El Gobierno ya exige a los ayuntamientos que sancionen de verdad los incumplimientos en las ZBE. Quien entre en una zona restringida sin etiqueta ambiental tendrá multa, no aviso.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: el Ejecutivo vincula la validez de una zona de bajas emisiones a que tenga un régimen sancionador efectivo, sin periodos transitorios que retrasen las multas.
- Cómo te afecta: si circulas sin el distintivo ambiental por una ZBE, la sanción deja de ser teórica desde el primer día en que la restricción esté en vigor.
- Puntos clave y plazos: afecta a municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a los de más de 20.000 con mala calidad del aire. El texto se aprobó el 3 de noviembre y su aplicación llega con la publicación en el BOE.
Qué cambia exactamente en las zonas de bajas emisiones
El Consejo de Ministros aprobó el martes 3 de noviembre la modificación del real decreto que regula las zonas de bajas emisiones, según la información publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La norma no añade restricciones nuevas. Lo que hace es cerrar el hueco por el que se habían colado muchos consistorios: delimitar la zona, colocar las señales y no multar a nadie.
A partir de ahora, las entidades locales obligadas tendrán que acreditar documentalmente que aplican un régimen sancionador efectivo, y sin periodos transitorios que demoren su puesta en marcha. Es decir, no valdrá anunciar la zona restringida para dentro de dos años y seguir circulando como si nada.
Acreditar significa, en la práctica, tres cosas. Comunicar la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento según el potencial contaminante de cada vehículo. Demostrar que los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento funcionan de verdad. Y recoger en la ordenanza municipal el régimen sancionador que ya prevé la normativa estatal de tráfico.
Una ZBE sin multas es solo una señal de tráfico: el decreto obliga ahora a que la restricción tenga una consecuencia económica real.
La obligación alcanza a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a los de más de 20.000 que superen los valores límite de calidad del aire. En la práctica, eso incluye a las grandes ciudades, su primera corona y los núcleos con niveles de dióxido de nitrógeno por encima de lo que marca la ley.
El ministerio sostiene que el cambio aporta mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias y permite comprobar la eficacia de las zonas restringidas. Esa evaluación podrá servir de referencia para los instrumentos de financiación destinados a la transformación digital y sostenible del transporte urbano, según la misma nota.
Cuánto te puede costar circular sin el distintivo
El real decreto no fija importes. Remite a la normativa estatal de tráfico y, sobre todo, a la ordenanza de cada ciudad, que es la que concreta la cuantía. En las ordenanzas que ya están en vigor, como la de Madrid, el acceso no autorizado a la zona restringida se castiga con 200 euros, que se quedan en 100 si se abonan en los 20 días siguientes: es el pronto pago que ya se aplica a las multas de tráfico.
El castigo es económico: no está previsto que estas infracciones resten puntos del carné. Y hay un matiz que conviene tener claro. La multa no la genera tener un coche viejo, sino circular por el perímetro restringido sin el distintivo o la autorización que exige esa ciudad en ese horario.
El distintivo ambiental es la etiqueta de la DGT que clasifica cada vehículo por sus emisiones (B, C, ECO y Cero) y se solicita una sola vez, por unos 5 euros, en Correos o en la web de la Jefatura de Tráfico. Sin ella, el centro de la mayoría de grandes ciudades queda cerrado. Cada ayuntamiento decide, además, qué etiquetas pueden entrar y en qué franjas horarias, así que lo que vale en Madrid puede no valer en Barcelona.
Lo que aún no está cerrado y cómo van las otras ciudades
La obligación de tener ZBE no nace con este decreto. Viene de la Ley de Cambio Climático de 2021, que fijó 2023 como fecha límite para los municipios de más de 50.000 habitantes. Desde entonces, el mapa español ha avanzado a velocidades muy distintas: Madrid y Barcelona fueron las primeras en instalar cámaras y sancionar, mientras otras ciudades han ido aprobando ordenanzas con plazos largos y excepciones generosas para residentes y vehículos profesionales.
Esa disparidad es, precisamente, lo que el nuevo texto quiere atajar. La lógica es sencilla: si una zona restringida no se controla ni se sanciona, no reduce emisiones y tampoco se puede medir su efecto. Con la modificación, el ayuntamiento que no acredite su régimen sancionador queda retratado ante el ministerio, y su ZBE pierde valor como referencia a la hora de justificar fondos públicos.
- Publicación en el BOE: el texto aprobado el 3 de noviembre debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado; a partir de ahí, la exigencia de sancionar será efectiva.
- Ordenanzas municipales: cada ciudad debe revisar la suya para que la sanción esté tipificada y se aplique sin moratorias.
- Control de accesos: las cámaras y los sistemas de lectura de matrícula dejan de ser un adorno y pasan a ser un requisito que hay que demostrar.
Para el conductor, el resumen es simple. Revisa qué ZBE afecta a tus trayectos habituales, comprueba que tu etiqueta está pedida y, si vives dentro del perímetro, mira si tu ayuntamiento abre registro de residentes. A partir de ahí, circular por el centro sin distintivo será, casi siempre, una multa de 200 euros que se queda en 100 si te das prisa en pagar.
El siguiente hito es la publicación en el BOE y, después, la primera tanda de evaluaciones por parte del ministerio. Ahí se verá qué ayuntamientos han cumplido y cuáles siguen manteniendo una ZBE de escaparate.
