Conducir en las grandes ciudades españolas tiene un precio cada vez más alto. No solo el de la gasolina, el seguro del coche o el aparcamiento, sino también el de las multas, impuestos y tasas que pagan los automovilistas.
Según el último Informe sobre ciudades y multas elaborado por Dvuelta, entidad especializada en la defensa de conductores, las diez capitales con mayor población de España prevén recaudar en 2026 un total de 821 millones de euros entre multas de tráfico, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el conocido impuesto de circulación y las tasas de grúa.
Madrid, a la cabeza de la recaudación
Un año más, Madrid encabeza el ranking de recaudación por multas de tráfico con 194,5 millones de euros previstos para 2026, aunque el presupuesto municipal recoge una caída del 6,7% respecto a 2025.
Pese a ese recorte, la cifra sigue siendo abrumadora: Madrid recauda por multas 3,4 veces más que Barcelona, la segunda ciudad del ranking, y acapara más de la mitad del total ingresado por las diez grandes capitales en este concepto. Solo la capital española recauda en multas casi lo equivalente a la mitad de lo que ingresa la DGT en toda la red de carreteras —excluidas las de Cataluña y País Vasco—.
Si Madrid marca el techo, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga protagonizan los mayores crecimientos del ejercicio. La capital canaria registra el incremento porcentual más elevado, con un 9,4% de aumento hasta los 9,0 millones de euros, seguida de Málaga, que sube un 7,8% hasta los 18,5 millones. Ambas ciudades reflejan la tendencia general: más cámaras, más zonas de control, más normativa restrictiva y, en consecuencia, más sanciones.
En el extremo opuesto, Palma de Mallorca recorta su previsión en un 11,1%, mientras que cuatro ciudades —Sevilla, Bilbao, Valencia y Zaragoza— repiten exactamente las mismas cifras que en 2025.
El conductor de Bilbao, el más presionado por vehículo
Más allá de las cifras brutas, el informe de Dvuelta introduce dos indicadores que revelan la verdadera presión sobre los ciudadanos: la recaudación por habitante y por vehículo censado.
En el ranking por habitante —que incluye multas e IVTM—, Palma de Mallorca lidera con 120,1 euros por persona, seguida de Bilbao (103,7 euros), Madrid (95,7 euros) y Sevilla (81,2 euros). La media de las diez capitales se sitúa en 80,8 euros, y la menos exigente con sus vecinos es Zaragoza, con 57,1 euros.
Más llamativo resulta el dato por vehículo censado. Bilbao se convierte aquí en el líder absoluto: cada coche matriculado en la capital vizcaína soportará de media una carga de 194 euros en 2026, fruto de una política que compensa con intensidad recaudatoria un parque móvil reducido.
A Bilbao le siguen Madrid (181,9 euros por vehículo), Palma de Mallorca (143,5 euros) y Barcelona (118,2 euros). Las ciudades con menor presión por vehículo son Zaragoza, Murcia, Valencia y Las Palmas, todas por debajo de los 103 euros.
El IVTM supera a las multas
Uno de los datos más significativos del informe es la relación entre multas e impuesto de circulación. En el conjunto de las diez capitales, el IVTM recaudará 404,5 millones de euros frente a los 379,9 millones previstos por sanciones de tráfico, invirtiéndose la relación respecto a 2025.
Sumados los tres conceptos —multas, IVTM y grúa—, Madrid ingresará 344,5 millones de euros en 2026, el 41,9% del total de las diez ciudades. Barcelona se queda en 125 millones, 2,7 veces menos que la capital, seguida de Sevilla y Palma de Mallorca. Cierran la tabla Bilbao, Murcia y Las Palmas.
Tecnología y ZBE, motores de la recaudación
El aumento sostenido de las sanciones no es accidental. Detrás hay una inversión creciente en infraestructura de control: cámaras de videovigilancia, radares, sistemas de lectura automática de matrículas y sensores inteligentes que detectan y sancionan infracciones en tiempo real. A ello se suma la proliferación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que multiplican las oportunidades de sanción bajo el paraguas de la sostenibilidad medioambiental.
El ejemplo de Málaga y Las Palmas en 2026 ilustra cómo la extensión de estas normativas se traduce directamente en mayores ingresos municipales. Dvuelta advierte del riesgo de que la función sancionadora pierda su carácter preventivo para convertirse en un recurso estructural de financiación municipal, alejándose de su objetivo declarado de mejorar la seguridad vial.
