El Gobierno tiene previsto revisar las condiciones del Plan Moves III «en las próximas semanas». «Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para mejorar y reforzar el programa de apoyo a la compra de vehículos y al impulso de la infraestructura de recarga”. Es el compromiso que ha adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Foro Anfac, que ha reunido a los líderes del sector en nuestro país.
El sector del automóvil, –con el que el Gobierno tiene previsto reunirse para debatir los cambios–, lleva tiempo reclamando cambios en las ayudas del Plan Moves III a la compra de coches eléctricos, que concluyen el 31 de julio, y que ya han asignado cerca de mil millones de euros a las comunidades autónomas, que son las encargadas de repartir las subvenciones, a los que se suman otros 24 millones de euros del programa Moves Flotas, según las cuentas del Ejecutivo.
Moves III: desde 4.500 a 7.000 euros de ayudas
Las ayudas del Moves III suponen 4.500 euros de descuento para los compradores de un modelo 100% cero emisiones o 7.000 euros si se entrega a cambio un vehículo de más de 7 años de antigüedad. Uno de los principales problemas con los que se encuentran los compradores es que las ayudas tardan mucho tiempo en cobrarse y, en algunos casos, se espera más de un año para recibir el dinero de la subvención.
Las compras de coches eléctricos en España no acaban de despegar y apenas suponen el 5,4% de las adquisiciones. El precio de los coches y la escasez de puntos de carga, o el hecho de que los que hay instalados no funcionan o son de baja potencia, son las principales razones que esgrimen los consumidores para no elegir esta tecnología a la hora de comprar.
Y el Gobierno parece que por fin ha escuchado las peticiones del sector y dará un pasó más para seguir impulsando la movilidad eléctrica. En este sentido, la prolongación del Plan Moves III o la mejora del mismo que parece afrontará el Ejecutivo en breve podrían suponer un alivio para el bolsillo de los consumidores y también un empujón a la movilidad eléctrica.
Una fiscalidad que incentive la compra
Por su parte, el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha señalado la necesidad urgente de sustituir el actual programa de incentivos a la compra del vehículo eléctrico, Moves III, por un plan con ayudas directas, una fiscalidad que incentive la compra del vehículo de cero y bajas emisiones, construir un modelo de desarrollo de infraestructura de recarga de acceso público, y por último, reforzar la actual política industrial para potenciar las fortalezas industriales de España, al tiempo, que se atraen nuevas inversiones y proyectos.
En España, además del Plan Moves III, el Gobierno aprobó en junio pasado nuevas ayudas a la compra de coches eléctricos, entre ellas una rebaja de hasta el 15% del valor del coche en el IRPF. Esta ayuda es para particulares con un límite de desgravación de 20.000 euros. La cantidad que se toma en cuenta para el cálculo es el precio del coche, sumado a los impuestos y gastos y restando las demás ayudas públicas concecidas (Moves III).
Además, el usuario también se puede desgravar el 15% del precio de la instalación de un punto de recarga con un máximo de 4.000 euros de base. Tanto la desgravación por la compra como la de la infraestructura de recarga están vigentes hasta el 31 de diciembre.
Un mayor despliegue de las infraestructuras
Más allá del Plan Moves, para que la movilidad eléctrica pueda convertirse en una realidad tangible, el sector sigue reclamando un mayor despliegue de las infraestructuras de recarga. Pedro Sánchez reconoció que ya hay 30.000 cargadores de acceso público actualmente instalados en nuestro país. Pero según explicó José López-Tafall, en 2023 se han instalado unos 10.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos, hasta llegar a los 29.000, aunque 9.000 de ellos todavía no están operativos.
López-Tafall atribuye este retraso a la «carga burocrática para la puesta en operación de estos puntos de recarga» y pide que se alivien las condiciones para que la puesta en marcha de las infraestructuras no sufra demoras innecesarias.
