Los ladrones de cobre han encontrado en los cargadores rápidos un filón demasiado fácil: 850 estaciones atacadas en Francia desde enero, cerca del 10% de la red de carga rápida del país y un perjuicio de 18 millones de euros. Los números los ha contabilizado la asociación profesional Charge France, y describen un fenómeno que ya no se puede tratar como anécdota delictiva.
Entre las operadoras golpeadas hay nombres que el conductor español reconoce. Electra y TotalEnergies figuran entre las afectadas, y Driveco admite robos casi semanales. Su presidente, Gautier Chatelus, lo resume sin rodeos: en una red de más de 450 estaciones constatan —casi cada semana— uno o varios actos de robo de cables.
Conviene entender por qué el objetivo son precisamente los postes de carga rápida y no, por ejemplo, las farolas de la misma calle. Un cable de corriente continua que debe entregar cientos de amperios exige una sección de conductor generosa; en los diseños refrigerados por líquido, los que sostienen potencias de 350 kW o más, esa sección crece aún más. Traducido: más cobre por metro de cable y más botín por minuto de trabajo.
Cortacables hidráulicos y amoladoras: el robo se ha industrializado
El método ha mutado en pocos meses. Las imágenes que manejan los operadores muestran grupos que actúan de noche con cortacables hidráulicos portátiles alimentados por batería y amoladoras de obra. Lo relevante no es la fuerza del corte, sino la velocidad: no necesitan camión ni logística montada, cortan y desaparecen. El hurto artesanal se ha convertido en una operación repetible.
El desequilibrio económico es la parte que más duele. Un cable puede dejar entre 30 y 80 euros en el mercado ilegal del cobre, mientras que sustituirlo y reparar el cargador cuesta entre 1.500 y 8.000 euros, según el equipo. El ladrón se lleva menos del 2% del coste que genera. La diferencia la asume el operador y, a la larga, la red.
A eso se añade el daño colateral: una estación atacada puede quedar parcialmente inutilizada. No es solo reponer material; es el ingreso que ese punto deja de facturar durante días y, sobre todo, el conductor que llega con el 12% de batería y encuentra el poste seco. Si se reparten las 850 estaciones entre los meses transcurridos desde enero, el ritmo ronda las 85 instalaciones al mes.
Cada cable deja 30 euros en el mercado negro y cuesta hasta 8.000 repararlo: la cuenta solo sale para quien lo corta.
Las claves técnicas
- Qué es: la sustracción del conductor de cobre de los cables de carga en corriente continua, el material que en los postes ultrarrápidos se concentra en secciones grandes y, en los modelos refrigerados, en longitudes mayores.
- Dimensión del fenómeno: 850 estaciones atacadas en Francia desde enero, en torno al 10% de la red de carga rápida, con 18 millones de euros de perjuicio, según Charge France.
- El desequilibrio: entre 30 y 80 euros de botín por cable frente a entre 1.500 y 8.000 euros de reparación por equipo.
- La respuesta en marcha: fundas de Kevlar con chips GSM para localizar el material robado, ya en despliegue por operadores franceses; Electra y TotalEnergies figuran entre los afectados.
Kevlar, chips GSM y aseguradoras que ponen condiciones
La primera línea de defensa es física. Los operadores están recubriendo los cables con fundas de Kevlar y chips GSM integrados: el recubrimiento complica el corte y, si el cable desaparece, el localizador permite rastrearlo. No impide el ataque, pero cambia el cálculo del ladrón, porque el material deja de ser anónimo.
El segundo frente es menos visible y, a medio plazo, probablemente más caro. Los robos recurrentes han convertido la explotación de una red de carga en una actividad difícil de asegurar, y algunas compañías empiezan a poner reparos para cubrir daños derivados de ataques repetidos. Para un operador con 450 estaciones, eso equivale a financiar con recursos propios un siniestro que puede repetirse cada semana.
Lo que esto cambia para quien enchufa
Para el conductor, el robo de cobre se traduce en una palabra poco épica: fiabilidad. Un punto de carga que aparece disponible en la app y llega seco al coche rompe la planificación de cualquier viaje largo, y obliga a calcular con margen extra entre paradas. En una red donde la densidad de postes ultrarrápidos aún es limitada, perder dos o tres estaciones en un corredor concreto puede convertir un trayecto cómodo en una carrera de fondo.
Hay una segunda implicación, más silenciosa: el coste. Los 18 millones de euros de perjuicio no desaparecen; se reparten entre reparaciones, vigilancia, fundas de Kevlar, primas de seguro más altas y kWh no vendidos. Todo eso acaba pesando en la estructura de costes del operador y, antes o después, en la tarifa que el usuario paga por recargar. El robo de cobre no es un problema de seguridad patrimonial ajeno al conductor: es un sobrecoste que viaja con la electricidad.
Los datos disponibles son franceses, y ahí está el matiz importante. Electra y TotalEnergies operan también en España, lo que convierte el fenómeno en un riesgo del mismo mercado ibérico, no en una rareza del país vecino. La vigilancia de las instalaciones, la redundancia de puntos en los corredores principales y la trazabilidad del material robado son las tres palancas sobre las que se está trabajando.
Queda pendiente lo esencial: saber si el despliegue de fundas frena el ritmo. La referencia será la próxima actualización de datos de la patronal francesa, que permitirá comprobar si las 850 estaciones son un pico o la nueva normalidad. Mientras tanto, el consejo práctico para el usuario es el de siempre, con un añadido: comprobar el estado del punto en la app antes de desviarse y tener siempre un plan B a menos de 30 kilómetros.
