Los coches con etiqueta B pueden circular sin restricciones por el centro de Valladolid desde hace semanas, aunque casi nadie se había enterado. La razón es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, según ha recordado el Grupo Municipal Socialista. El fallo, dictado en marzo, deja sin base legal las sanciones y abre un escenario de inseguridad jurídica que el Ayuntamiento no ha resuelto.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: la decisión judicial cuestiona la legalidad de las ZBE que no se activan por criterios objetivos de contaminación, y por primera vez un tribunal superior las anula.
- Cómo te afecta: si tu vehículo tiene etiqueta B, hoy por hoy no deberían multarte por acceder a la ZBE de Valladolid, aunque el consistorio no ha suspendido oficialmente el régimen sancionador.
- Puntos clave y plazos: la sentencia es de marzo de 2026; las multas ya impuestas rondan los dos millones de euros, y el PSOE advierte de que podrían tener que devolverse.
Una sentencia que invalida la ZBE de Valladolid
El TSJ de Castilla y León anuló la ordenanza municipal que regulaba la Zona de Bajas Emisiones al considerar que carecía de la motivación técnica necesaria. En la práctica, la restricción de tráfico para los vehículos sin distintivo ambiental se queda sin amparo legal. Aunque el alcalde, Jesús Julio Carnero, prometió en marzo iniciar los trámites para suspender el régimen sancionador, el pleno del Ayuntamiento no ha aprobado ninguna medida concreta. La teniente de alcalde de Vox, Irene Carvajal, llegó a afirmar que existen ‘argumentos jurídicos de peso’ para suspender las multas, pero la parálisis política mantiene la incertidumbre.
El portavoz socialista, Pedro Herrero, calificó la situación de ‘irresponsable’ y habló de ‘negligencia’ del equipo de gobierno. ‘Los ciudadanos pueden albergar dudas sobre si las multas impuestas hoy serán finalmente válidas o si las ya pagadas podrían ser objeto de devolución en el futuro’, explicó en declaraciones recogidas por La Nueva España.
Multas en el limbo: ¿habrá devolución?
Según los cálculos del PSOE, ya se habrían impuesto sanciones por un valor aproximado de dos millones de euros por accesos indebidos a la ZBE. Al haberse anulado la ordenanza, el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver todo ese dinero. Sin embargo, el consistorio no se ha pronunciado oficialmente sobre la devolución ni ha aclarado si las multas en fase de pago voluntario siguen siendo exigibles. Herrero avanzó que pedirá explicaciones en el próximo pleno.
Mientras tanto, los conductores que reciban una notificación de sanción por circular dentro del perímetro de la ZBE se encuentran en un vacío legal. Cualquier recurso basado en la anulación de la ordenanza tiene muchas probabilidades de prosperar, pero la falta de una resolución firme sobre la suspensión del régimen sancionador obliga a recurrir caso por caso.
Sin una ordenanza válida que defina las restricciones, cualquier multa por acceder a la ZBE carece de cobertura legal, y el Ayuntamiento se arriesga a tener que reintegrar todo lo recaudado.
Un fallo con repercusiones más allá de Valladolid
La sentencia del TSJ de Castilla y León es la primera de un tribunal superior que anula por completo una ZBE. Hasta ahora, las impugnaciones se habían centrado en aspectos concretos (falta de alternativas, excepciones mal definidas), pero en este caso el tribunal considera que la ordenanza no está justificada. Eso podría sentar un precedente para otras ciudades españolas cuyas ZBE se hayan diseñado sin un estudio riguroso de la calidad del aire que las respalde.
En la práctica, la etiqueta B desaparece como restricción en Valladolid. Los vehículos que hasta ahora necesitaban al menos ese distintivo para entrar al centro pueden circular sin problema. La DGT mantiene el sistema de etiquetas, pero el valor del distintivo B dentro del casco urbano vallisoletano es hoy testimonial. A la espera de que el Ayuntamiento tramite una nueva ordenanza —posiblemente basada en picos de contaminación, como sugirió el alcalde—, la movilidad en la capital del Pisuerga queda, de facto, libre de restricciones ambientales.
