Málaga devolverá más de 1,3 millones de euros en multas de su ZBE y deja de sancionar por una sentencia del TSJA. El Ayuntamiento reintegrará el dinero de oficio, sin que los afectados tengan que reclamarlo.
Qué ha decidido el Ayuntamiento de Málaga
La Zona de Bajas Emisiones malagueña funcionaba desde diciembre de 2024, acotada al casco histórico y a las calles aledañas. El diseño tenía un detalle que ha terminado por costarle caro al consistorio: los coches empadronados en Málaga entraban sin etiqueta, pero los de fuera no.
El calendario lo dejaba claro. Desde diciembre de 2025, cualquier vehículo con empadronamiento malagueño podía acceder al perímetro restringido, mientras que un coche sin distintivo ambiental registrado en otra provincia se quedaba fuera. La idea era ampliar las sanciones a los turismos con etiqueta B de fuera a partir de diciembre de este año, una fase que ya no llegará a aplicarse.
Vox denunció el diseño en junio de 2025 y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio la razón. El argumento del tribunal fue directo: castigar solo a los vehículos que vienen de fuera y dejar pasar a los locales es discriminatorio. Con esa base, el Ayuntamiento ha anunciado que deja de multar por el acceso a la ZBE y que devuelve de oficio todo lo cobrado.
El consistorio ha habilitado un espacio para gestionar las devoluciones. El reintegro supera los 1,3 millones de euros y se tramita sin que el conductor tenga que presentar una solicitud, según el anuncio municipal.
Una ZBE que multa solo a los coches de fuera tiene los días contados: la justicia andaluza ha dejado claro que la etiqueta no puede depender del padrón.
A quién afecta y qué pasa con las multas ya cobradas
Quien recibió una sanción por entrar en la ZBE malagueña sin cumplir los requisitos no tiene que hacer nada. La devolución va de oficio, lo que en la práctica significa que el Ayuntamiento revisa los expedientes y abona el importe sin esperar a que el afectado lo pida. Lo que antes era una reclamación con papeles se convierte ahora en una gestión interna del consistorio.
Conviene distinguir este caso del de Madrid, la otra gran ciudad con una ZBE cuestionada por los tribunales. Allí el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también confirmó que parte de las multas eran ilegales tras una denuncia de Vox, pero el dinero no se devuelve de oficio: hay que reclamarlo. Esa diferencia de criterio obliga al conductor a estar atento a cómo gestiona cada ciudad sus reintegros.
En el caso madrileño, el fallo se apoyó en que el informe económico que sostenía la nueva ZBE era insuficiente. El Ayuntamiento reaccionó publicando una nueva ordenanza que corrige ese defecto, y por eso la ZBE de Madrid sigue en marcha. En Málaga, en cambio, el problema no era el informe, sino el trato distinto a empadronados y foráneos.
ZBE a la carta: por qué el caso de Málaga no es único
El origen del lío está en 2023. Desde el 1 de enero de ese año, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes debían tener una ZBE en marcha, según la definición de zona de bajas emisiones. España cuenta con 149 municipios obligados a aplicar estas restricciones. Muchos han hecho caso omiso; otros, como Sevilla, las han llevado a zonas de escaso impacto diario; y unos cuantos, como Ciudad Real, han dibujado perímetros que no multan a nadie.
El motivo de tanto desorden es sencillo. El Gobierno fijaba la obligación, pero dejaba en manos de cada ayuntamiento el cómo y no contemplaba castigo alguno si no se aplicaba. Sin sanción real, la norma se quedaba en un gesto sobre el papel.
Ese vacío es el que intenta cerrar el último movimiento del Ejecutivo. El Consejo de Ministros del martes 3 de noviembre aprobó una modificación del Real Decreto 1052/2022 para obligar a los ayuntamientos a aplicar de verdad el régimen sancionador. El texto pide que las ordenanzas contemplen y apliquen las multas previstas en la normativa estatal de tráfico, sin sistemas transitorios que retrasen su eficacia.
La multa de referencia sigue siendo 200 euros, con la reducción del 50% por pronto pago que contempla la Ley de Tráfico si se abona en los 20 días siguientes. La sanción se aplica a quien cruza los carteles que diseña la DGT y que deben dejar claro qué vehículo puede pasar y cuál no.
Aun así, el cambio probablemente mueva poco. Los consistorios siguen decidiendo dónde colocan la ZBE y con qué restricciones, así que una ciudad puede dibujar un perímetro de bajo tráfico o limitarlo a los vehículos comerciales y cumplir el expediente. Tampoco se prevé castigo para quien siga ignorando la obligación.
El siguiente hito será ver si los ayuntamientos aplican el régimen sancionador que ahora exige el decreto. Mientras tanto, los afectados por las multas de la ZBE de Málaga solo tienen que esperar: la devolución llega sin trámite. En Madrid, quien quiera recuperar su dinero tendrá que reclamar.
