General Motors ha aceptado pagar 12,75 millones de dólares a California tras vender sin consentimiento los datos de localización y comportamiento al volante de cientos de miles de conductores. La sanción, anunciada por el fiscal general Rob Bonta, obliga al fabricante a abandonar una práctica que, según el Departamento de Justicia estatal, violó de forma “patentemente ilegal” la California Consumer Privacy Act y la ley de competencia desleal del estado. La cifra puede parecer modesta para un gigante como General Motors, pero el verdadero golpe está en las restricciones operativas que llegan con ella.
La multa que confirma el nuevo escrutinio de los datos
California acusa a General Motors de canalizar durante años los registros de conducción de sus clientes hacia dos grandes intermediarios: Verisk Analytics y LexisNexis Risk Solutions. La investigación revela que el fabricante obtuvo alrededor de 20 millones de dólares a escala nacional vendiendo esa información, extraída del sistema OnStar integrado en sus vehículos. Lo más grave, según el sumario, es que los propietarios nunca fueron informados de que sus datos acababan en manos de estas compañías, dedicadas a la elaboración de perfiles para aseguradoras. La política de privacidad de GM llegó a afirmar que no vendía ningún dato de localización o conducción y que, si alguna vez compartía algo con fines aseguradores, sería bajo la dirección expresa del consumidor. La realidad era la opuesta.
No es la primera vez que General Motors recibe un correctivo por estas prácticas. En enero de 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) le prohibió compartir datos de localización y comportamiento de conducción durante cinco años. Aquella acción federal precedió al caso californiano, que ahora impone su propio castigo y establece obligaciones adicionales. La acumulación de decisiones apunta a un cambio de paradigma: los reguladores ya no miran hacia otro lado cuando el vehículo conectado convierte la cabina en una fuente de monetización sin consentimiento.
OnStar: la mina de oro que salió cara
El sistema OnStar, presente en millones de modelos de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, ha sido durante años una herramienta de fidelización y servicio. Pero la vertiente de los datos de conducción —aceleraciones, frenadas, patrones de uso, geolocalización— se reveló como un negocio paralelo que, ahora, le cuesta a General Motors mucho más de lo que generó. La sanción incluye la obligación de borrar cualquier registro de conductor conservado en los próximos 180 días, solicitar a Verisk y LexisNexis que eliminen toda la información de origen General Motors y construir un programa interno de privacidad que evalúe, mitigue y documente los riesgos de recolectar datos a través de OnStar.
Además de la multa económica, el fabricante tiene vetada la venta de datos de conducción a agencias de informes de consumo —incluidos los brókeres de datos— durante los próximos cinco años. La medida impide que General Motors transfiera información a terceros que luego alimenten los cálculos de primas de seguro con variables no consentidas. Bonta fue contundente: “El acuerdo de hoy exige a General Motors abandonar estas prácticas ilegales y subraya la importancia de la minimización de datos en la ley de privacidad de California: las empresas no pueden simplemente aferrarse a los datos y usarlos más tarde para otro propósito”.
El caso recuerda a otros episodios recientes, como el de Toyota, cuyos propietarios descubrieron que sus coches estaban hablando con las aseguradoras al ver subir sus tarifas sin explicación. La oleada de denuncias ha hecho saltar las alarmas en varios estados: Arkansas y Nebraska también presentaron demandas contra General Motors el año pasado. La pieza californiana, sin embargo, es la primera gran sanción económica que pone cifras sobre la mesa.
Qué cambia para el resto de fabricantes
El precedente tiene una lectura industrial inmediata. Si la venta de datos de conducción sin consentimiento expreso se convierte en un foco de acciones legales, los márgenes asociados a la conectividad de los vehículos se encogerán. No son migajas: los 20 millones obtenidos por GM dan una idea de un pastel que, repartido entre varios fabricantes, puede suponer varios cientos de millones al año. Ese dinero, hasta ahora, fluía sin transparencia y sin la venia real del conductor, que veía cómo su coche se convertía en un espía a sueldo.
La consecuencia más plausible es que todos los grandes grupos —de Stellantis a Ford, de Hyundai a Volkswagen— aceleren la revisión de sus políticas de privacidad y de los contratos con brókeres como Verisk o LexisNexis. Quien no lo haga se expone a sanciones similares o superiores, sobre todo en la Unión Europea, donde el RGPD ya impone requisitos de consentimiento informado y minimización más estrictos que la normativa federal estadounidense. California ha marcado el camino y el mensaje es nítido: la propiedad del dato generado por un vehículo no es del fabricante por el mero hecho de capturarlo.
Hay un efecto colateral sobre las aseguradoras. Hasta ahora, los perfiles de conducción obtenidos a través de estos canales permitían tarificar con un detalle casi quirúrgico, a menudo sin que el asegurado supiera que su prima reflejaba su estilo al volante. Con el cerco judicial sobre los intermediarios, esas fuentes de información se secan. La paradoja es que la digitalización del seguro de coche prometía primas más justas; en su lugar, ha destapado un agujero de privacidad que ahora los tribunales y los reguladores quieren taponar.
Análisis de Impacto
- El dato de mercado: GM obtuvo 20 millones de dólares vendiendo datos de conducción en Estados Unidos, una cifra que sugiere que la monetización de la conectividad puede representar entre un 1 % y un 2 % del margen operativo de algunos fabricantes. Perder ese flujo —y afrontar sanciones— obliga a repensar el modelo de negocio del vehículo conectado.
- El rumor del paddock industrial: Varios bufetes de abogados especializados en privacidad ya están preparando demandas colectivas contra otros constructores, aprovechando el precedente de California. Si la ola crece, el coste reputacional y financiero podría superar con creces los 12,75 millones que paga ahora GM.
- Nuestro veredicto: La sanción es el síntoma de un cambio estructural. Los fabricantes que no adopten de inmediato políticas de consentimiento expreso y minimización de datos se exponen a riesgos regulatorios en mercados clave. Lo que antes era un ingreso opaco se convierte en una fuente potencial de pérdidas. El coche conectado necesita, por fin, un contrato de confianza con el conductor, no una letra pequeña que vende su intimidad.
