El Gobierno ya tiene el decreto para acabar con las ZBE ‘fake’: 151 municipios obligados a multar y solo 68 que lo hacen. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a aplicar sus zonas de bajas emisiones de verdad, con sanciones y sin periodos de gracia eternos.
La norma llega con retraso y con un diagnóstico incómodo: la Ley 7/2021 de cambio climático fijó 2023 como fecha límite para tener las ZBE en marcha, y tres años después el mapa sigue lleno de parches. Hay consistorios que no han movido ficha, otros han colgado el cartel sin restricciones y unos cuantos han montado una zona de bajas emisiones que solo existe en el papel.
Qué cambia el decreto: menos promesas y más multas
El texto aprobado persigue lo que el propio Ejecutivo llama ZBE ‘fake’: esas zonas que se anuncian a bombo y platillo pero que no sancionan a nadie. El decreto establece que los 151 ayuntamientos afectados tendrán que aplicar la restricción y empezar a multar a los coches contaminantes sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad, según el texto de la norma.
Traducido al día a día: se acabaron las moratorias indefinidas. Los periodos de gracia, esos meses en los que el ayuntamiento avisa pero no cobra, no podrán estirarse sine die. Eso sí, el decreto no fija un calendario único: cada consistorio decidirá cuándo activa las sanciones, pero ya no podrá escudarse en una prórroga sin fin.
Una ZBE sin multas es solo una placa en la entrada: el decreto obliga a sancionar, pero cada ayuntamiento elige cuándo empieza a cobrar.
El detonante es la publicación en el BOE. Una vez que el real decreto aparezca en el Boletín Oficial del Estado, los ayuntamientos estarán obligados a aplicarlo y cada conductor se enfrentará a la misma duda: qué hará mi pueblo y a partir de qué día empieza a cobrar.
Cuánto cuesta la multa y qué etiqueta te deja pasar
La cuantía no la fija el decreto, la fija cada ordenanza municipal. En la mayoría de los ayuntamientos que ya sancionan, acceder a una ZBE sin autorización se castiga con 200 euros, con reducción del 50% por pronto pago en muchos casos (100 euros si pagas en los 20 días siguientes) y sin detracción de puntos del carnet, porque se tramita como sanción administrativa local.
El foco está en los vehículos con etiqueta ambiental B, la amarilla: gasolina matriculados desde 2000 y diésel desde 2006. Son los que se quedan fuera de la mayoría de las ZBE, junto a los coches sin distintivo (los A). Los C, ECO y 0 sí pueden circular, aunque con matices según la ciudad y el horario. Puedes comprobar la tuya en la web de la DGT.
Si tu coche lleva la B, el margen de maniobra es limitado: consultar las exenciones para residentes, revisar si tu ciudad permite el acceso en horario restringido y valorar alternativas. La etiqueta no se compra ni se hereda: va asociada al motor y al año de matriculación, y el distintivo físico se adquiere en las oficinas de Correos.
Lo que cambia en la práctica para el conductor:
- Los ayuntamientos tendrán que acreditar controles y sanciones efectivas, no solo señalización.
- Las moratorias sin multa dejarán de ser la tónica general.
- Un mismo coche puede estar autorizado en una capital y vetado en la de al lado.
Vigo, Madrid, Ciudad Real y Valladolid: los casos que explican el embrollo
Los ejemplos que han llevado al Gobierno a mover ficha son elocuentes. En Vigo, el alcalde Abel Caballero aseguró en 2025 que habría ZBE pero sin multas. En Ciudad Real, Francisco Cañizares anunció una zona de bajas emisiones a su manera: sin restricciones para ningún vehículo. Madrid mantiene una ZBE a medias, con una ordenanza que permite seguir circulando a los coches sin etiqueta empadronados en la capital. Y en Valladolid, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó la norma tras menos de un año en vigor.
El argumento municipal se repite: son medidas discriminatorias porque empujan al ciudadano a comprar coche nuevo. El Ejecutivo responde que sin sanción no hay efecto real sobre la calidad del aire. Y queda un problema de fondo que el decreto no resuelve: la disparidad de criterios entre ciudades, que convierte a la etiqueta ambiental en un salvoconducto con fronteras.
Qué conviene vigilar. Primero, la publicación en el BOE: es el pistoletazo de salida y a partir de ahí los plazos corren para cada ayuntamiento. Segundo, la ordenanza de tu ciudad, que es la que fija importe, exenciones y periodos de gracia. Tercero, el distintivo: si tu coche es B o no tiene etiqueta, conviene saber ya qué calles te van a cerrar y qué alternativa de transporte tienes. Los consistorios tendrán que revisar sus ordenanzas para adaptarlas al decreto, y ahí se verá quién cumple y quién sigue haciendo de la ZBE un adorno.
Claves de la Normativa
- A quién afecta: a los 151 municipios de más de 50.000 habitantes obligados a tener ZBE y, de forma directa, a los conductores de coches con etiqueta B o sin distintivo.
- Cifras a tener en cuenta: solo 68 ayuntamientos sancionaban; la multa tipo ronda los 200 euros (100 con pronto pago en muchos consistorios) y no resta puntos. Plazo original de la Ley 7/2021: 2023.
- Consejo para evitarlo: consulta la ordenanza de tu ciudad antes de entrar al centro y comprueba tu etiqueta en la web de la DGT.
