La instalación de radares de velocidad se ha convertido en un tema candente en muchas localidades, y Lugones, en Asturias, no es una excepción. El alcalde de esta localidad, Ángel García, ha optado por una medida controvertida al colocar hasta ocho cajas de radar vacías en el área, rotando dos radares de velocidad estratégicamente según las fechas.
Esta estrategia ha levantado críticas debido al posible afán recaudatorio de algunos ayuntamientos más pequeños que recurren a los radares como una fuente de ingresos. Empresas externas suelen gestionar estos dispositivos, llegando incluso a encargarse de las reclamaciones y el cobro de las multas, lo que ha generado controversia en diversas localidades.
Saturación del servicio postal
En el caso específico de Lugones, los dos radares activos desde enero han generado un aluvión de multas, llegando a emitir hasta 300 sanciones diarias. Esta avalancha de infracciones ha sobrepasado la capacidad del servicio postal local, que se ha negado a distribuir las notificaciones debido a la abrumadora cantidad de multas certificadas. Algunos residentes se encontraron con hasta 16 sanciones acumuladas en solo unos días, lo que refleja la magnitud del problema.
Con más de 15.000 denuncias acumuladas desde enero, la situación ha causado un revuelo en la comunidad, cuestionando la eficacia y el propósito de esta medida. La decisión del alcalde de retirar uno de los radares en el punto donde se registran más sanciones ha sido vista como un intento de abordar el problema, aunque persisten las críticas sobre la necesidad y la justificación de estas medidas.
