La polémica ley antitabaco del año 2010 vino a definir en que lugares se prohibía fumar y las medidas que se debían adoptar por los suministradores de servicios públicos y privados, para remodelar los espacios permisivos y los que no. Después de estar aparcada durante diez años y tras la experiencia de una pandemia, en la que fumar ha sido una actividad nocivamente efectiva de transmisión del virus, surge en la administración, la idea de una modificación y/o ampliación a estas medidas coercitivas.
2¿Un mare magnum científico, político, legal o ético?
Con los principios claros y establecidos la polémica puede intuirse y revelarse e incluso entenderse desde las siguientes consideraciones; que el tabaco es perjudicial para el fumador y los pasivos acompañantes o el entorno y está mas que demostrado. Una segunda premisa, que viene a fijar la voluntad por parte de las administraciones y políticos de combatir el tabaquismo, es la obligación de salvaguardar la salud como bien jurídico y de derecho.
En tercer lugar, que la mera estimación de distracción por el acto de fumar en el coche, pueda justificar subjetivamente a un agente de trafico, para expedir una sanción sobre un conductor, no es motivo suficiente para prohibir el uso del cigarrillo. Si así de trágico y evidente fuese en los índices de siniestralidad, ya se habría prohibido.
Y por ultimo, el hecho de que se han de valorar los efectos adversos que en política de derechos y libertades puede ocasionar sobre los habituales consumidores de tabaco, incluida la consideración de enfermedad cronicodependiente y su tratamiento adecuado.
