El Tribunal Supremo alemán (BGH) ha frenado este martes la demanda colectiva que más de 3.000 empresas de transporte habían interpuesto contra los grandes fabricantes implicados en el cártel europeo de camiones. El motivo: los aproximadamente 70.000 expedientes individuales que acumulaba la reclamación hacían inviable que un solo tribunal pudiera resolverla en un plazo razonable.
Un macroproceso con 70.000 historiales que desborda la justicia
La Sala de Defensa de la Competencia del BGH, con sede en Karlsruhe, declaró inadmisible la demanda colectiva impulsada por una empresa de cobros que aglutinaba más de 3.000 transportistas. Según la cobertura alemana de BR24, la cifra de vehículos afectados ronda los 70.000 camiones, y el valor total de la reclamación ascendió originalmente a unos 500 millones de euros.
El alto tribunal reconoció que, en principio, un servicio de gestión de créditos puede agrupar reclamaciones por daños derivados de prácticas anticompetitivas. Sin embargo, en este caso la magnitud y complejidad de los expedientes convertían el pleito en un gigante procesal que ningún juez podría despachar en tiempo útil: los cálculos internos del BGH estimaban que un solo magistrado necesitaría alrededor de 38 años para examinar a fondo todos los casos.
Como consecuencia, el Supremo devuelve ahora la causa al Tribunal Superior Regional (OLG) de Múnich, que deberá examinar de nuevo la validez del acuerdo de financiación del proceso y, si lo considera válido, obligar al demandante a articular las pretensiones en varios procedimientos separados, en lugar de en un único macroproceso.
El ‘cártel de los camiones’ y una multa que rozó los 3.000 millones
El escándalo destapado en 2011 sigue coleando en los tribunales europeos. Los fabricantes Daimler, MAN, Volvo/Renault, Iveco y DAF mantuvieron durante años acuerdos ilícitos para fijar precios y para repercutir de forma coordinada los sobrecostes derivados del cumplimiento de las nuevas normas de emisiones. La Comisión Europea impuso entonces sanciones que sumaron casi 3.000 millones de euros, aunque la filial de Volkswagen, MAN, quedó exenta por acogerse al programa de clemencia como testigo clave.
El perjuicio económico a los compradores generó una ola de reclamaciones de daños y perjuicios. Miles de transportistas, entre ellos las 3.000 empresas agrupadas en esta demanda, optaron por ceder sus derechos a un intermediario de cobro a cambio de una comisión sobre la indemnización final. La estrategia, sin embargo, ha chocado ahora con el límite práctico de los tribunales alemanes para gestionar litigios masivos.
En paralelo, el BGH subrayó la necesidad de proteger los intereses de los compradores originales: el OLG de Múnich tendrá que verificar que la empresa de gestión de cobros actúa realmente en beneficio de los cedentes y no antepone su propia comisión.
Un recorrido judicial que suma ya tres paradas
El peregrinaje de esta demanda colectiva comenzó en 2020, cuando el Tribunal Regional de Múnich la desestimó en primera instancia al entender que la empresa de cobros no estaba legitimada. En marzo de 2024, el OLG de Múnich revocó esa decisión y consideró que la autorización para operar como servicio de créditos amparaba su intervención, por lo que devolvió el caso al tribunal de origen.
Los fabricantes condenados recurrieron entonces en casación, y el expediente llegó al BGH. La resolución conocida este martes anula aquel fallo del OLG y ordena una nueva revisión en Múnich. La clave está ahora en el análisis de la financiación del litigio: si el acuerdo entre los transportistas y el gestor de cobros se ajusta a derecho, las más de 70.000 reclamaciones tendrán que repartirse en varios procesos, poniendo fin al intento de resolverlo todo de una tacada.
Lo que esto significa para España
El fallo del BGH, aunque estrictamente alemán, interesa de cerca a los transportistas españoles porque Iveco, con fuerte presencia en nuestro mercado, fue uno de los fabricantes sancionados por la Comisión Europea. Muchos de los camiones vendidos en España durante el periodo del cártel proceden de las marcas implicadas, y en los últimos años han proliferado las demandas de daños ante los juzgados mercantiles españoles.
La decisión alemana no vincula a los tribunales españoles, pero sí advierte de un riesgo real: las reclamaciones colectivas de gran volumen pueden encallar si no se diseñan de forma que resulten procesalmente manejables. Para los bufetes y fondos que están impulsando acciones similares en España, el mensaje de Karlsruhe es claro: o se trocea el pleito, o se corre el riesgo de que el juez lo declare inadmisible por desproporción.
El dato en contexto
- Origen del dato: sentencia del Bundesgerichtshof (BGH) recogida por la radiotelevisión pública bávara BR24.
- Cifra clave: 70.000 expedientes individuales y unos 500 millones de euros reclamados en origen.
- Por qué se ha hecho viral: el BGH estima que un solo juez necesitaría 38 años para resolver el caso, lo que ilustra la imposibilidad práctica de las macro-demandas de daños por el cártel de camiones.
- Equivalencia europea: la Comisión Europea multó en 2016 a Daimler, MAN, Volvo/Renault, Iveco y DAF con casi 3.000 millones de euros; la agenda de reclamaciones civiles sigue abierta en varios Estados miembros.
