La patronal estadounidense de la automoción ha pedido al Congreso blindar por ley la prohibición de coches conectados chinos antes de que termine esta sesión legislativa.
La carta que pide convertir normas temporales en ley permanente
La Alliance for Automotive Innovation envió esta semana una carta a los legisladores, según adelantó Reuters el 3 de septiembre y recoge Motor1.com, en la que insta a convertir en norma permanente las restricciones vigentes sobre vehículos, software y hardware de origen chino.
La carta no desglosa qué fabricantes la firman. Tampoco fija sanciones ni plazos. La jugada es de calendario: lo que hoy depende del Departamento de Comercio y de la Casa Blanca pasaría a ser ley, con una puerta mucho más difícil de abrir para un futuro Ejecutivo.
De momento, la puerta sigue cerrada. Ningún coche conectado chino se ha vendido aún en Estados Unidos. Las importaciones de vehículos chinos cargan con un arancel del 100% y las normas del Departamento de Comercio ya limitan software y hardware chino en sistemas conectados. Las primeras restricciones de software entran en vigor en 2027; las de hardware, en 2030.
El argumento de seguridad nacional y el dato de las tarifas del 100%
La patronal apunta a dos proyectos en trámite. El primero, H.R. 10158, denominado Automotive National and Economic Security Act of 2026, vincula cualquier tecnología de vehículo conectado a países considerados una amenaza para la seguridad nacional. El segundo, el Connected Vehicle Security Act of 2026, prohibiría vender en el mercado estadounidense a cualquier fabricante participado en más de un 15% por una empresa china.
El argumento central no es técnico ni comercial: es geopolítico. Los vehículos conectados recopilan una cantidad ingente de datos sobre conductores, rutas, , e infraestructuras, y el temor es que la mayoría de los datos no llega a Pekín.
La prohibición no persigue solo una amenaza inmediata: pretende impedir que un futuro Ejecutivo decida que el riesgo ya no existe.
El ángulo económico también pesa. Los eléctricos chinos, con subsidios estatales, podrían subcotizar los precios de los fabricantes locales si el mercado se abriera. Geely, dueño de Volvo, ya ha mostrado en otros mercados cómo funciona esa presión competitiva. Polestar, controlada por Geely, ha dicho que no impugnará la prohibición estadounidense sobre vehículos conectados vinculados a China.
Quién gana y quién pierde si el Congreso blinda la prohibición
La petición de la patronal no arranca de cero. Las restricciones a Huawei y ZTE en 2019, la posterior orden ejecutiva de la Administración Biden sobre vehículos conectados y ahora los aranceles del 100% forman parte de una espiral de tensión tecnológica entre Washington y Pekín. La diferencia es que, por primera vez, la industria instalada en EE UU pide por escrito que el cerco deje de depender del ciclo político.
En Europa el debate se ha gestionado de otra manera. Bruselas ha impuesto aranceles compensatorios a los eléctricos chinos y exige los datos de control de emisiones, pero no ha cerrado la puerta a la conectividad china con una prohibición total. Alemania, con una industria muy expuesta al mercado chino, arrastra ese debate con menos margen de consenso. Estados Unidos, sin esa interdependencia comercial, puede permitirse un bloqueo más abierto.
La lectura industrial es otra. Blindar la prohibición consolida una cadena de suministro occidental y protege a los proveedores locales de software, pero también reduce la presión competitiva que podría acelerar la bajada de precios de los eléctricos en el mercado interior. La patronal defiende el statu quo, no el mercado abierto. Es una decisión coherente en términos de seguridad nacional, aunque supone renunciar de antemano a la competencia que ha obligado a Tesla y a los fabricantes europeos a reaccionar en China. Esa es la apuesta.
El próximo hito será el calendario de comités de la Cámara y el Senado este otoño. Si alguno de los dos proyectos no avanza antes del cierre de la sesión, la ventana se enfriará hasta el próximo Congreso. Y un veto presidencial, llegado el caso, podría tumbar el blindaje en la mesa final.
Análisis de Impacto
- Dato de mercado. El arancel del 100% y las normas del Departamento de Comercio ya impiden de facto la entrada de vehículos conectados chinos; la patronal quiere elevarlo a rango de ley para que no dependa de la Casa Blanca.
- El rumor. En el sector se especula con que algunos proveedores chinos de software están buscando socios locales en México o Canadá para esquivar el cerco, aunque sin confirmación oficial.
- Veredicto. La ley permanente blindaría la cadena de suministro y los datos de los conductores, a cambio de consolidar un mercado menos competitivo en el segmento de vehículos conectados.
