Más de 20.000 coches de A Coruña circulan sin etiqueta y el decreto estatal obliga ya a sancionar en la ZBE.
Lo que necesitas saber
- Por qué es importante: el Estado condiciona por primera vez la validez de una zona de bajas emisiones a que el ayuntamiento multe de verdad y lo acredite por escrito.
- Cómo te afecta: si entras en la Ciudad Vieja, la Marina o la Pescadería con un vehículo que la ordenanza no autoriza, la infracción es grave y cuesta 200 euros.
- Puntos clave y plazos: el real decreto está aprobado pero aún sin publicar en el BOE; cuando salga, el Concello deberá justificar su ZBE y modificar la ordenanza si no discrimina por emisiones.
Qué cambia con el nuevo decreto estatal
El Consejo de Ministros aprobó esta semana una modificación del Real Decreto de 2022 que regula las zonas de bajas emisiones. El texto, que todavía no se ha publicado en el BOE, obliga a los ayuntamientos a incorporar un régimen sancionador ‘sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad’, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El diagnóstico del Gobierno central es que muchas ciudades han cumplido de forma cosmética. Entre las ‘deficiencias’ detectadas figuran moratorias excesivamente prolongadas para empezar a multar, perímetros minúsculos que ya contaban con limitaciones de tráfico antes de la norma y zonas donde no se restringe el acceso en función del potencial contaminante de cada vehículo.
A partir de ahora cada consistorio tendrá que acreditar ante el Estado y ante la Xunta que su ZBE funciona: que controla los accesos de manera efectiva, que está integrada con la DGT y que aplica el régimen sancionador. Sin esa documentación, la zona ‘no se considerará correctamente implantada’, según la misma fuente ministerial.
Multar no es lo mismo que prohibir: el Estado obliga a sancionar, pero es la ordenanza municipal la que decide a qué coche se le cierra el centro.
Cómo funciona hoy la ZBE de A Coruña
La ordenanza de movilidad sostenible, aprobada en 2025, delimita un perímetro que abarca la Ciudad Vieja, la avenida de la Marina, el paseo de O Parrote y varias calles de la Pescadería. El texto contempla la posibilidad de ampliarla por fases, pero esas fases no se han ejecutado.
El acceso está reservado, en la práctica, a estos vehículos:
- Autobuses y taxis, estos últimos solo en zonas concretas del perímetro.
- Vehículos de servicio público y vehículos habilitados para estacionar en reservas de espacio autorizadas.
- Los coches de los residentes, que pueden entrar emitan lo que emitan, herederos de las restricciones aplicadas en 2017 y 2018.
La única discriminación por etiqueta ambiental afecta a la carga y descarga, que dispone de una franja horaria más amplia si el vehículo es 0 emisiones o ECO. Ni el turismo de un vecino ni el de quien llega de fuera se filtran hoy por distintivo. Tampoco hay previsto un corte de tráfico por concentración de contaminantes: la ordenanza solo remite al protocolo municipal y a lo que decida un decreto de alcaldía si se declara un episodio de polución.
La multa de 200 euros: qué dice la ley
La Ley de Tráfico considera infracción grave no respetar las restricciones de circulación derivadas de las zonas de bajas emisiones, con una sanción de 200 euros. Como en el resto de multas de tráfico, pagar en los 20 días siguientes reduce el importe al 50 %, es decir, 100 euros. La infracción no resta puntos del carné.
El matiz importa, y mucho. La ley castiga incumplir la restricción, pero no dice en ningún artículo que todo coche sin etiqueta deba ser multado por el simple hecho de no tenerla. La multa llega cuando el vehículo entra donde la ordenanza municipal se lo prohíbe. Y ahí está el nudo del caso coruñés: la norma local prohíbe por categoría de vehículo, no por emisiones. Puedes consultar el catálogo de distintivos en la web de la DGT.
El PP municipal sostiene otra lectura. Calcula que en A Coruña hay más de 20.000 vehículos sin etiqueta ambiental, muchos de ellos de uso comercial, y ha preguntado a la alcaldesa, Inés Rey, si va a multarlos con 200 euros de forma inmediata. Los populares entienden que el nuevo decreto dejará fuera de los centros urbanos a miles de vehículos y que obliga a sancionar sin margen.
El Gobierno local, en cambio, insiste en que cumple los requisitos y asegura que por el momento no ha recibido ninguna comunicación del Estado. Rey ya se declaró en septiembre ‘insumisa’ ante medidas sancionadoras que no tengan en cuenta la capacidad económica de los vecinos.
Lo que queda por decidir y qué conviene mirar
El Ministerio no entra a valorar si la ordenanza coruñesa es correcta o no, pero advierte de que el Concello ‘deberá comprobar’ que restringe en función del potencial contaminante y, si no lo hace, ‘adoptar las modificaciones normativas necesarias’ para cumplir y poder acreditarlo. La pelota está en el tejado municipal, y la respuesta no llegará antes de que el real decreto se publique en el BOE, algo que todavía no tiene fecha.
En la práctica, el conductor coruñés no va a encontrar una multa nueva en el parabrisas mañana. Lo que cambia es el marco: las ZBE dejan de ser un cartel y pasan a exigir control de accesos, datos y sanción efectiva. La Ley de Cambio Climático ya obligaba desde 2021 a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una, y desde entonces la disparidad entre ciudades es la norma: perímetros que se solapan con cascos históricos, excepciones para residentes, horarios para el reparto y ritmos muy distintos a la hora de multar.
Hay tres cosas que conviene vigilar. La primera, si A Coruña modifica su ordenanza para filtrar por etiqueta ambiental a todo el tráfico y no solo a la carga y descarga. La segunda, si aparecen cámaras o lectores de matrícula en la Marina y O Parrote: sin control de accesos no hay sanción posible. La tercera, el calendario: la publicación del decreto en el BOE abre el plazo para que el Concello remita la documentación y acredite que su zona funciona. Ninguna de las tres tiene fecha cerrada, así que el próximo hito real es esa publicación.
