El Gobierno adelantó a finales de diciembre pasado que prolongaría las ayudas del Plan Moves III para la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables y la instalación de puntos de recarga, al menos, hasta el próximo 30 de junio de este año. Además el Ejecutivo anunció la extensión de la deducción del 15% (hasta 3.000 euros) en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la hora de comprar un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2025.
Pero ahora, estas ayudas se han paralizado al no aprobarse el decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados –que necesitaba una mayoría que no obtuvo porque PP, Junts y Vox votaron en contra– y en el que se incluían también otras medidas como la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público en nuestro país o las ayudas a los afectados por la DANA.
Sin las ayudas, el futuro del coche eléctrico en España no parece muy alentador y ya hay voces que anuncian que se podría producir una situación similar a la que ha vivido Alemania durante el pasado año, después de que el país se quedara sin ayudas a finales de 2023 (se contemplaban hasta 6.750 euros de descuento en la factura total). Esto ocasionó no solo la caída en picado de las compras de eléctricos (casi un 30%) sino también el derrumbe del mercado eléctrico y la pérdida por parte del país de la hegemonía en las ventas de vehículos de cero emisiones en favor de Reino Unido.
El desplome del vehículo eléctrico en Alemania fue tal, que el Gobierno decidió en septiembre pasado recuperar parte de las ayudas con incentivos entre los que se contempla una reducción de impuestos para las empresas, que podrían deducirse hasta el 40% del valor de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables comprados.
Un momento complicado para el sector
El adiós de las ayudas del Plan Moves se produce, además, cuando el sector se enfrenta a uno de sus momentos más complicados, con la entrada en vigor de la nueva normativa europea de emisiones CAFE, que supone un endurecimiento de los límites de CO2 por kilómetro en los coches nuevos. En caso de no cumplir la media, los fabricantes deberán pagar multas a la Unión Europea, que algunos prevén serían millonarias.
Así todo, lo único que cabe es esperar a los próximos movimientos del Gobierno para saber si las medidas sociales que incluía este decreto se vuelven a poner sobre la mesa en una nueva votación. Por el momento, el Ejecutivo parece que no tomara una decisión en breve sobre la presentación de nuevo de las medidas que contenía el decreto, aunque desde los grupos de la oposición se ha adelantado que algunas de ellas sería apoyadas si se presentaran por separado.
Las patronales reclaman la vuelta del Plan Moves
El Plan Moves III contemplaba un importe de entre 7.000 y 9.0000 euros para los compradores de un vehículo comercial de hasta 3.500 kilos eléctrico o híbrido enchufable y de 4.500 a 7.000 euros en la compra de un turismo dependiendo de si se achatarraba o no otro coche sin etiqueta medioambiental. También se contemplaban ayudas para la instalación de puntos de carga.
Las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de concesionarios (Faconauto) han sido de los primeros en reaccionar ante el resultado de la votación en el Congreso, alertando de las graves consecuencias que tendría para el mercado español del automóvil y para los objetivos de reducción de emisiones la no prolongación del Plan Moves III o la puesta en marcha de otras medidas alternativas que incentiven la venta de vehículos de bajas o cero emisiones. «Es el peor escenario que podía acontecer», han explicado.
El hecho de que los consumidores no puedan acceder a las ayudas del Plan Moves provocará, a juicio de las patronales del sector, que se «paralicen las ventas de turismos eléctricos», tal como ha ocurrido en otros países europeos. Estos coches supusieron en 2024 solo el 5,6% de las compras, lo que coloca a España muy lejos de la media europea, que se sitúa en un 13,6%.
Anfac y Faconauto consideran «necesario y urgente» reestablecer las ayudas del Moves, ya que, según explican, el sector de la automoción está comprometido con la reducción de emisiones y con el tránsito hacia la electromovilidad. «Pero si en España, como segundo fabricante de automóviles, se paralizan las ventas de eléctricos, los fabricantes tendrán más problemas para conseguir dichos objetivos de reducción de emisiones y se verán abocados a pagar unas multas por exceso de CO2, que pueden penalizar a la producción española y al empleo de nuestras fábricas. Y si se traduce en una pérdida de ventas en todo el mercado, la afectación para los concesionarios también sería elevada y con consecuencias para el empleo», añaden.
