El Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre las multas que el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto por las ZBE. La decisión ha cambiado por completo el panorama, aunque el consistorio parece estar mirando hacia otro lado. Esta situación ha generado un clima de indignación que no deja de crecer entre los ciudadanos y las asociaciones de automovilistas.
A pesar de este golpe judicial tan claro, el Ayuntamiento se niega a devolver el dinero de las multas que ya han cobrado. Esta decisión afecta a muchas personas que pagaron, pero que al declararse ilegal entienden que ese dinero debe volver a su bolsillo.
1El laberinto legal del Ayuntamiento de Madrid
El Tribunal Supremo ha decidido no admitir el recurso que presentó el Ayuntamiento contra una sentencia que anula las ZBE. Por tanto, a nivel legal se ha declarado que esas zonas no estaban bien constituidas.
El principal problema que han encontrado los jueces es que no se hizo un estudio económico serio sobre cómo afectaban estas restricciones a la gente con menos dinero. Básicamente, se prohibió circular a muchos coches sin pensar en si sus dueños podían permitirse comprar uno nuevo con etiqueta ambiental.
La explicación que dan desde el Ayuntamiento de Madrid es que la sentencia no tiene carácter retroactivo. Según la vicealcaldesa de la ciudad, Inma Sanz, el hecho de que se haya aprobado una nueva ordenanza de movilidad hace que los errores del pasado queden tapados. Dicen que, como ya han corregido los fallos que señalaron los jueces en la nueva normativa, las multas anteriores siguen siendo válidas porque en ese momento la ley estaba vigente. Es decir, que el dinero ya está en la caja y no piensan devolverlo.
Esta postura afecta a todo el que recibió una multa antes del 6 de abril de 2026, fecha donde el Ayuntamiento marca la línea divisoria. Todo lo que pasó antes se rige por la norma que el Supremo ha tumbado, y lo que pasa después ya va con la nueva regla corregida.
Sin embargo, para asociaciones como Automovilistas Europeos Asociados (AEA), esto es una estrategia para seguir recaudando dinero de una forma que consideran cuanto menos dudosa. El Ayuntamiento está ganando tiempo y utilizando tecnicismos para no afrontar su responsabilidad económica con los conductores.
El Ayuntamiento de Madrid sostiene que el pronto pago con descuento significa que el conductor acepta la sanción y que el caso está cerrado. Es una maniobra que busca proteger los presupuestos municipales a costa del bolsillo de los ciudadanos. La sensación de inseguridad jurídica es total, porque parece que la administración puede equivocarse al redactar sus leyes pero las consecuencias siempre las acaba pagando el ciudadano.
