El coche eléctrico se encuentra en peligro o, mejor dicho: casi medio millón de coches eléctricos se encuentran en peligro. Eso es al menos lo que manifiesta la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que ha solicitado a la Comisión Europea (CE) retrasar el acuerdo de comercio y cooperación con el Reino Unido (TCA), el acuerdo postbrexit, hasta 2027.
La cosa tiene bastante enjundia, ya que tras la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido, la libre circulación de bienes entre los dos territorios desaparece, y el TCA establece los impuestos que han de satisfacerse por importar y exportar mercancías entre ambos mercados. No obstante, el tejido empresarial automovilístico pre-Brexit está planteado con proveedores y fábricas en ambos mercados (ya que se trataba de un mercado único), y esto es algo que no puede cambiarse de hoy para mañana, lo que genera una situación muy complicada tanto para las fábricas como para los proveedores, algo que afecta especialmente al coche eléctrico.
Así, los bienes exportados tienen que cumplir unas normas de origen (ROO) que desde la patronal europea aseguran que en el corto plazo “ningún actor de la cadena de suministro podrá cumplir”.
La solución provisional para salvar el coche eléctrico
La petición de retrasar el TCA al menos hasta 2027 la ha realizado ACEA mediante una carta enviada a la CE, en la que aseguran que, de no mantener la reglas actuales para las baterías, los pagos en aduana ascenderían a unos 4.300 millones de euros entre 2024 y 2026, mientras que la producción del coche eléctrico en este periodo se podría reducir en unos 480.000 vehículos eléctricos tras caer significativamente la participación de la industria del automóvil de la UE en el mercado del Reino Unido por el pago de derechos de aduana “masivos e innecesarios”.
El problema radica en que la normativa entre la UE y Reino Unido considera originarias de Europa las baterías ensambladas en el continente (imprescindibles en la fabricación del coche eléctrico), mientras que a partir del 1 de enero del próximo año, estas normas serían más restrictivas, exigiendo que todas las piezas de las baterías y algunos materiales críticos sean producidos en la UE o en el Reino Unido para que queden libres de aranceles.
No obstante, ACEA considera que la norma de origen transitoria es una herramienta para impulsar la inversión en la cadena de suministro de baterías europeas, por lo que no se oponen a que entre en vigor, pero aseguran que en el corto plazo su aplicación será “contraproducente”, ya que ningún actor podrá cumplir con esta situación.
Por ello, la patronal de los fabricantes europeos ha pedido retrasar la nueva normativa hasta finales de 2026. “La petición de ACEA es liberalizar temporalmente las normas de origen de las baterías para el periodo de 2024 a 2026”, ha explicado en la carta. De este modo, se da tiempo a fabricantes e importadores para que busquen soluciones que requieren de fuertes inversiones y tiempo.
