La asociación de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha dado un paso formal que puede poner patas arriba el sistema de multas de las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid. Ha reclamado al Ayuntamiento la anulación de oficio de 3,5 millones de sanciones y exige paralizar de inmediato todos los embargos bancarios que sigue ejecutando la Agencia Tributaria municipal.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: la sentencia que declaró nulos los artículos clave de la ZBE de Madrid ya es firme, lo que deja sin cobertura legal todas las multas impuestas desde 2021.
- Cómo te afecta: si recibiste una sanción o te han embargado por circular en esas zonas, podrías recuperar el dinero.
- Puntos clave y plazos: la firmeza de la sentencia llegó el 21 de abril de 2026. La AEA ha presentado un requerimiento formal y, si no obtiene respuesta, pedirá la ejecución forzosa.
La sentencia que deja sin base legal las multas
El origen del conflicto está en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de septiembre de 2024, que ya en su momento declaró la nulidad de pleno derecho de los preceptos esenciales que regulaban la ZBE madrileña y las zonas de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Esa nulidad se confirmó de forma definitiva el pasado 21 de abril de 2026, cuando el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación que había interpuesto el propio Ayuntamiento.
Según recuerda AEA en su escrito, el artículo 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que una declaración de nulidad como esta tiene efectos generales (erga omnes) y retroactivos (ex tunc) desde el momento en que se notifica. Los artículos anulados han sido expulsados del ordenamiento jurídico, y cualquier sanción dictada bajo su amparo carece de validez. Para la asociación, mantener los cobros o seguir embargando cuentas supone una infracción flagrante del principio de legalidad.
El requerimiento presentado ante la Junta de Gobierno local es el último aviso antes de acudir a la ejecución forzosa del fallo judicial.
Más de 3,5 millones de denuncias pendientes
Las cifras, extraídas del Portal de Transparencia del Ayuntamiento, ayudan a entender la magnitud del problema. Hasta el 31 de diciembre de 2025 se acumulaban 3.424.744 denuncias, con un importe total de 663,3 millones de euros. Sumando los primeros meses de 2026, AEA estima que el volumen supera ya los 3,5 millones de sanciones y roza los 700 millones de euros.
El desglose de las multas hasta finales de 2025 es el siguiente: la ZBE general de Madrid, activa desde enero de 2022, registró 1.016.115 denuncias por valor de 203,2 millones de euros. La Zona de Baja Emisión de Especial Protección de Distrito Centro, en vigor desde diciembre de 2021, acumuló 1.859.737 denuncias y 355,1 millones. Y en Plaza Elíptica, con el mismo horizonte temporal que la ZBE general, se impusieron 548.892 denuncias que sumaron 104,9 millones de euros.
La firmeza de la sentencia deja al consistorio sin base legal para 3,5 millones de sanciones y obliga a replantearse la devolución de casi 700 millones.
Qué significa para los conductores
En la práctica, si tienes una multa de la ZBE de Madrid dictada bajo la normativa anterior, esa sanción ha perdido su sustento legal. No solo deberían anularse los expedientes aún en trámite, sino que, según AEA, también deben paralizarse de inmediato los embargos que la Agencia Tributaria de Madrid sigue aplicando. Miles de conductores podrían recuperar lo ya pagado o, al menos, dejar de sufrir recargos y apremios.
Conviene recordar que el Ayuntamiento aprobó en abril de 2026 una nueva Ordenanza de Movilidad para dar cobertura legal a las restricciones actuales, pero esa norma no puede sanar el historial de sanciones previas. La batalla jurídica por las multas impuestas durante más de cuatro años sigue completamente abierta.
Y ahora, ¿qué puede pasar?
El Ayuntamiento no se ha pronunciado aún sobre el requerimiento de AEA. Si no atiende la petición, la asociación de conductores podría solicitar la ejecución forzosa de la sentencia, lo que abriría un escenario de devolución masiva de fondos con un coste para las arcas municipales que, según los cálculos, podría acercarse a los 700 millones de euros.
Más allá del impacto económico, el caso sienta un precedente importante para todas las ZBE de España. La nulidad por falta de cobertura legal suficiente no es privativa de Madrid: otras ciudades están pendientes de cómo evoluciona este pulso, ya que los criterios judiciales podrían replicarse en sus territorios. Mientras tanto, los conductores afectados deben permanecer atentos a las comunicaciones oficiales y, si tienen procedimientos de embargo en curso, valorar la vía de reclamación.
