Una sentencia judicial del TSJ de Asturias y el cambio de gobierno fruto de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, pone en jaque al próximo gobierno central en lo concerniente a la normativa sobre la implantación de las ZBE y la obligatoriedad de la etiquetas medioambientales de la DGT.
La falta de forma en el análisis del proyecto y la nula previsión de implicaciones económicas para particulares, autónomos y empresarios podrían ser la causa por la que la justicia asturiana, volcó la implantación de las ZBE de Gijón.
La capital del principado se convierte así en el precedente por el que la nueva ley de cambio climático, en lo que respecta a los puntos sobre anticontaminación y ZBE, podría ser modificada en la próxima legislatura.
1Un año electoral, la nueva ley y la polémica
Con la mitad del año 2023 consumido, aun hay ciudades de mas de 50.000 habitantes, que no están cumpliendo con la ley de cambio climático y que exige, a sus ayuntamientos y las de mas de 20.000 habitantes con una calidad de aire perjudicial, que establezcan las famosas zonas de bajas emisiones para restringir el trafico a los vehículos mas contaminantes.
Previamente, y con los ejemplos consumados en las grandes y principales capitales de España (Madrid y Barcelona) el ministerio ordeno a la DGT la creación de la etiqueta medioambiental, para distinguir el tipo de vehículo que posteriormente podría circular por las «ansiadas» zonas de bajas emisiones.
Las dos medidas crearon la consiguiente polémica, por lo que supone de trastorno para infinidad de usuarios el tener que cambiar de vehículo y realizar esta inversión en tiempos de crisis y de recesión, mientras que desde Europa se intenta prohibir el uso del diésel y la gasolina, y poco se invierte en la real conversión de la movilidad por incrementar las infraestructuras eléctricas.
