Los cambios de la DGT siempre suelen llegar acompañados de dudas, pero pocas cosas han generado tanta controversia en los últimos años como las balizas V-16. Estos pequeños dispositivos no dejan de protagonizar titulares, críticas y ahora, un nuevo capítulo que roza lo administrativo y lo legal.
La noticia más reciente que ha sacudido los cimientos de la DGT tiene que ver con la transparencia. El organismo encargado de velar porque las administraciones públicas actúen con claridad y rigor,ha tomado una decisión que pone en jaque la justificación de estas balizas. Interior ha recibido un ultimátum para que entregue toda la documentación interna que sustenta el porqué de esta medida.
¿Qué está ocurriendo con la transparencia en la DGT?
Hace tiempo que la obligatoriedad de las balizas V-16 está en el foco. Mientras que en otros países de la Unión Europea se siguen utilizando métodos tradicionales o se plantean alternativas, en España hemos apostado por este dispositivo conectado.
Sin embargo, desde el principio han surgido voces críticas que cuestionan si son tan infalibles como dicen. Algunos expertos han señalado dudas sobre su visibilidad en momentos de sol intenso, posibles interferencias técnicas e incluso problemas con la certificación de algunos modelos que se venden en el mercado.
Ante esta marea de incertidumbre, un ciudadano decidió pasar a la acción y reclamar por los cauces legales. Solicitó a la DGT acceso a los informes internos, estudios de seguridad vial que justificaban la obligación y documentación técnica que avala que estas balizas son seguras y eficaces.
¿Cuál fue la respuesta de la DGT? Según se ha publicado, la administración denegó el acceso a esta información calificándola como contenido de carácter auxiliar o de apoyo. Dicho de otra forma, la DGT consideró que esos informes no eran lo suficientemente relevantes como para ser públicos.
Esta respuesta no convenció al Consejo de Transparencia, que ha estimado la reclamación del ciudadano y ha concluido que la postura de Tráfico es insuficiente. Bajo su punto de vista, no se puede considerar información auxiliar la que ha sido determinante para tomar una decisión que afecta a millones de conductores, y que conlleva una obligación para todos. Si una norma obliga a los ciudadanos a comprar un producto, los informes que justifican ese producto deben estar sobre la mesa.
El ultimátum del Consejo de Transparencia al Ministerio del Interior
La resolución emitida por el Consejo de Transparencia insta al Ministerio del Interior a que facilite cualquier documento interno que relacione la implementación de las V-16 con la seguridad vial real. Además, se reclama el acceso a los informes de laboratorios acreditados, como el LCOE o IDIADA, que deben certificar que las balizas cumplen con los requisitos técnicos exigidos por el Real Decreto que regula este cambio.
Lo que se pone en juego es la confianza del conductor en su administración. Cuando nos piden que cambiemos nuestros triángulos por una baliza, lo hacemos bajo la premisa de que es un avance necesario. Pero si la propia administración se resiste a mostrar los ensayos técnicos, es natural que surjan teorías sobre si se ha priorizado el negocio o el interés de terceros por encima de la utilidad real en carretera.
La DGT se ha escudado hasta la fecha señalando que los certificados de cumplimiento ya se pueden ver en su página web. Sin embargo, Transparencia ha sido tajante en que no se trata de ver un sello de aprobación, sino de conocer los informes de ensayo que garantizan que el producto funciona.
¿Podrían dejar de ser obligatorias las balizas V-16 de la DGT?
Si los informes técnicos no son claros, si el proceso de selección ha sido cuestionado o si la justificación de seguridad vial no es tan sólida como se prometió, ¿qué pasará con la obligatoriedad? No es la primera vez que se cuestiona el sistema. Ya hemos visto en el Congreso de los Diputados movimientos políticos que buscan, como mínimo, devolver la posibilidad de usar los antiguos triángulos de emergencia, permitiendo que la baliza sea una opción y no una imposición.
La Comisión Europea también ha tenido su papel en este culebrón. En un principio, hubo dudas sobre si este requisito iba en contra de las leyes comunitarias de libre mercado. Aunque al final se dejó la puerta abierta a que cada país miembro decida sobre sus dispositivos de seguridad, el ruido de fondo no ha cesado. Ahora, con la intervención del Consejo de Transparencia, el tema vuelve a ganar fuerza.
