Aparcar sin tarjeta en una plaza de movilidad reducida cuesta 200 euros, también en el aparcamiento de un centro comercial. Y no, no vale eso de ‘aquí la policía no puede hacer nada porque es un recinto privado’.
La duda es razonable y la he oído muchas veces: si el parking es de una empresa, ¿qué pinta ahí la Policía Local? Mucho. El artículo 2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial extiende sus preceptos a los titulares de vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.
El parking del centro comercial no es una zona franca
Esa es la llave de todo. Un garaje particular y el aparcamiento de una gran superficie no se parecen en nada: al primero no entra nadie sin permiso; al segundo entra cualquiera, sin identificarse y sin que nadie le pregunte a qué va. Ese uso colectivo es lo que activa la norma y lo que convierte una plaza azul en una plaza vigilada.
La explicación la ha popularizado Iván Felipe, fundador de Preopol, una academia que prepara oposiciones a Policía Local. Lo contó después de que circulara un vídeo en el que se veía a agentes denunciando coches mal estacionados en el aparcamiento de un centro comercial. Su tesis, resumida: si el recinto lo usa una colectividad indeterminada de usuarios, la ley se aplica y los agentes tienen margen para denunciar.
Ojo al matiz, porque es el que se discute en la calle. No se sanciona solo al que ocupa una plaza reservada. También hay denuncia cuando el vehículo queda mal estacionado en general dentro de ese recinto: invadiendo un paso de peatones interior, bloqueando una zona de carga y descarga o tapando una salida de emergencia.
Que el parking sea privado no te da patente de corso: si entra cualquiera, la ley entra contigo.
Cuánto cuesta y cuándo se llevan el coche con la grúa
200 euros. La cifra es idéntica a la que se aplica en la vía pública, sin rebaja por estar bajo techo ni por tratarse de una superficie de titularidad privada. Al ser una infracción de estacionamiento no hay detracción de puntos del carnet, pero el golpe al bolsillo se paga igual.
Si el conductor abona la multa en los 20 días siguientes a la notificación, se acoge a la reducción del 50%: 100 euros y asunto cerrado. Eso sí, con el pronto pago renuncias a presentar alegaciones, así que valora si tienes argumentos antes de pagar con prisa.
Y existe un segundo golpe posible. Los agentes pueden ordenar la retirada con grúa del vehículo si lo consideran necesario, y entonces entra en juego la tasa del depósito municipal, que fija cada ayuntamiento y que corre por cuenta del propietario. Un rato de aparcamiento ‘gratis’ sale carísimo.
Conviene distinguir dos figuras que se mezclan con frecuencia. La tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida es el documento que habilita a usar esas plazas y debe llevarse visible en el salpicadero. Sin ella no hay debate posible: la plaza no es tuya ni un minuto, ni con las luces de emergencia puestas.
Por qué esto va más allá del centro comercial
El asunto no es nuevo, pero se ha reavivado con la generalización de las cámaras de videovigilancia y con la presión de las asociaciones de personas con discapacidad. Hace unos años, la discusión se zanjaba en la puerta del parking con un ‘aquí no puede multar nadie’. Hoy la lectura del artículo 2 deja poco margen: si el acceso es libre, el recinto entra en el ámbito de la ley, sin distinción entre asfalto público y suelo privado.
Los ayuntamientos han ido en la misma dirección. La DGT ha dedicado campañas de concienciación a este asunto y algunas policías municipales han intensificado la vigilancia en parkings de grandes superficies tras las quejas vecinales. La lógica es sencilla: una plaza ocupada indebidamente deja fuera a quien realmente la necesita, y en muchos casos no existe alternativa posible en varios kilómetros a la redonda.
Para el conductor, la consecuencia práctica es una sola: revisa dónde dejas el coche, aunque el suelo no sea municipal y aunque no haya línea amarilla pintada en el suelo. Si no llevas tarjeta, no aparques en una plaza reservada. Ni cinco minutos, ni con el motor en marcha, ni ‘solo para bajar una bolsa’.
Y el siguiente paso llegará por la vía de los hechos: a más cámaras y más avisos de vecinos, más denuncias dentro de recintos que hasta hace poco se consideraban intocables. Cuando la notificación llegue a casa, el plazo de 20 días corre igual que en cualquier otra multa de tráfico. Recurrir es posible, pero con la tarjeta en el bolsillo y no en el salpicadero, poco hay que rascar.
