Madrid, Roma, Berlín… Toda Europa desplegó en 2021 el ambicioso programa «Fit for 55» con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en un 55% para 2030 en comparación con los valores de 2012. Respaldado por fondos significativos del programa Next Generation, la Unión Europea confió a cada uno de los países miembros la tarea de implementar medidas y restricciones para lograr la descarbonización, centrándose especialmente en el sector automotriz.
En España, el plan de recuperación y resiliencia, actualmente en vigor, dictaminó que los ayuntamientos de ciudades con más de 50,000 habitantes debían establecer restricciones de circulación. Colaborando con la Dirección General de Tráfico (DGT), que ya había clasificado los vehículos según sus emisiones en 2016 mediante etiquetas, se buscaba impulsar la electrificación del parque automotor europeo para 2050.
1Los ayuntamientos como actores clave
Los ayuntamientos asumieron el papel principal en la implementación de restricciones de circulación, con la meta de tenerlas activas en 150 ciudades antes del 1 de enero de 2023. Sin embargo, hasta la fecha, menos del 30% de las ciudades han implementado estas medidas, arriesgándose a perder fondos y subvenciones de la Unión Europea.
Además, los tribunales han obstaculizado la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), desactivándolas en ciudades como Madrid, Barcelona y Gijón debido a errores en su ejecución. Las sentencias contrarias a las Zonas de Bajas Emisiones se han centrado en la falta de un estudio de viabilidad económica, señalización deficiente y la ausencia de un periodo de pruebas más que necesario.
