Entrar con un coche sin etiqueta ambiental ya no significa lo mismo en Soria que en Vigo: cada ciudad tiene su propio calendario, sus propias excepciones y su propia fecha para empezar a multar.
Una ley de 2021, una veintena de normas distintas
La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética obliga desde 2021 a que todos los municipios de más de 50.000 habitantes dispongan de una Zona de Bajas Emisiones, y también a algunos de más de 20.000 con niveles altos de contaminación. El objetivo era mejorar la calidad del aire. La letra pequeña quedó, en cambio, en manos de cada consistorio: el perímetro, las restricciones y las excepciones los decide el ayuntamiento. Puedes leer el texto completo en la Ley 7/2021 publicada en el BOE.
De ahí sale un mapa desigual. Hay ciudades que ya han estrenado sus restricciones, otras siguen atascadas en trámites y algunas han aprobado ordenanzas tan laxas que apenas modifican el escenario. Vigo y Avilés son las incorporaciones más recientes a la lista, pero la mayoría de las localidades obligadas todavía no tiene su zona en pleno funcionamiento, según el repaso que publica Actualidad Motor. Más contexto, en la entrada sobre las zonas de bajas emisiones.
Para el conductor, la consecuencia es inmediata: no existe una norma única que aprender. La que vale en tu ciudad puede no valer en la de al lado y, si viajas con frecuencia, toca consultar la ordenanza de destino antes de coger el coche.
A quién afecta y desde cuándo
El primer paso es casi siempre el mismo: vetar el acceso a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, la etiqueta que clasifica cada coche según sus emisiones. Son los más antiguos y los que más contaminan. A partir de ahí, las restricciones se escalan y apuntan a las etiquetas B y C.
- Vigo: veto a la etiqueta B en 2027 y a la C en 2030, con una implantación progresiva en cuatro sectores.
- Avilés: la B queda fuera en 2029 y la C en 2030, con la zona ampliada a buena parte del casco urbano.
- Cataluña: la recomendación de la comunidad sitúa el veto a la etiqueta B en 2028.
La etiqueta del parabrisas decide a qué centro puedes entrar, y el calendario que cuenta no es el del Estado, sino el de tu ayuntamiento.
El problema de fondo es el parque móvil. En municipios como los de Gran Canaria o Soria, la proporción de coches sin etiqueta ronda o supera el 40%. Con esas cifras, cualquier calendario de restricciones se convierte en un asunto social antes que medioambiental.
Las multas se anuncian, pero no siempre llegan
El segundo frente es el sancionador, y ahí la distancia entre el papel y la calle es todavía mayor. Muchos ayuntamientos han aprobado moratorias y periodos informativos que posponen las multas: en Cuenca no habrá sanciones hasta 2027 o 2028, en Vigo se ha fijado un año de gracia y en Soria la moratoria se alarga hasta noviembre.
Tampoco ayuda la infraestructura. Las cámaras lectoras de matrículas, necesarias para multar de forma automática, no están completas en muchas ciudades. En Cataluña, solo 6 de los 38 municipios con ZBE imponen multas de manera efectiva, y Barcelona ingresa menos de un cuarto de las que podría cobrar.
El calendario electoral también pesa. La cercanía de las elecciones municipales desincentiva a los responsables políticos a la hora de activar las sanciones, porque una multa siempre es impopular. En la práctica, eso se traduce en zonas que existen en el boletín oficial pero no en la calle.
Lo que queda por decidir
La implantación tampoco es ajena a la política. En Castilla-La Mancha, varias ciudades gobernadas por el PP y Vox han mostrado su resistencia: la ordenanza de Guadalajara fue anulada por un defecto de forma y en Toledo no se ha aprobado ninguna. En Soria, el PP ha anunciado que recurrirá la zona, mientras que asociaciones ecologistas como ASDEN la consideran ineficaz y sostienen que se diseñó, sobre todo, para recibir fondos europeos.
Los casos concretos explican mejor que cualquier estadística qué tipo de ZBE se está aprobando. La de Soria, puesta en marcha hace unas semanas, es una restricción casi simbólica: buena parte de su superficie ya era peatonal y las excepciones son tan amplias que apenas afectan a quien conduce. Vigo, en cambio, ha optado por una implantación por fases con plazos concretos para las etiquetas B y C. Avilés ha llevado la zona restringida a una parte extensa del casco urbano, con limitaciones escalonadas en el tiempo.
Mientras tanto, la presión de Bruselas y las obligaciones legales empujan a los municipios a dar el paso, aunque sea con medidas de impacto limitado. Lo que conviene vigilar es la fecha en la que tu ayuntamiento activa las sanciones —no la de aprobación de la ordenanza—, qué etiqueta lleva tu coche y qué excepciones recoge la norma local, porque son las que deciden si la restricción te toca o no.
Queda por ver si estas áreas acaban mejorando de verdad la calidad del aire o se quedan en un trámite administrativo más.
