Una reciente resolución judicial ha dejado en el aire la validez de todas las multas impuestas por la Zona de Bajas Emisiones de Madrid. El fallo, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, obliga al Ayuntamiento a anular todas las sanciones vinculadas al perímetro de la M-30, no solo las de las áreas de especial protección como Distrito Centro y Plaza Elíptica. Más de 3,5 millones de expedientes sancionadores y un importe que ronda los 700 millones de euros están ahora en tela de juicio.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: la sentencia declara nulas todas las multas de la ZBE de Madrid impuestas desde diciembre de 2021 hasta abril de 2024.
- Cómo te afecta: si fuiste sancionado por acceder sin etiqueta ambiental a la ciudad de Madrid en ese período, puedes reclamar la devolución del importe o la paralización del cobro.
- Puntos clave y plazos: la ordenanza que amparaba las sanciones fue anulada por el TSJM en 2024; el último fallo extiende la nulidad a todo el término municipal. No hay un plazo para reclamar, pero la Asociación de Automovilistas (AEA) ya ha exigido la paralización inmediata de los apremios.
Qué dice exactamente la sentencia
La magistrada que firma la resolución ha desmontado la estrategia del consistorio de limitar la anulación a las dos zonas de protección reforzada. Según el fallo, al que ha tenido acceso Automovilistas Europeos Asociados (AEA), todas las multas derivadas del sistema de cámaras del Madrid ZBE quedan afectadas por la declaración de nulidad de la disposición general que les sirvió de cobertura. En otras palabras, no importa si el vehículo fue captado en Plaza Elíptica, en el centro o en cualquier avenida dentro de la M-30: la infracción carece de base legal.
El texto de la sentencia es contundente: “todas las sanciones impuestas por no respetar las restricciones derivadas de Madrid ZBE respecto de las cuales todavía no haya recaído sentencia firme (…) quedan afectadas por la declaración de nulidad de la disposición general que les ha servido de cobertura”. Esto abre la puerta a que cualquier conductor multado desde la implantación de la ZBE pueda recurrir con éxito.
A quién afecta y desde cuándo
La ilegalidad alcanza a todos los expedientes abiertos desde que la Zona de Bajas Emisiones de Madrid entró en vigor, en diciembre de 2021, y hasta el 6 de abril de 2024, fecha en la que comenzó a aplicarse la nueva Ordenanza de Movilidad. Durante ese periodo, las 477 cámaras repartidas por los 605 km² del término municipal captaron a miles de conductores que accedían sin la etiqueta ambiental requerida.
Los números marean. Según los datos recopilados por AEA a partir del portal de transparencia municipal, hasta el 31 de diciembre de 2025 se habían impuesto 3.424.744 sanciones, con un valor total de 663.285.620 euros. Sin embargo, el volumen global de los expedientes bajo sospecha —los tramitados desde el inicio de la ZBE hasta la entrada en vigor de la nueva norma— supera los 3,5 millones y se acerca a los 700 millones de euros.

La nulidad afecta a los 605 km² del término municipal y a todas las cámaras que vigilan el acceso, no solo a las dos zonas de protección reforzada.
Una batalla legal que suma 700 millones de euros
El origen del conflicto se remonta a septiembre de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró la nulidad de pleno derecho de los artículos esenciales que regulaban las ZBE de la capital. Aquella decisión adquirió firmeza después de que el Tribunal Supremo inadmitiera a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento. El consistorio intentó entonces acotar los efectos del fallo a las áreas de Distrito Centro y Plaza Elíptica, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 ha tumbado ese intento.
A pesar de la claridad de la resolución, la Agencia Tributaria de Madrid sigue ejecutando las órdenes de cobro. Hace unos diez días, AEA solicitó formalmente a la Junta de Gobierno local el archivo de oficio de todos los expedientes pendientes y la paralización inmediata de apremios, recargos o embargos. Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene la actividad recaudatoria, algo que la asociación califica de “actuación irregular”. Si en las próximas semanas no se frena el cobro, AEA pedirá la ejecución forzosa de la sentencia ante el propio TSJM.
Para los conductores afectados, la recomendación es clara: si tienes una sanción de la ZBE que aún no haya alcanzado sentencia firme, puedes solicitar al Ayuntamiento su archivo inmediato. Si ya la has abonado y la resolución no es firme, cabe reclamar la devolución del importe. En ambos casos conviene recabar toda la documentación y, si es necesario, contar con asesoramiento legal. La batalla judicial no ha terminado, pero el último fallo coloca a los conductores en una posición mucho más sólida para recuperar su dinero.


