La Unión Europea está pisando el acelerador hacia la movilidad sin emisiones, y lo está haciendo con una decisión que ya hace temblar los bolsillos de millones de conductores. Bruselas prepara un nuevo impuesto que afectará directamente al precio de la gasolina y el diésel a partir de 2027. El objetivo: reducir el uso de combustibles fósiles y empujar con contundencia hacia los vehículos eléctricos.
El problema es que esa estrategia llega en un momento delicado. En España, la edad media del parque automovilístico supera los 14 años y la electrificación avanza a un ritmo mucho más lento del deseado. La mayoría de conductores no pueden permitirse un coche nuevo, mucho menos uno eléctrico. En este contexto, la llegada de un impuesto que podría elevar los carburantes por encima de los 2 € el litro levanta una gran preocupación.
El impuesto que puede cambiarlo todo
El Sistema de Comercio de Emisiones para edificios y transporte por carretera (RCDE2) es el centro del debate. Un impuesto que obligará a las empresas y proveedores de combustibles a pagar por cada tonelada de CO2 emitida. En la práctica, los distribuidores tendrán que adquirir derechos de emisiones en subastas europeas. Si el precio de esos derechos sube, lo trasladarán al consumidor.
Los expertos advierten de que el efecto puede ser muy intenso. Teniendo en cuenta la volatilidad del mercado de derechos de CO2, no es descabellado que el litro de gasolina o diésel alcance, o incluso supere, los 2 €. ¿El objetivo de Bruselas? Tensionar los precios de los combustibles tradicionales hasta que dejar de usarlos sea lo más lógico desde el punto de vista económico. Una presión que marcará un antes y un después en la movilidad del continente.
Una medida con impacto en toda la cadena
El RCDE2 no se limitará a las gasolineras. Afectará a todos los actores que forman parte del suministro de combustibles: distribuidores, almacenistas y proveedores de gasolina, diésel o gas natural. Todos deberán comprar derechos de emisiones para compensar el CO2 generado por los productos que comercializan. Esto puede provocar que muchas empresas pequeñas no puedan absorber los costes y se vean forzadas a cerrar o a fusionarse con grandes grupos.
Ese posible descenso en la competencia puede contribuir a un aumento aún mayor de los precios. Menos empresas y más presión fiscal son una combinación complicada para el conductor medio. La experiencia demuestra que, cuando las barreras de entrada aumentan, el mercado tiende a concentrarse. Todo apunta a que 2027 será un año de cambios significativos.
La situación actual de los carburantes en España
Para entender la magnitud del impacto, conviene mirar los precios actuales. En Zaragoza, la gasolina 95 ronda los 1,483 €/L, y el diésel A se sitúa en torno a los 1,394 €. Aunque el diésel sigue ofreciendo un menor consumo y coste por litro más favorable, la diferencia respecto a la gasolina se ha estrechado en los últimos años. Las mejoras en eficiencia y las restricciones asociadas a las ZBE han reducido la brecha tradicional entre ambos.
Aun así, el diésel continúa siendo la mejor opción para quienes recorren muchos kilómetros por carretera. Su consumo más ajustado, entre un 15 y un 20% menor, sigue marcando la diferencia. En ciudad, sin embargo, la gasolina puede resultar más adecuada. Muy consolidada entre conductores españoles, esta realidad podría cambiar de forma radical cuando el nuevo impuesto entre en acción.
Un parque automovilístico envejecido y poco electrificado
España llega a 2027 con una flota de vehículos poco preparada para una subida drástica del precio del combustible. Más del 60% del parque sigue siendo diésel y un 34%, gasolina. El resto corresponde a híbridos, enchufables y eléctricos, aunque estos últimos aún representan una mínima fracción del total. Con una media de 14,5 años, gran parte de los conductores necesitaría renovar su coche para adaptarse al nuevo escenario.
El problema es evidente. El precio del eléctrico sigue siendo muy alto para muchas familias, y las ayudas públicas son lentas o insuficientes. Si el impuesto dispara el coste del carburante, millones de personas podrían verse atrapadas entre dos tierras: de un lado, la imposibilidad de asumir el coste del combustible; del otro, la dificultad económica para cambiar de vehículo.
Lo que intenta Bruselas con este impuesto
El propósito es forzar el cambio. Bruselas quiere que la movilidad eléctrica sea la opción dominante. Para 2035, está prevista la prohibición de venta de vehículos de combustión. La idea es que los carburantes sean progresivamente más caros y la electricidad, gestionada desde fuentes renovables, resulte más atractiva y menos costosa.
Europa busca reducir las emisiones de CO2 de manera drástica. Quiere marcar el ritmo de la descarbonización mundial y necesita medidas contundentes. Aunque lógico desde la perspectiva medioambiental, la gran pregunta es si la población estará preparada económica y estructuralmente para asumir el cambio.
¿Qué esperar de los próximos años?
Los próximos pasos serán clave. El mercado del CO2, las tensiones geopolíticas y el ritmo de adopción del coche eléctrico determinarán si el precio del combustible escala hasta los niveles previstos. Los expertos coinciden: la tendencia es ascendente. La pregunta ya no es si subirá el precio, sino cuánto. Quienes dependan del coche para trabajar o desplazarse, deberán anticiparse y planificar cómo minimizar el impacto del impuesto.
La industria también deberá reaccionar. Fabricantes, concesionarios y distribuidores afrontan una transformación que exige inversión, adaptación y estrategia. El impuesto del carbono no será un detalle menor, sino un punto de inflexión que puede redefinir la movilidad europea. Los conductores deberán estar informados y preparados. El escenario que se aproxima no deja margen a la improvisación.
