La posibilidad de que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) desaparecieran por decreto se ha diluido en el Congreso. La Comisión Mixta para los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha rechazado este lunes la proposición no de ley de Vox que pedía derogar estas áreas de restricción al tráfico en toda España. Con 32 votos en contra y solo 2 a favor, PSOE y PP han blindado una medida que consideran clave para la salud pública.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: el Congreso ha confirmado el respaldo político mayoritario a las ZBE, alejando el precedente francés que sí las ha derogado.
- Cómo te afecta: las restricciones de circulación para los coches sin etiqueta ambiental siguen en vigor y, según los partidos mayoritarios, se endurecerán progresivamente.
- Puntos clave y plazos: la votación del 22 de junio de 2026 mantiene intacta la obligación de todos los municipios de más de 50.000 habitantes de tener su ZBE activa. No hay plazo de eliminación a la vista.
Qué ha votado el Congreso y qué implica en la práctica
La iniciativa de Vox instaba al Gobierno a revocar la implantación obligatoria de las ZBE que establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El partido de Santiago Abascal las tachaba de “anticonstitucionales” y “un capricho ideológico”. Pero la Comisión Mixta para la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible ha tumbado la propuesta con una mayoría abrumadora: 32 votos en contra y solo 2 a favor, según la nota oficial difundida por el propio órgano parlamentario.
En la práctica, el rechazo significa que ninguna de las ZBE actuales va a desaparecer por decisión del legislativo. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y el resto de ciudades obligadas a tener una zona de bajas emisiones mantienen —y pueden endurecer— sus restricciones. Para el conductor, la multa por entrar en estas áreas sin distintivo ambiental sigue siendo una realidad sancionable.
El debate no es nuevo. Francia, semanas atrás, aprobó una ley en la Asamblea Nacional que deroga sus Zonas de Bajas Emisiones, a falta de la ratificación del Consejo Constitucional. Allí se argumentó que las restricciones “fomentan desigualdades sociales y perjudican a las clases populares”. En España, el argumento no ha prosperado. El PSOE, a través del diputado Daniel Senderos, recordó que la contaminación atmosférica afecta a más de 4 millones de niños según Unicef y que las ZBE son “medidas de salud pública, no cuestiones ideológicas”. El PP, por boca del senador José Manuel Baltar, añadió que eliminarlas supondría “inseguridad jurídica para ciudadanos y ayuntamientos”.
Los tribunales también han puesto el foco, pero sin tumbar el sistema
A la presión política se suman las sentencias judiciales que han anulado temporalmente algunas ZBE por defectos de forma. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló que en Málaga se vulneró la libertad de empresa, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó suspender las multas y embargos desde enero de 2022. Sin embargo, estos reveses no han dinamitado el modelo: las ciudades corrigen los expedientes y las zonas siguen operativas. La Comisión Europea ha recomendado evaluar las “repercusiones socioeconómicas”, pero no ha exigido su eliminación.
El resultado es un mapa de restricciones que se mantiene estable. La votación de hoy refuerza la idea de que, en España, la senda es la opuesta a la francesa. Si en el país vecino las ZBE están a un paso de desaparecer, aquí gozan de un consenso parlamentario que las blinda. Los próximos pasos serán previsiblemente municipales: las ordenanzas de movilidad seguirán ajustando los calendarios de acceso según el distintivo ambiental de la DGT, y la tendencia es que las áreas restringidas se amplíen y se endurezcan los criterios.
Qué esperar ahora: más restricciones, no menos
Con el Congreso cerrando filas, los ayuntamientos tienen vía libre para seguir desarrollando sus ZBE. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ya ha anunciado que en 2027 ningún vehículo sin etiqueta podrá circular por el interior de la M-30. Barcelona avanza hacia una “supermanzana” gigante que veta a los coches más contaminantes. Para el usuario, esto se traduce en una certeza: la inversión en un vehículo con etiqueta ECO o Cero se consolida como la única vía de acceso sin trabas al centro de las grandes ciudades. Los coches diésel anteriores a 2006 y los gasolina anteriores a 2000 no solo seguirán teniendo prohibida la entrada a la mayoría de ZBE, sino que verán cómo nuevos municipios se suman a la exigencia, una vez que el Tribunal Supremo ha avalado la competencia municipal para establecer estas zonas.
La votación también despeja la duda sobre el futuro del plan MOVES y otras ayudas a la renovación del parque: mientras las ZBE sigan siendo obligatorias, los incentivos para cambiar de coche seguirán fluyendo, aunque con los vaivenes presupuestarios habituales. Quien necesite circular por el centro de una gran ciudad hará bien en consultar el calendario de restricciones de su ayuntamiento y, si aún no lo ha hecho, solicitar la etiqueta ambiental de la DGT, un trámite que cuesta 5 euros y se realiza en la sede electrónica de la DGT o en cualquier oficina de Correos.
La derogación de las ZBE no ha pasado el filtro del Congreso: las restricciones al tráfico contaminante seguirán siendo una realidad en las grandes ciudades y se endurecerán con el tiempo.
Por qué la apuesta española es distinta a la de Francia
El contraste con Francia es el mejor termómetro para entender el resultado. Allí, la ley de derogación de las ZFE-m (Zonas de Bajas Emisiones, en la nomenclatura gala) se aprobó con un argumentario centrado en la desigualdad social y la protección de las rentas bajas. En España, la mayoría parlamentaria ha considerado que los beneficios sanitarios pesan más que el coste económico, y que la equidad social se garantiza con ayudas a la movilidad, no suprimiendo las restricciones. El senador popular Baltar habló explícitamente de “autonomía local” para que cada ayuntamiento module sus ZBE con criterios propios, lo que abre la puerta a que algunas ciudades mantengan exenciones para residentes o profesionales, pero sin eliminar la obligación general.
En resumen, la decisión del Congreso dibuja un horizonte claro: las Zonas de Bajas Emisiones han venido para quedarse. El conductor que circula por el centro de una gran ciudad debe asumir que, más pronto que tarde, necesitará un vehículo con etiqueta ambiental o buscar alternativas de transporte público. El escenario francés, por ahora, queda descartado en España.
