Más de 35.000 conductores han sido multados en los primeros seis meses de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga, y la decisión definitiva sobre qué vehículos pueden circular seguirá en el aire al menos un año. El Ayuntamiento estudia recurrir en casación ante el Tribunal Supremo y ha solicitado una aclaración al TSJA que, debido al mes inhábil de agosto, no se conocerá hasta septiembre.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: una sentencia del TSJA anuló parte de la ordenanza de la ZBE por discriminar a los conductores no empadronados en Málaga capital, pero el Ayuntamiento mantiene las sanciones mientras decide si recurre.
- Cómo te afecta: si tu coche no tiene etiqueta ambiental de la DGT y pagas el impuesto de circulación fuera de la ciudad, sigues expuesto a multas de 200 euros (100 euros con pronto pago) cada vez que accedas a la zona restringida.
- Puntos clave y plazos: la aclaración judicial se espera en septiembre; si el Consistorio decide recurrir en casación, la resolución del Tribunal Supremo tardará entre seis meses y un año. Mientras, el calendario de restricciones avanza: en noviembre de 2026 se empezará a sancionar también a los vehículos con etiqueta B de fuera de la capital.
La sentencia que ha puesto en jaque la ZBE de Málaga
El origen del embrollo jurídico está en **una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, a raíz de un recurso del grupo Vox, declaró nula la parte de la ordenanza municipal que sanciona únicamente a los vehículos con matrícula foránea**. Para los magistrados, la distinción entre vecinos empadronados en Málaga capital y el resto de la provincia vulnera los principios de igualdad, libre mercado y libre circulación, porque la norma permite que los residentes circulen sin restricciones mientras los conductores de fuera son multados.
El Ayuntamiento solicitó una aclaración de la sentencia, un trámite que permite corregir errores materiales o frases confusas pero no entra en el fondo del asunto. La petición, sin embargo, ha detenido el plazo para presentar otros recursos y, al caer en agosto –mes inhábil judicial–, la respuesta no llegará antes de septiembre.
El recurso de casación: una vía para ganar tiempo
El siguiente paso del Área de Movilidad es decidir si **presenta recurso de casación ante la misma sala del TSJA que dictó la sentencia, aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo**. La cuestión afecta a normas estatales y de la Unión Europea, lo que habilita la vía casacional. Los servicios jurídicos municipales dispondrán de 30 días hábiles para formalizarlo una vez reciban la aclaración.
**La tramitación completa de un recurso de casación suele demorarse entre seis y doce meses**, según los plazos habituales de estos procedimientos. Eso significa que, en el mejor de los casos, una decisión firme no llegaría hasta la primavera de 2027 y, en el peor, se iría al otoño.
Multas que no se detienen y un calendario que avanza
Pese al varapalo judicial, el Ayuntamiento mantiene activa la ordenanza y sigue imponiendo sanciones. **En los primeros seis meses de régimen sancionador se han tramitado 35.257 denuncias** contra coches y motos sin distintivo ambiental que no pagan el impuesto de circulación en Málaga capital, según datos municipales a los que ha tenido acceso Diario Sur. El efecto disuasorio es notable: cada día circulan unos 25.000 vehículos menos por la zona restringida, de acuerdo con los aforos oficiales.
Cada infracción supone **200 euros de sanción, que se reducen a 100 euros si se abona en los 20 días siguientes (pronto pago)**. La recaudación mínima estimada en este período ronda los 3,5 millones de euros, aunque podría alcanzar los 7 millones si se cobraran todas las multas íntegras.
Además, el calendario de restricciones de la ZBE no se ha suspendido. Desde el 30 de noviembre de 2025 se multa a los vehículos sin etiqueta matriculados fuera de la capital. El siguiente hito llega a finales de este mismo mes de noviembre de 2026, cuando **las sanciones se extenderán a los automóviles con etiqueta ambiental B** (diésel matriculados antes de 2015 y gasolina anteriores a 2006) que tampoco estén empadronados en la ciudad.
Qué puede pasar y qué deben hacer los conductores
El futuro de la ZBE depende de dos variables: la respuesta del TSJA a la aclaración y la decisión política de recurrir. Si el Ayuntamiento opta por la casación, gana tiempo para que el Supremo se pronuncie sobre el fondo –si discriminar es o no ajustado a derecho– pero, mientras tanto, **la ordenanza sigue siendo aplicada con todas sus consecuencias económicas**.
La alternativa sería modificar la ordenanza para eliminar la discriminación, por ejemplo extendiendo las restricciones también a los residentes. Esa opción tendría un coste político y social, pero evitaría la inseguridad jurídica actual. Por ahora, no hay señales de que se vaya a tomar ese camino.
Para los conductores afectados, la recomendación es clara: si tu coche carece de etiqueta ambiental y tu domicilio fiscal no está en Málaga capital, **evita circular por la zona delimitada mientras no haya un pronunciamiento definitivo**. Cada acceso se traduce en una multa que llega por correo, y el hecho de que la sentencia del TSJA cuestione la legalidad de la norma no paraliza el cobro.
Las asociaciones de conductores y los partidos de la oposición han pedido suspender las sanciones de manera cautelar, pero el gobierno municipal no ha atendido esa solicitud. La sala del TSJA tampoco ha adoptado medidas cautelares, por lo que la máquina sancionadora sigue en marcha.
Cada acceso a la ZBE con un coche sin etiqueta sigue costando 200 euros, y la resolución final del caso puede demorarse un año.
