En los últimos tiempos, ha habido mucho revuelo en torno a los llamados «radares privados» que estarían usando algunos ayuntamientos para controlar la velocidad. La DGT, debido a la cantidad de consultas que han surgido, quiere aclararlo todo. ¿Esa foto de un radar en el arcén, manejado por alguien que no lleva uniforme de agente, es legal? Si ves un coche con un dispositivo que parece un radar, pero la persona al volante no es ni policía local, ni guardia civil, ¿es una trampa? ¿Pueden multarte así?
Es una duda que cada vez más conductores se plantean, y con razón. La cuestión es clara: ¿están dentro de la ley estos sistemas? Vamos a desgranar este tema tan importante para tu bolsillo y tu tranquilidad al volante.
La verdad sobre los radares en nuestras carreteras según la DGT
La DGT es muy clara al respecto. El organismo regulador, de forma directa, no delegan en personal externo la realización de los controles de velocidad. Esto significa que si ves un radar oficial de la DGT, siempre habrá un agente de tráfico de los cuerpos de seguridad del Estado cerca, ya sea Guardia Civil de Tráfico o policía autonómica, supervisando y validando las mediciones.
Pero la cosa cambia un poco cuando hablamos de las vías dentro de los municipios. En este caso, la Ley de Tráfico es la que marca las reglas. Su Artículo 7 dice bien claro que la regulación y vigilancia del tráfico en las calles de tu pueblo o ciudad debe ser llevada a cabo por agentes propios de los ayuntamientos.
¿Y esto qué implica? Que quienes te multan, si te pasas de velocidad en una vía urbana, tienen que ser agentes de la Policía Local o algún cuerpo similar con las mismas funciones. Ellos son los que tienen la autoridad legal para sancionar, y sus palabras, en el cumplimiento de su deber, tienen presunción de veracidad.
El caso de los «radares privados», ¿dónde está el truco?
Aquí es donde entra el debate sobre la legalidad. Aunque la ley no prohíbe de forma explícita que un ayuntamiento subcontrate los servicios para que una empresa gestione el mantenimiento o la operación técnica de un radar, hay una línea roja que no se puede cruzar.
Hay un caso representativo en el que se ha visto envuelta la localidad de Cazalegas, en Toledo. Se hizo viral un vídeo donde se veía a una persona particular sin uniforme, operando un radar móvil desde un coche. El ayuntamiento confirmó que esa persona no era un empleado directo, pero tampoco aclaró si trabajaba para una empresa subcontratada. Y ahí es donde surgió el problema: la multa que pudiera poner ese radar, en esas condiciones, era ilegal.
¿Por qué? Porque, aunque la tecnología y el dispositivo los maneje un tercero, la persona que valida la infracción y tiene la autoridad para multar debe ser siempre un agente. Es decir, tiene que ser un policía local, un guardia civil o un agente de un cuerpo policial autonómico. Sin la presencia de un agente que sea el responsable directo de la medición y de la sanción, cualquier multa que provenga de un radar operado por un particular, por muy homologado que esté el aparato, carece de validez legal.
Tus derechos como conductor ante una multa de radar
Recibir una multa siempre es un mal trago, pero es importante que sepas que tienes derechos y herramientas para defenderte si crees que la sanción no es justa o que hay irregularidades.
Si te llega una multa por exceso de velocidad de un radar móvil y tienes dudas sobre su legalidad, puedes recurrir. Para hacerlo, es crucial que tengas un buen conocimiento de las leyes de tráfico. No se trata de decir «no estoy de acuerdo», sino de argumentar con base legal. Por ejemplo, podrías alegar si crees que hubo:
- Errores de calibración: Si el radar no estaba correctamente calibrado o no pasó sus revisiones a tiempo.
- Incumplimiento de normativas en su colocación: Los radares deben estar visibles en la mayoría de los casos y no pueden estar escondidos de forma que solo sirvan para «cazar» sin un propósito de seguridad vial claro.
- Falta de notificación adecuada: A veces, las formas y los plazos de notificación de las multas no son correctos.
Para impugnar una multa, necesitarás pruebas sólidas. No es fácil, y por eso, si sospechas que una multa es incorrecta o injusta, lo mejor es buscar asesoramiento legal especializado. Ellos sabrán cómo revisar si el proceso de la multa se ha seguido correctamente, si el radar cumplía con todos los requisitos y si tus derechos han sido respetados.
¿Por qué usan radares móviles los ayuntamientos?
La idea principal detrás del uso de radares, tanto por la DGT como por los ayuntamientos, es la seguridad vial. El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes de tráfico, y controlar que los conductores respeten los límites ayuda a reducir los riesgos, proteger a los peatones y hacer las carreteras más seguras para todos.
Al igual que la DGT, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de gestionar el tráfico en sus municipios. A veces, la falta de personal policial propio o la necesidad de una mayor cobertura en zonas conflictivas les lleva a buscar soluciones para implementar estos controles. Es en este punto donde la externalización de servicios puede aparecer, pero siempre, insistimos, con la supervisión y validación final de un agente de la autoridad.
Para que una multa de velocidad impuesta por un radar sea legal en España, sin importar si es fijo o móvil, o de si lo opera una empresa privada, la clave está en la presencia y validación de un agente de la autoridad. Si ves un radar y no hay un policía local, un guardia civil, o un agente con autoridad cerca que sea el responsable directo de la medición y la sanción, esa multa no será legal.
La próxima vez que veas un radar, ya sabes lo que tienes que observar. No te dejes llevar por el miedo, pero tampoco te despistes. Conoce tus derechos y, sobre todo, conduce siempre con responsabilidad. Tu seguridad y la de los demás son lo más importante.
