidad del aire.
La norma afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a las localidades de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire. Todos ellos ya estaban obligados desde la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética; lo que cambia ahora es el nivel de exigencia sobre cómo se cumple esa obligación.
Declarar una zona de bajas emisiones ya no basta: si no hay prohibición efectiva y control, el municipio incumple la norma.
A quién afecta: la etiqueta B se queda, de momento, como está
La etiqueta B es el distintivo ambiental que la DGT asigna a los turismos y furgonetas de combustión más antiguos que todavía cumplen los mínimos europeos de emisiones: en términos generales, gasolina matriculados a partir de 2000 y diésel a partir de 2006. Es el escalón inmediatamente superior a los coches sin distintivo, los primeros que suelen quedar fuera de las restricciones.
Ningún artículo del texto aprobado incluye un listado estatal de vehículos prohibidos ni un veto nuevo sobre la etiqueta B. Lo que hace la reforma es obligar a que esa discriminación por emisiones exista y se aplique de verdad. El resultado práctico, hojeando las ordenanzas que ya están en vigor, es este:
- Los coches sin distintivo ambiental son los primeros que quedan fuera del perímetro restringido.
- La etiqueta B mantiene el acceso salvo que el ayuntamiento en cuestión decida lo contrario en su ordenanza.
- Las etiquetas C, ECO y Cero no se ven afectadas por esta reforma.
Ahí está el matiz que explica el ‘por ahora’ del titular. Un coche con etiqueta B puede circular hoy por la mayoría de ZBE españolas; lo que no puede es dar por hecho que seguirá haciéndolo. Cuando un municipio revise su ordenanza para cumplir el decreto, el límite puede moverse.
Cuánto cuesta la multa y quién te la pone
Circular por una ZBE sin autorización se considera infracción grave en la Ley de Tráfico. La sanción habitual es de 200 euros, que se quedan en 100 euros si se paga en los 20 días naturales siguientes, el conocido como pronto pago. No lleva aparejada pérdida de puntos.
Quien multa es el ayuntamiento, a través de su policía local o de los agentes de movilidad, y cada vez más consistorios usan cámaras de lectura de matrículas para controlar los accesos. La cuantía no cambia de una ciudad a otra, pero sí el procedimiento y la forma de recurrir: la sanción se tramita por vía municipal, no por la DGT.
Conviene distinguir con precisión qué es obligatorio y qué es solo recomendación. El decreto obliga a los ayuntamientos a tener medidas efectivas; las campañas de concienciación, los avisos previos o las recomendaciones de usar el transporte público no son sancionables por sí mismos. Lo que se multa es la entrada sin autorización en una zona restringida.
El pulso con los ayuntamientos: A Coruña y el mapa desigual
La primera reacción municipal relevante ha llegado desde A Coruña. Su alcaldesa, Inés Rey, ha asegurado que el gobierno local no aplicará más restricciones ‘más allá de la zona de La Marina y la Ciudad Vieja’ ni ‘va a sancionar’ por tipo de vehículo. Su argumento: la calidad del aire es buena y ‘la multa no es la solución’.
El caso gallego dibuja el escenario que viene. El Estado fija un suelo común, pero son los plenos municipales quienes deciden el perímetro, los vehículos excluidos, las exenciones y el calendario. Por eso una zona de bajas emisiones puede significar cosas muy distintas según la ciudad en la que aparques.
Antes de la reforma, el Real Decreto 1052/2022 ya fijaba requisitos mínimos, pero se quedaba corto en la parte de control. La modificación llega para cerrar ese hueco, no para homogeneizar las reglas: no habrá dos ciudades con el mismo listado de coches admitidos.
El siguiente hito es la publicación del texto en el BOE y, después, la revisión de las ordenanzas municipales. Ahí es donde se concretará si tu etiqueta B sigue entrando o si tu ciudad aprovecha para endurecer el acceso. Merece la pena tener el boletín municipal a mano: es la única fuente que dirá, con nombres y matrículas, qué coche puede pasar.
